Con globos, Las Condes y Lo Barnechea niegan el derecho a la privacidad de sus vecinos

El día de ayer, los alcaldes de las comunas de Lo Barnechea y Las Condes estrenaron un inédito sistema de vigilancia en el sector oriente de Santiago, que consiste en una serie de cámaras acopladas a globos aerostáticos, con las que se pretende combatir de una vez por todas la delincuencia.

Se trata de tecnología israelí utilizada normalmente para el monitoreo fronterizo. Cada globo cuenta con protección antibalas y está equipado con cámaras de alta definición y visión en 360º, capaz de reconocer a una persona en movimiento a más de 1.5 kilómetros de distancia. Gracias a su sistema de visión nocturna, el sistema grabará a los vecinos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Pese al entusiasmo de los alcaldes, esta es una medida altamente intrusiva para la privacidad de los habitantes de la ciudad y dudosamente legal.

[left]Si bien se entiende la necesidad de enfrentar la delincuencia, en un estado democrático de derecho esto no es, ni debe ser, a cualquier costo. [/left]Si bien se entiende la necesidad de enfrentar la delincuencia, en un estado democrático de derecho esto no es, ni debe ser, a cualquier costo. En particular, cuando se trata de medidas que afectan garantías fundamentales, como el derecho a la vida privada, estas deben ser excepcionales y cumplir con los estándares más altos posibles para asegurar que se trata de una medida necesaria y proporcional.

La medida tomada por los alcaldes de Las Condes y Lo Barnechea está lejos de cumplir con estos requisitos. Entre otras razones, porque se trata de una medida de vigilancia masiva, sin discriminación alguna y sin mayores mecanismos de control para evitar abusos de los operadores del sistema: como nada impide técnicamente que el potente lente de la cámara grabe, almacene y distribuya actividades realizadas en los confines de la propiedad de los vecinos de Las Condes y Lo Barnechea, hay muy pocos elementos de control para verificar que los operadores privados no utilizan estas tecnologías para perfilar, perseguir y crear bases de datos de aquellos que circulamos diariamente por las calles de nuestra ciudad.

En el escenario actual, Chile tiene una de las leyes de protección de datos personales más débiles de América Latina. En este contexto se hace urgente exigir a las autoridades que ejerzan sus facultades dentro de los límites establecidos en la Constitución y la ley.

El combate contra la delincuencia últimamente parece ser la excusa perfecta para la violación de garantías constitucionales. La violación grave de la privacidad es justamente lo contrario a la construcción de una sociedad más segura y menos desigual.

¿Está muerta la privacidad?

A fines de 2012 desde la Fundación Comunica y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC) me invitaron a coordinar una mesa de trabajo relativa a privacidad en el marco de la Cuarta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. 

Esta mesa de trabajo era parte de un esfuerzo un poco más grande de análisis desde la sociedad civil de aspectos a tomar en cuenta por nuestras autoridades en el marco de la larguísima discusión en torno a la sociedad de la información. 

A la mesa invitamos a Carlos Gregorio, a Beatriz Busaniche de Vía Libre, a Katitza Rodríguez de EFF y a Ramiro Álvarez de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Todos aportaron tanto en su presencia como por escrito sus reflexiones sobre la regulación y los desafíos regulatorios de la privacidad en la era de internet (previo a las revelaciones de Snowden). El documento es rico y trata una serie de temas de interés. La fundación Comunica ha decidido editarlo en libro y puede descargarse gratuitamente desde su web o bien comprarse en Amazon en formato Kindle

A continuación es la reflexión que preparé para el encuentro.

Propuestas para una reflexión crítica sobre la protección de la privacidad en la era de internet

Internet ha cambiado la forma en que nos comunicamos, interactuamos, accedemos a la cultura y a la información. Ha cambiado, de buena forma, la manera en la que nos enfrentamos al mundo. Estos cambios, que en muchos casos supone buenas noticias (acceso, conectividad, inmediatez), en otros casos supone conflictos y problemas desde la óptica de los derechos. Particularmente, serán las formas tradicionales de entender y tratar los derechos de propiedad intelectual y los derechos vinculados con la privacidad las más afectadas con estas nuevas dinámicas y prácticas derivadas de las nuevas tecnologías.

