Ladrón roba a ladrón

NewImage

Eso no quiere decir que EE.UU. deba hacer vista gorda a la piratería china. Después de todo, el Departamento de Justicia se supone que debe velar por los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Pero, al igual que en una fábrica de telas, el patrón se repite: hacer actividades de espionaje económico es algo que hacen los países en desarrollo. Cuando no estás todavía generando una gran cantidad de la propiedad intelectual por ti mismo, imitas. Hoy en día China va a tratar de robar, y Occidente va a tratar de detenerlos. ¿Pero la táctica de utilizar la piratería para dar un salto al desarrollo? Esa parece una idea que robaron de nosotros. 

James Surowiecki. Spy vs. Spy. Publicado en el NewYorker el 9 de junio de 2014.

¿Perspectivas públicas sobre la propiedad intelectual? Reflexiones sobre la escuela de verano INAPI – OMPI

En octubre de 2013, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) anunció que durante el mes de enero se realizaría la versión chilena del “Summer School on Intellectual Property”, un curso de verano impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en conjunto con aliados locales en distintas partes del mundo. Se trata de un curso pagado de diez días, que busca entregar herramientas a jóvenes profesionales, para profundizar sus conocimientos sobre propiedad intelectual. Una parte de las clases se dictará en INAPI y las restantes en la sede de una universidad privada en Viña del Mar.

Pero recién hoy, a tres días de comenzar, se ha hecho público el programa del curso. Y es, a todas luces, sorprendente.

El de la OMPI es un curso modular, que comparte currículum con otros programas similares que se han dictado alrededor del mundo. En él se incluyen aspectos generales y algo más específicos sobre propiedad intelectual, divididos en seis secciones, que van desde derechos de autor y conexos, hasta reflexiones sobre los desafíos del futuro, con un marcado acento en aspectos comerciales, en protección y en observancia.

Las referencias a aspectos vinculados con acceso son escasas y más bien oblicuas. De los 36 módulos en que consiste el curso, solo en dos ‘estudios de casos’ aparecen referencias más o menos directas, a aspectos clave, como son dominio público y salud pública. INAPI aparentemente ha decidido que es innecesario discutir respecto a los derechos de los usuarios y los desafíos del derecho de autor en el contexto digital, o realizar un análisis consistente de excepciones y limitaciones en favor de bibliotecas, discapacitados y público en general.

Pero lo que resulta más llamativo es la composición de los conferencistas invitados a dictar los módulos del curso: a pesar de estar coorganizado por ellos, solo hay un funcionario de la OMPI y un solo académico (de la UC Davis). En su mayoría se trata de abogados pertenecientes a connotados estudios jurídicos privados.

Curso inapi

Como se aprecia en el gráfico, la mayoría de los expositores son abogados privados, vinculados a connotados estudios jurídicos Como se aprecia en el gráfico, la mayoría de los expositores son abogados privados, vinculados a connotados estudios jurídicos. Haz clic en la imagen para agrandarla.[/caption]

Mientras INAPI cuenta con casi el 26% de los relatores, los estudios privados representan un ilustrativo 48%. Es decir, en un curso organizado por un servicio público, casi la mitad de sus contenidos son dictados por abogados privados, clientes del sistema registral que administra INAPI, y por cierto, especialmente interesados en la promoción de un modelo de propiedad intelectual acorde a los intereses comerciales de los clientes que representan en sus horas laborales, como las grandes empresas de software y la industria cinematográfica.

INAPI es de los pocos servicios públicos en Chile que tienen competencias exclusivas en materia de propiedad intelectual; y en su calidad de registro, los estudios de abogados son sus mejores clientes. Es probable que sea INAPI quien asesora e informa al Gobierno en la toma de decisiones en materia de PI en TPP, y han sido explícitos en sostener la necesidad de una nueva institucionalidad de propiedad intelectual, que incorpore la gestión de derechos de autor. En este contexto, no solo es preocupante, sino también ilustrativa, la grave e inexplicable cooptación de iniciativas como este “Summer School” por parte de sus clientes privados, sin que exista equilibrio en los contenidos, ni prudencia respecto de los expositores invitados.