En el caso de los derechos vinculados a la vida privada, la masificación de las nuevas tecnologías ha supuesto la renovación de antiguas preguntas y la aparición de otras nuevas, vinculadas básicamente a las nuevas posibilidades relativas al tratamiento de información personal de los ciudadanos a través de estas plataformas. Mientras en un principio los derechos relacionados con la privacidad parecían verse agotados con el asegurar el derecho a estar solo o a la no intrusión del Estado, la emergencia de las tecnologías de la información parecen enfrentarnos a antiguas preguntas sobre al alcance de lo privado, pero también a otras nuevas, relativas al consentimiento para el procesamiento de información personal por terceros o a los grises contornos del derecho constitucional a la vida privada. Tanto así que algunos son reacios a utilizar incluso el concepto de ‘privacidad’ por considerarlo un anglicismo inaceptable, prefiriendo usar ‘vida privada’ o intimidad (que suelen utilizar los textos constitucionales de la región) para hacer referencia a aquellas áreas distintas de lo público.

Así por ejemplo, la masificación de las denominadas redes sociales debe ser uno de los desafíos más importantes que ha enfrentado la privacidad en los últimos años. En la era pre-digital existían una serie de prácticas que se encontraban confinadas al núcleo familiar o bien a un círculo delimitado de confianza, como compartir recuerdos o hablar de sus relaciones sociales. Las plataformas sociales han cambiado la forma en que dichas prácticas se reproducen, donde ya no parecen ser solamente dentro aquellos espacios de confianza donde se expresan, sino que esta vez también se alrededor de grupos con intereses colectivos, donde a través de las prácticas -y no necesariamente lo que establece la ley- dichos contornos se hacen cada vez más difusos.

Adicionalmente, acuerdos regionales o bilaterales de comercio han supuesto otro cambio en la forma en que enfrentamos la privacidad desde el punto de vista normativo, especialmente en el manejo de los datos personales. Latinoamérica, desde esta perspectiva de análisis, ha sido campo fértil para la experimentación y para la adaptación de esquemas normativos foráneos, sea a través de la adopción como propios de los criterios europeos, sea a través de la aceptación de estándares más difusos, como los de Estados Unidos. La privacidad en la región es más bien un concepto lleno de espacios, grietas y rendijas que ha permeado toda clase de abusos y de pereza legislativa. El resultado final es un estándar insuficiente de protección y, lo que es aún más grave, la carencia de una reflexión respecto de los aspectos más problemáticos de la privacidad en el siglo veintiuno desde la región.

Dada esta masificación de estas prácticas, ¿será que la privacidad como la conocemos se encuentra en fase terminal? ¿Será que debemos abandonar la idea de un derecho a la vida privada, reformular el concepto, o bien dedicarnos a abordar los nuevos riesgos que enfrenta? ¿Será que los derechos vinculados al tratamiento de información personal por parte de terceros debieran ser reconceptualizados a la luz de los cambios paradigmáticos de las nuevas tecnologías? ¿Será que es hora de hablar de nuevos conceptos e inventar nuevas asociaciones para saber qué es necesario proteger? ¿O será que los instrumentos internacionales de derechos humanos nos pueden dar pistas y orientaciones para hacer este análisis crítico sobre la privacidad en la era de internet?