Las críticas son muchas. Primero, una actividad que se realiza (al menos parcialmente) con fondos del Estado, debiera considerar mayores cuotas de apertura y participación a los distintos actores, públicos y privados, involucrados en la toma de decisiones en materia de derechos de autor en el país, y no solamente a los vinculados a un puñado de industrias. Segundo, el énfasis comercial del programa y sus relatores parece desconocer no solamente el interés público comprometido, sino también el rol del Estado en la construcción de un sistema de propiedad intelectual útil a toda la sociedad. Por último, no resulta aceptable que INAPI, a través de esta colaboración con OMPI, tome partido por una visión parcial, sesgada y poco equilibrada de la propiedad intelectual.

Una discusión seria sobre estas materias al menos espera una postura imparcial por parte de un servicio público como INAPI. Y, lamentablemente, no parece ser el caso.

TPP

Screenshot 06

A principios de los dos mil Chile estaba en una situación diferente. Luego de décadas de exclusión en el contexto internacional, la economía de Chile necesitaba un empujón que permitiera su desarrollo comercial, y para ello la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos fue un objetivo que al que Chile quiso llegar como quiera fuesen las circunstancias y sus costos. Los costos fueron varios, pero de entre los más sonados son el aumento radical de los criterios de protección en materia de derechos de autor, incluyendo aumento de plazos de protección más allá de los estándares internacionales.

Hoy Chile está en un momento diferente. Y el mundo está en un momento diferente. No solo China ha desplazado a nuestros principales socios comerciales de la época, sino también Chile tiene en su cartera una buena cantidad de acuerdos comerciales que fomentan el libre comercio a nivel global. Con todo esto, es llamativa la tenacidad del gobierno de Sebastián Piñera de cerrar un nuevo tratado de libre comercio llamado eufemísticamente Trans Pacific Partnership (TPP), que tiene como socios solo a países con los cuales Chile tiene ya firmados acuerdos de libre comercio lo que supondrá re-negociar estos acuerdos que no tienen ni siquiera diez años desde su suscripción. A lo anterior, debiera indicarse aspectos aún más problemáticos, como el excesivo celo en las negociaciones, declaradas secretas, que hace imposible saber -incluso para el Congreso Nacional- a qué nos estamos comprometiendo normativamente en el TPP.

Las voces críticas en contra de la conveniencia de este tratado vienen de todas partes. Sin ir más lejos, el que fuera jefe negociador de Chile en TPP hasta hace un par de meses, levantó alertas respecto de lo que los países están comprometiendo y los problemas que esto podría suponer. Adicionalmente, un informe del ex-jefe de DIRECON durante 2004-2010 añade aún más dudas, indicando que las ganancias para Chile en TPP serían, de existir, marginales; y los costos altísimos, destacando, entre otros, temas de derechos en internet. 

Este es un tratado que se negocia de manera secreta, sin que existan señales claras de los beneficios que podría tener para el país -pero muchas luces de sus problemas- y que, dado lo complejo de su alcance, sus negociaciones se han trabado en aspectos sensibles. Pese a todo lo anterior, el gobierno del presidente Piñera parece esmerado en cerrarlo antes de la cumbre de presidentes APEC en Octubre de este año. La pregunta entonces ya no es solo por qué el gobierno mantiene como secreto algo que se supone beneficioso, sino también qué razones -y a cual precio- el presidente Piñera está ofreciendo cerrar este acuerdo y a sólo algunos meses de dejar el poder. Quizás, este es el momento en que debiera intervenir la política. 

-Columna escrita para ONG Derechos Digitales.

El Informe Hargreaves de propiedad intelectual: la evidencia contra la intuición

¿Será cierto que las leyes diseñadas hace más de tres siglos, para crear incentivos para la innovación mediante la protección de derechos de los creadores, en la actualidad dificulte la innovación y el crecimiento económico? ¿Será que tenemos normativa que responde a intereses de lobbys económicos más que a evidencia empírica?

Estas dos son sólo dos de las preguntas que pretende responder el Review of Intellectual Property and Growth, estudio encargado por el gobierno británico a un grupo de expertos independientes liderados por el profesor Ian Hargreaves con el fin de evaluar el estado actual de la normativa británica de derechos de autor a la luz de la innovación y el crecimiento económico.

El informe (PDF, 132 páginas, 1.1MB, en inglés) es revelador y contundente. Concluye que efectivamente el sistema británico de derechos de autor no favorece la innovación ni la competencia y debiera ser reformado radicalmente, yendo incluso más allá de los estándares de la UE debiendo incluir excepciones que permitan el cambio de formatos y la realización de copias de archivo, no ponerle trabas a la investigación científica y fortaleciendo las excepciones de parodia y crítica. Además es contundente -sin perder la ironía propia de la isla- respecto del lobby de grupos económicos. Señala:

El lobby es una característica de todos los sistemas políticos y, como una manera de informar y organizar el debate, trae muchos beneficios. En el caso de la política de propiedad intelectual y específicamente la política de derechos de autor, sin embargo, no hay duda de que el poder de persuasión de las celebridades e importantes empresas del mundo del entretenimiento del Reino Unido han distorsionado los resultados de la política. Distorsión adicional surge del hecho (no exclusiva de este sector) que hay una asimetría notable entre los intereses de los titulares de derechos, para quienes las cuestiones de PI son de suma importancia, y los consumidores, quienes han pasado de ser un interés secundario sólo hasta la aparición de internet como un foco de conflictos tecnológicos, económicos, comerciales y culturales.

El estudio contiene diez recomendaciones para la futura política de propiedad intelectual británica, a saber:

1.- Evidencia. El sistema de derechos de autor debiera estar basado, en lo posible, en evidencia empírica y equilibrar los intereses sociales con los intereses privados.

2.- Prioridades internacionales. El Reino Unido debiera impulsar una agenda internacional con economías emergentes basadas en evidencia económica.

3.- Licenciamiento de derecho de autor. a) Establecer un “Digital Copyright Exchange” (un sistema interconectado de bases de datos públicas y privadas relativas a derechos de autor) inter-sectorial para fomentar la transparencia del mercado. b) El Reino Unido debiera ayudar a establecer un sistema de licenciamiento internacional en la UE, que requiera a las entidades de gestión códigos de conducta que apunten al desarrollo de mercados abiertos y eficientes.

4.- Obras huérfanas. Solucionar el problema a través de licenciamientos masivos junto con un sistema expedito de limpiezaclearance») de derechos.

5.- Límites al derecho de autor. Dentro de esta, varias propuestas, entre ellas que el gobierno debe resistirse a adoptar medidas que no perjudiquen la generación de incentivos para los creadores, y el establecimiento de más y mejores excepciones para bibliotecas, archivos, investigación, parodia y cambios de formato.

6.- Enredos de patentes y otras obstrucciones a la innovación. a) Liderar esfuerzos a nivel internacional para evitar problemas derivados de la proliferación de patentes. b) asegurarse de no extender patentamiento sin que exista clara evidencia de sus beneficios. c) Investigar formas de resolver las adversas consecuencias de las marañas de patentes.

7.- Industria de diseño. Se ha subestimado el rol de la propiedad intelectual en este sector y debiera avanzarse en medidas conducidas por la evidencia que exista en la relación entre derechos e innovación.

8.- Cumplimiento. El gobierno debiera tomar medidas basadas en el cumplimiento, educación y crucialmente, medidas para fortalecer el crecimiento de mercados legítimos.

9.- Acceso a pequeñas empresas a asesoría legal. Planes que ayuden a mejorar la accesibilidad del sistema para PYMEs.

10.- Un sistema legal que se adapte al cambio. Se le debiera entregar los poderes necesarios a la oficina de propiedad intelectual para que asegure que el sistema legal apunte a promover la innovación y el crecimiento de mercados eficientes.

 

& & &

Tres reflexiones a la luz de nuestras políticas públicas tecnológicas.

UNO. De las 132 páginas del informe Hargreaves, en sólo 36 usan la palabra enforcement; en 71 la palabra evidence.

DOS. Pese a que parece algo obvio, el informe indica claramente que las decisiones políticas en materia de derechos de autor debieran ser tomadas en base a evidencias empíricas y no a intuiciones. Es gracioso (James Boyle ironiza preguntándose si no es así, cómo se toman las decisiones, ¿según la astrología?), pero en materia de derechos de autor en Chile la evidencia jamás ha sido un criterio para tomar decisiones. Nos gustan más los petardos y cohetes.