Por cierto estas no son las únicas preguntas que vale la pena hacerse cuando se trata del tratamiento de información personal. No solo a través de prácticas de privados, sino fundamentalmente también a partir de políticas elaboradas por organismos del estado es que los derechos vinculados a la privacidad se ven en constante amenaza. Las nuevas tecnologías y su masificación han supuesto cambios importantes en la manera en la que nuestros derechos fundamentales son entendidos. Estos cambios han supuesto también cambios en los modelos de vigilancia, que en principio estaban pensados para reducir la comisión de delitos y, en general, derivados de requerimientos de seguridad, últimamente se ha convertido en un fantastma omnipresente, haciendo de la vigilancia estatal y privada algo así como un costo de la vida moderna. Así, respecto de la privacidad cabe una gran paradoja. Por un lado es de aquellos derechos fundamentales con orígenes claros en su reacción ante los abusos de las prácticas monárquicas, como una construcción primigenia de derechos de tipo civil de no intromisión en aquellas cosas privadas. Como un escudo frente a los abusos de la autoridad. Pero por otro, en nuestra vida moderna los requerimientos derivados de la protección de la privacidad parecen difíciles de asir para buena parte de la población. Además de ser un costo de la vida moderna, y a diferencia de otros derechos, los peligros de la falta de protección de nuestra vida privada son difusos, grises y de difícil definición, básicamente por su propia naturaleza. ¿Por qué ocultar cosas si es que no tengo nada que ocultar?

Adicionalmente, dos elementos son de especial preocupación cuando hablamos de la privacidad en el siglo veintiuno. En primer lugar, y como se señalase con anterioridad, los esfuerzos normativos de los países de la región han sido más bien erráticos y, en general, no son más que remedos de soluciones normativas parciales llevadas a cabo en otras partes del mundo. La adopción de dichos estándares normativos responden por un lado a ciertos requerimientos a los países del sur por parte de economías más desarrolladas en torno a lógicas del libre comercio, pero también suelen responder a factores relativos a la generación de economías de escala y a la creación de empleos y necesidad de configurar un modelo amistoso para la inversión extranjera. Así las cosas, países como Argentina, pero fundamentalmente Chile, son pradigmas de unos intentos normativos que pretendido establecer mejores condiciones de inversión y generación de empleos de industrias basadas en el tratamiento interfronterizo de datos, particularmente, de inversionistas europeos, que requieren de una estructura normativa acorde cuando se trata de tratamineto de datos de ciudadanos europeos antes de tomar la decisión de invertir. Así, los requerimientos, prácticas e intereses de los ciudadanos locales de ver merjorada su protección de datos personales en un ambiente hostil para la privacidad como son las nuevas tecnologías, son sólo requerimientos de segundo nivel.

Las nuevas tecnologías han supuesto, además, la creación de nuevas prácticas en nuestra interacción con estos implementos, particularmente cuando se trata de medios digitales. La reacción del Estado, como hemos visto, es particularmente errática y se balancea entre la inacción y la sobre reacción normativa, por cierto no obteniendo resultados esperanzadores desde la óptica de los derechos, al final. En este contexto, dichas prácticas que, como indicábamos, ha hecho bajar ostensiblemente los costos de transacción en el intercambio de información, también suponen desafíos esta vez no solo normativos sino también de educación y de comprensión de los efectos que tienen esas prácticas en el ejercicio de derechos que, en el mundo pre-digital, parecían un poco más concretos, un poco más presentes. Así, ambas preocupaciones en definitiva tienen mucho que ver con el rol que debiera jugar el Estado. Al menos en un triple sentido. Primeramente, asegurando un marco normativo adecuado que esté pensando en los ciudadanos y el resguardo de sus derechos en un entorno hostil para la privacidad, recopilando y orientando políticas de prevención de riesgos cuando se trata de intercambio de información personal. Segundo, educando respecto no solo de los beneficios que, como veremos, se tornan cada vez más concretos y palpables, sino fundamentalmente de los riesgos que supone este intercambio de información facilitado por las herramientas derivadas de estas nuevas tecnologías. En tercer lugar, masificar buenas prácticas derivadas del uso de herramientas sociales y relativas a la entrega de información personal a compañías que, por lo demás, están interesadas en dicha información como base de un modelo de negocios que descansa en la personalización de la publicidad. Lamentablemente, a la luz de las prácticas existentes en la actualidad, la respuesta en general de las instituciones públicas distan de dicho estándar.

Y no sólo eso. En latinoamérica, como se verá, esta tensión entre la protección de los derechos y el errático rol del Estado ha tomado una dimensión un poco más compleja, si se quiere. Prácticas vinculadas con la videovigilancia promovida bajo la cortina de la lucha contra el delito o bien derivadas de la necesidad de controlar ciertos flujos como información biométrica o información derivada del transporte de los ciudadanos, han aparecido en los últimos años como nuevas amenazas para la privacidad de en la región. Si a esto se le suma lo dicho con anterioridad respecto de la escasa efectividad de la aún precaria protección normativa, nos hace ver un paisaje algo desalentador para el futuro de la privacidad en la región.

En relación a lo anterior, y como se verá, algunos parecen esgrimir como solución el establecimiento de protocolos especiales y privados para la gestión de la información personal cuando se trata de medios digitales. Sin duda alguna dichas medidas reducen de manera sustantiva los riesgos de filtración y vigilancia respecto de información que de otra manera circula con cierta libertad a través de las redes, pero no parecen ser una respuesta adecuada a un problema de carácter público. Dichas soluciones suelen ser la salida para el ciudadano avezado y con conocimientos técnicos y, por lo mismo, tiene alcances demasiado restringidos. Problemas de carácter público debieran ser más bien enfrentados a través de una batería de medidas que partan de la base del establecimiento de una plataforma normativa adecuada y progresista, pero que vaya de la mano con políticas públicas eficaces, como se ha indicado más arriba.

Adicionalmente, en la región queda abierta la discusión respecto de *cómo* debiera ser una apuesta normativa progresista y liberal que haga frente a estos problemas. Obviamente no existen fórmulas y, las que existen, carecen del carácter contextual que debiera gozar una respuesta fuerte desde la óptica de los derechos, no respondiendo necesariamente a las prácticas que hemos indicado y que, en muchos, casos tienen un fuerte carácter socio cultural. Probablemente una orientación para esta normativa podría estar dada por la vinculación de la protección de la privacidad con otros derechos fundamentales. No es casual que, sea de la mano de la jurisprudencia en ciertos casos o en otros derechamente de una apuesta regulatoria de nivel constitucional, en muchas ocasiones se destaque la relación existente entre la protección de la privacidad y la libertad de expresión, en el sentido de ser la primera en ciertas circunstancias una expresión de la segunda. Así, por ejemplo, la dimensión de la protección de los datos personales entendidos como un presupuesto de la autodeterminación informativa, configura un derecho fundamental complejo que comparte muchos de los fundamentos de la libertad de expresión, siendo de alguna manera también presupuesto de una sociedad basada en principios democráticos robustos.

Otro de los desafíos de la protección de la vida privada vis a vis los datos personales tiene que ver con un aspecto ya tratado anteriormente relativo a las prácticas. En reiteradas ocasiones se argumentan estas novedades a partir de los beneficios concretos y palpables que podemos -y *es deseable*- recibir, siendo por tanto las vulneraciones a nuestra vida privada nada más que costos de ser aprte de una sociedad moderna. Quizás una forma de comenzar a responder a las preguntas presentadas con anterioridad sea configurando también cuales son los desafíos que *concretamente* suponen estas vulneraciones a la vida privada. Evaluar, entonces, los peligros eventuales con los beneficios concretos parece ser un buen punto de partida.

Talvez las pistas para responder a las preguntas presentadas estén dadas por las apuestas normativas a las que Latinoamérica se ha visto expuesta. Talvez podemos encontrar otras pistas en las dinámicas y en las prácticas locales y en las reflexiones a partir de esas prácticas. Si el concepto de privacidad, al menos como la entendíamos antaño, está muerto o debe ser reconceptualizado, el punto de partida hacia una respuesta quizás se encuentre en tales prácticas como también en la forma en que lo hemos entendido en cada país y en la región a la luz del desarrollo de los derechos fundamentales.

La NSA quiebra la privacidad y seguridad de la internet

Supongamos que el gobierno de EE.UU. ha desarrollado e implementado secretamente una tecnología con capacidad de leer la mente de las personas. Esta tecnología fácilmente puede visualizarse como una violación a la privacidad; pero al mismo tiempo puede ser una gran herramienta para combatir el terrorismo.