TRES. Desde hace un tiempo estoy obsesionado con nuestras abúlicas políticas tecnológicas. Teniendo en cuenta el ambicioso programa del presidente Piñera, y que existe una orgánica desde hace años respecto de la estrategia digital de Chile, me pregunto ¿Cuántos proyectos de ley se encuentran en el Congreso que hayan salido de los equipos de la Estrategia-Agenda Digital en los últimos dos años? ¿Cuántos proyectos de ley está en este momento el Ministerio de Cultura gestionando por su aprobación en Valparaíso? ¿En base a cuántos estudios se decidió proponer la ridícula licencia GPL-CL? ¿Y por qué se desechó? En Chile, la intuición gana por goleada a la evidencia.

TPP es el nuevo ACTA

Screenshot 01

Fotografía de Cory Doctorow, CC:BY-SA

Antes fueron los Tratados de Libre Comercio (TLC). Está siendo desde hace un tiempo en el norte y Europa ACTA. Hoy Trans-Pacific Partnership o TPP es la nueva sigla de moda. La nueva sigla que merece nuestra atención.

Pensado en principio como una manera de establecer mejores condiciones de libre comercio entre países de la región Asia-Pacífico, el TPP es un acuerdo comercial multilateral que pretende regular distintos asuntos relativos al intercambio de bienes, servicios e información. Como viene siendo una nefasta tendencia en estas materias, las negociaciones han revestido carácter de secretas y por tanto, tal como sucede con la discusión relativa a ACTA, ha sido sólo a partir de la filtración de los términos de negociación que grupos de la sociedad civil han podido ejercer algo más de control respecto de los eventuales acuerdos que estos países pueden llegar a tener.

Como suele suceder en estos casos, la agenda de la propiedad intelectual vuelve a ser uno de los temas más importantes en las negociaciones. Si bien países como Nueva Zelanda han tenido una posición de relativo equilibrio, la semana pasada se filtró la propuesta del Estados Unidos sobre la materia, el que no sólo pretende ir más allá de lo establecido en los tratados bilaterales sino que en ciertos casos excede incluso los polémicos estándares del ACTA. Entre otras cosas, se propone:

  • Aumentar los términos de protección de 70 años luego de la muerte del autor (lo que ya es un absurdo exceso) a 95 años en el caso de los fonogramas.
  • Criminalizar la elusión de medidas tecnológicas de protección yendo muchísimo más allá de lo establecido en los «tratados internet» de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
  • Establecer un sistema de responsabilidad de prestadores de internet que va más allá no sólo de la nueva legislación chilena sino también de la nefasta DMCA. De esta manera, se pretende no sólo aumentar penas sino también establecer medidas de identificación de supuestos infractores, bajada de contenido y desconexión de internet.

Estas medidas no sólo van en contra de los ya elevadísimos estándares en materia de protección que tiene Chile luego de la firma del TLC con Estados Unidos, sino que además obligaría a establecer legalmente medidas de dudosa constitucionalidad y que atentan contra el ejercicio de derechos fundamentales especialmente en internet.

Chile no debería aceptar ni negociar medidas que afecten derechos fundamentales de sus ciudadanos bajo el pretexto de proteger un sistema de propiedad intelectual defectuoso, anquilosado en el tiempo y que por lo demás reporta dudosos beneficios para la industria local. Por el contrario, los esfuerzos por tener un mejor sistema de derechos de autor por parte de distintos grupos de la sociedad civil que se vio reflejado en la última reforma legal debiera ser un elemento decisivo para que nuestro gobierno haga una apuesta madura y potente hacia el fortalecimiento de los equilibrios involucrados, que potencie y no ahogue el acceso al conocimiento y la innovación.

Una elite que pierde el monopolio de la palabra y el control de la realidad

Amador Fernández-Savater dirige en España una editorial llamada Acuarela Libros, donde suele publicar libros que distribuye con licencia Creative Commons. Por alguna razón que desconoce fue invitado a una cena con gente del mundo de la cultura -que me imagino debe ser parecido a nuestra «familia del tenis»- a discutir la posición del sector respecto de las descargas en internet y las horrorosas propuestas legislativas a las que nos tiene acostumbrados la el reino de la península.