Siguiendo con la analogía, algunos argumentarán que, debido a su importancia para fines de inteligencia, la existencia del programa de lectura de la mente nunca debería ser revelada. Y no estamos de acuerdo. En nuestra opinión, una capacidad como esa en las manos del gobierno plantearía una amenaza abrumadora para las libertades civiles. Esta capacidad no tendría necesariamente que ser prohibida para todas las circunstancias. Pero creemos que tendría que ser discutida, y ser desarrolladas garantías o salvaguardias para su uso. Pero para que eso suceda, tendríamos que conocerlas.

Así explica Pro Pública su asociación con The New York Times y The Guardian para la publicación de nuevos leaks desde la documentación entregada por Edward Snowden, que indican la capacidad de la NSA para violar la encriptación de documentos en internet. Estamos jodidísimos. Un día terrible para la privacidad en internet. 

Más:

Bruce Schneier da algunos tips para mantenerse a salvo del espionaje de la NSA.

– La NSA gasta más de 250 millones de dólares para que productos comerciales tengan agujeros de seguridad.

– La privacidad depende de nosotros.

¿Borrarnos de Internet? Comentarios sobre un nuevo proyecto de ley

Hace algunos días un grupo de diputados ingresaron al Congreso un proyecto de ley que, modificando la ley 19.628, pretende establecer la facultad de los usuarios para exigir a portales y redes sociales la eliminación de sus datos personales. El proyecto además establece un mecanismo para solicitar la eliminación de los datos, mediada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, plazos y multas a beneficio fiscal en caso de no cumplir con lo dispuesto en la ley. Lo que parece ser una iniciativa bien intencionada adolece de tres problemas que hacen de esta propuesta legislativa un intento parcial, poco sistemático y finalmente vacío de contenido.

Lo que se ha denominado “derecho al olvido” es la posibilidad de exigir la eliminación de cierta información a quien almacene o trate datos de carácter personal. En Chile, sin ir más lejos, dicha facultad está contemplada, aunque con un alcance parcial, en el artículo 12 de la ley 19.628. Pero esta facultad es parte de un cuerpo normativo deficiente que data de fines de los años noventa y que, pese a los innumerables proyectos de reforma de los que ha sido objeto, sigue estando lejos de los estándares internacionales en la materia, dejando en práctica indefensión a los ciudadanos respecto del tratamiento que terceros hacen de nuestra información personal. Es importante mejorar el tratamiento del derecho al olvido, pero antes que eso es necesario re-pensar críticamente nuestro sistema de datos personales.

Por otro lado, el sucinto proyecto de ley parece ignorar el tratamiento comparado respecto del punto, en cuanto este derecho al olvido jamás se ha entendido en forma radical y siempre debe dar cuenta y responder a excepciones que hagan proporcional el ejercicio de la autodeterminación informativa. Así, por ejemplo, la utilización de información judicial o la información proveniente de medios de prensa suelen ser importantes excepciones al derecho al olvido que hacen compatible dicho derecho con garantías tan importantes como la libertad de expresión. Sin excepciones tenemos más problemas que soluciones.

Por último, dado que la solicitud debe ser solicitada a las compañías que administren los datos y planteada a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, genera una obligación que sólo es aplicable a las empresas establecidas en Chile y no se ve mecanismo alguno para coaccionar a empresas que hagan tratamiento transfronterizo de datos o bien empresas que si bien hagan tratamiento de datos en Chile, no tengan domicilio en el país. Así, en la práctica no solo la obligación queda en foja cero producto de la dificultad de emplazamiento a empresas extranjeras, sino que además hace un tratamiento diferenciado que dificulta el tratamiento de datos a empresas nacionales a contrapelo de lo que sucede con aquellos que hagan tratamiento en el extranjero. Quizás un esfuerzo en la adopción de estándares similares a los que se discuten a nivel internacional pueda ayudar a resolver este problema.

La exposición de estos tres problemas que contiene el proyecto muestra los problemas de legislar apresuradamente un asunto complejo, lleno de aristas y matices. Pero, fundamentalmente, demuestra las deficiencias de nuestro sistema de protección de información personal enIinternet y la necesidad urgente de contar con uno más robusto y garantista más allá de las buenas intenciones.

[texto publicado en ONG Derechos Digitales]

Chile es el paraíso legal del SPAM

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La foto de arriba ilustra mi casilla de correos. Probablemente la situación de muchos de ustedes es la misma: casillas llenas de correos electrónicos no deseados, ofrecimiento de tónicos en base de aceite de ballena, viagras mapuches, ‘invitaciones’ a shows que no te interesan, farmacias online, increíbles ofertas de hosting, curas nigerianos, entre muchas otras que le sacan el jugo a la capacidad de almacenamiento de nuestros correos. ¿A quien no se le ha pasado colado en el filtro de spam un importante correo electrónico que estabas esperando recibir?

De hecho, en un simple ejercicio aritmético, en mi caso están llegando en promedio 146 correos electrónicos no deseados AL DÍA. No quiero siquiera pensar en la estadística de blogstars como Francotirador, Juque u otros personajes más conocidos fuera de la Internets. Probablemente supere con creces los 5800 que he recibido en menos de treinta días.

El spam, en definitiva, se ha convertido en el enemigo público número uno de nuestro tiempo y paciencia.

Conscientes de esto, el año 2004 nuestros parlamentarios decidieron tomar cartas en el asunto. Luego de largas discusiones, decidieron agregar un artículo a la ley de protección al consumidor, en un artículo 28B, donde se tratara el tema en forma seria. De una vez por todas. ‘Aquí y ahora’.

El problema, como suele pasar en otros casos también, es que las buenas intenciones dieron paso a una regulación insólita, que en el caso que nos convoca vino, en lugar de ponerle barreras, a legalizar el SPAM(!), gracias a esta norma 28 B, sumada a lo que establece nuestra precaria ley de Protección de Datos, donde se autoriza el tratamiento de datos personales sin la autorización del titular cuando “el envío sin autorización previa de sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios.

Así, de golpe y porrazo, en Chile tenemos legalizado el SPAM tal como usted o yo conocemos.

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Fotografía por babghan

El asunto es que en el portal Terra de la semana pasada se informa de la condena a la que fue objeto el Consorcio Nacional de Seguros por enviar correo electrónico no deseado sin ajustarse a las normas de la ley del consumidor.

Luego de un proceso judicial llevado a cabo por el SERNAC, el Consorcio fue condenado al pago de una multa de 30 UTM (aproximadamente un millón de pesos), sentencia que fue confirmada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Se muestra como una noticia extraordinaria, que por lo pronto está documentada en el propio sitio de SERNAC, explicando cómo debiera ser enviado un spam. He aquí, la madre del problema, el hilo de la madeja.

En Chile tenemos por tanto un sistema de regulación denominado opt-out, esto es, no prohibimos el SPAM, sino que lo alentamos siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en la ley, entre las que está que el correo electrónico no deseado tenga una dirección electrónica clara para darse de baja (?), lo que resulta del todo irregular toda vez que cuando alguien solicita la eliminación de su correo en esa lista no está más que validando esa dirección electrónica y por tanto la empresa de spam tiene claro que estás leyendo tu correo y por tanto sus comunicaciones no deseadas. Y así, más encima alimentamos al spammer.

Se estableció así en su momento, principalmente porque gracias al spam muchos pequeños y medianos empresarios podían darse a conocer y ofrecer a bajos precios sus productos. Sí, al igual que usted la frase de arriba la leo como “así algunas empresas pueden promoverse a costa de mis derechos y mi ancho de banda”.

Así como este tipo de correos electrónicos no deseados son legales de acuerdo a nuestra ley, así lo es también el “phishing”, actividad mediante la cual un sujeto se hace pasar por su banco y le solicita el envío de clave de acceso a su cuenta corriente online o tarjeta de crédito para así realizar una estafa por internet. En Chile todo esto es completamente legal, mis amigos.