Amador publicó un artículo que ha sido, en un guiño que no deja de ser interesante, profusamente copypasteado a través de internet, donde cuenta sus impresiones respecto de la reunión. Les recomiendo leer el artículo completo, pero les comparto un párrafo que de manera escalofriante refleja lo que suele pasar con las elites del mundo cultural también en nuestro país.

Lo que hay aquí es una élite que está perdiendo el monopolio de la palabra y de la configuración de la realidad. Y sus discursos traducen una mezcla de disgusto y rabia hacia esos actores desconocidos que entran en escena y desbaratan lo que estaba atado y bien atado. Ay, qué cómodas eran las cosas cuando no había más que audiencias sometidas. Pero ahora los públicos se rebelan: hablan, escriben, se manifiestan, intervienen, abuchean, pitan, boicotean, silban. En la reunión se podía palpar el pánico: “nos están enfrentando con nuestro público, esto es muy grave”. Pero, ¿quién es ese “nos” que “nos enfrenta a nuestro público”? Misterio. ¿Seguro que el público no tiene ninguna razón verdadera para el cabreo? ¿No es esa una manera de seguir pensando al público como una masa de borregos teledirigida desde algún poder maléfico? ¿Y si el público percibe perfectamente el desprecio con el que se le concibe cuando se le trata como a un simple consumidor que sólo debe pagar y callar?

 

Las canciones de Los Prisioneros son de todos (cuando me conviene)

El largo camino al éxito parece estar lleno de obstáculos. Dificultades que no se reducen al escenario o al estudio de grabación. A veces las dificultades están mucho más cerca de lo que se cree.

Claudio Narea lo sabe. El ex-prisionero ha pasado por todo. Tener que guardar el orgullo en el bolsillo por los pesos de tocar en vivo de nuevo con la banda que lo hizo famoso, una fallida candidatura al Congreso Nacional, y dubitativos pasos por la literatura son testigos de los empellones de la vida de una estrella pasada. Como sea.

narea-prisionero.png

Hoy parece estar embarcado en un nuevo proyecto con Miguel Tapia, y anuncia en LUN que en sus presentaciones en vivo también tocarán canciones de Los Prisioneros. Luego de indicar Miguel Tapia que le parece bien que Jorge González presente “La voz de los 80” y que ellos también tocan los temas que les pertenecen (el destacado es mío), Narea indica que «Esas canciones no son de Jorge [González], son de todo el mundo».

Yo no tengo claro cuál es el alcance de la frase de Narea. Pero parece interesante que, mientras defiende a veces con más énfasis que el requerido ciertas posiciones proteccionistas y conservadoras en materia de derechos de autor, cuando se trata de usar las creaciones de González resulta que la cosa es milagrosamente de todo el mundo. Al final, somos todos comunistas hasta que nos tocan el bolsillo.

Stevie Wonder pide un mejor derecho de autor para discapacitados visuales

Stevie Wonder habló en Ginebra a nombre de más de 300 millones de personas que «viven en la oscuridad» y que quieren «leer a su manera hacia la luz» en la última reunión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO).

El cantante, dirigiéndose a los delegados de todo el mundo, sostuvo:

Estoy respetuosamente pidiéndoles que acojan mi declaración de libertad para los discapacitados visuales dándoles las herramientas para pensar en su forma de salir de la pobreza y de la oscuridad que se crea cuando la mente no tiene acceso a algo tan simple, pero tan poderoso, como un libro.

Chile, por supuesto, se ha manifestado «flexible y pragmático» respecto de la propuesta, abierto a alguna de las cuatro alternativas que se han presentado y sin jugársela por alguna de ellas. Ojalá que Stevie no tenga que hacer una canción sobre nosotros.

Cuáles son las novedades de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual

Los amigos de Fayerwayer me pidieron una columna donde resumiera la importancia de la reforma a la ley de propiedad intelectual. Esto es lo que resultó.

Hace ya casi tres años les listaba una serie de actividades que, a pesar de lo obvias y comunes, eran consideradas ilegales por nuestra ley de propiedad intelectual (LPI). Así bibliotecarios, profesores, estudiantes e incluso algunos autores, gracias a inexplicables vericuetos legislativos, en lugar de ser protegidos son considerados piratas por una ley que tiene su origen en el año 1970.

Pero, a pesar de lo que pudiera pensarse, los absurdos de esta ley no sólo se explican por ser un vetusto cuerpo normativo. Hasta hoy, sus sucesivas reformas se han realizado con el sólo fin de aumentar la protección que gozan titulares de derechos de autor en detrimento del interés del público, de todos nosotros. Ninguna de estas reformas, de estos cambios cosméticos, ha pretendido agregar siquiera una excepción adicional que beneficie a quienes, sin ser creadores, son sin duda alguna actores claves en el desarrollo cultural del país.

Hasta Mayo de 2007. La última reforma, promovida por la presidenta Bachelet, pretendía -entre otras cosas, claro- equilibrar los intereses en juego, agregando excepciones y limitaciones hasta el momento inexistentes. Prácticas de nuestras bibliotecas, de nuestros profesores o prácticas comunes dejarían de ser consideradas ilícitas y pasarían a tener la venia de la ley. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Fundamentalmente debido a la fuerte presión de grupos vinculados a la gestión colectiva y al cobro de derechos (como la SCD o la IFPI) el gobierno pasó de ser un defensor del equilibrio a comprometerse a la eliminación de excepciones que beneficiaban a bibliotecas y a la eliminación de la, hasta hoy célebre, excepción de usos justos. Campañas tanto en internet como en el ‘mundo real’ lucharon contra esta fuerte presión, con resultados francamente notables si uno ve la tendencia legislativa de otros países que, como si de una fusta invisible se tratara, siguen el ritmo de la sobre protección de derechos a costa de los derechos de los ciudadanos.

En los próximos días, finalmente, tendremos una nueva ley, que actualiza el régimen de sanciones, establece un sistema de limitación de responsabilidad de los ISP y que contempla un nuevo sistema de excepciones y limitaciones, casos en los que, sin mediar pago ni complejos sistemas de autorización, se encuentran ahora autorizados por la ley. En resumen, podríamos decir que son:

a) Excepciones para bibliotecas, permitiendo la reproducción, en ciertos, de obras no disponibles en el mercado; la reproducción electrónica de obras protegidas y la traducción con fines de investigación. Hoy, la palabra biblioteca no aparece ni una sola vez en la ley.

b) Excepciones para discapacitados, permitiendo la copia, adaptación, distribución de obras para discapacitados visuales, auditivos u otros. Hoy, las bibliotecas para ciegos son ilegales.

c) Excepciones que permiten usos personales, como la traducción de obras, copia de software y las actividades sobre dicha copia con el de investigación, corregir su funcionamiento o la seguridad de computadores o redes, además de la ingeniería inversa.

d) Otras excepciones, que permiten la sátira o parodia, el uso ‘incidental y excepcional’ de obras con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o investigación (“usos justos”). Asimismo, se autoriza la inclusión de fragmentos de una obra protegida en una nueva a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación. Mashups, anyone? 😉

Por supuesto que hay muchas cosas que faltan. Esta reforma sólo nos hace salir del vergonzoso lugar en que nos encontramos comparativamente en el concierto internacional. Se extraña, sin ir más lejos, un tratamiento más ordenado y un compromiso público para con la protección y difusión de aquellas obras pertenecientes al dominio público. También se extraña una norma explícita que se haga cargo de los graves problemas derivados de las denominadas obras huérfanas, aquellas obras que si bien se encuentran bajo protección, resulta materialmente imposible determinar quienes son sus titulares de derechos para así obtener los permisos que se requieran. Y evidentemente se extrañan más excepciones pero esta vez vinculadas con los usos de los usuarios en el marco de las nuevas tecnologías.

A pesar de lo que algunos sostienen, esta reforma es la más importante que se le haya hecho a la ley de 1970. Aunque insuficiente, después de casi tres años tenemos una ley que finalmente logra un precario equilibrio, un primer paso, para tener una ley que ya no nos avergüence, sino que permita generar mejores condiciones de acceso en un mundo globalizado.

Columna escrita para Fayerwayer