Y más allá de los problemas de seguridad para cada uno de nosotros que esto implica, es cosa de levantar la nariz para darnos cuenta de la relevancia que todo esto tiene a nivel global. Así la consultora especializada Phistank, en su último reporte anual hace un ranking de los ISPs en los que se han reportado un mayor número de envíos de Phishing. Aparecen, por cierto, proveedores chinos y coreanos, pero el lugar número seis es para nuestro conocido VTR Banda Ancha S.A.

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Así, pretendiendo mantener dudosas formas de propaganda de pequeñas empresas a costa de nuestra privacidad y de nuestros derechos en general, terminamos siendo también top ten en materia de phishing a nivel mundial. A veces la protección de los derechos de las personas también va de la mano con la protección de la seguridad de nuestras redes.

Para tomarnos en serio nuestra privacidad e internet en general en Chile, deberíamos partir por darle una mirada crítica a la regulación del SPAM, para a lo menos quitarle el respaldo legal a una actividad de dudosa ética comercial.

Ale Valle, elantro y cómo entender Internet

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foto de lanacion.cl

La chica de la foto es Alejandra Valle, una periodista de espectáculos que trabaja en un programa de televisión de farándula bien conocido en Chile. Hace un tiempo se sacó una serie de fotografías para Daniel Olave, con el fin que fueran utilizadas en el proyecto “Pechos”, que desarrolla Olave hace más de seis años y donde expone fotografías de pechos de mujeres desnudas.

Ayer, un usuario del foro del sitio web El Antro publicó 38 imágenes de la sesión fotográfica en la que Valle de desnudó frente al lente de Olave. La periodista nunca dio autorización para que circularan. El fotógrafo dice que esas fotos fueron robadas de su computador y que podría realizar acciones legales contra los responsables.

Lo entretenido viene por parte de Esteban Cuevas, administrador del sitio que publicó las fotos. Cuevas, consultado por la publicación de estas fotografías, dice en LUN que

Mira, habría que preguntarle al usuario que subió las fotos de donde las sacó, pero nosotros no tenemos mucho que ver. Además, él me dijo que había un problema de derechos, pero yo le respondí que esas excusas no me van ni me vienen y que así es la magia de internet.

Ante la pregunta respecto a que las fotos fuesen robadas, Cuevas argumentó que

No sé, esas cuestiones son de niñito de básica a estas alturas, y es posible que alguien haya tenido acceso a su correo, aunque no sé dónde las tenía. También puede ser que algún amigo haya llegado a su casa, le haya dicho que tenía unas fotos y que ambos se hayan cagado de la risa, y que mientras él andaba en el baño sacó un pendrive, las sacó y nunca supo

Y comenzó la discusión. Que Internet acá, que no hay regulación allá, que qué se puede hacer, que quien es el culpable, que a quien demando, etc, etc, etc.

Desde este modesto rincón, queremos hacer un aporte a esta interesante discusión en Chile que comenzó a darse a partir de unos pechos fotografiados.

1.- Efectivamente Internet plantea desafíos importantes para la legislación. Sobre todo cuando ella ha sido redactada y formulada en términos de resolver conflictos que se da en ambientes analógicos. Cuando el Código Civil habla de “propiedad”, estaba pensando en los animales del fundo, no en la titularidad de su nombre de dominio punto com.

2.- Ahora, eso no quiere decir que Internet sea una tierra de nadie. En este caso puntual claramente está en juego un tema de derecho a la propia imagen de la periodista además de un conflicto puntual de derechos de autor que podría argumentar el fotógrafo. En ambos casos, existen herramientas jurídicas efectivas y reales que pueden proteger esos intereses. Independiente que se haya hecho en Internet o en un periódico de circulación nacional.

3.- Ahora, ¿quién es el responsable? Como es fácil de suponer, este es el meollo del asunto. Ante el problema probatorio obvio que supone que el eventual ilícito haya sido publicado por el usuario de un foro en Internet, deben aplicarse las reglas generales de responsabilidad civil. Esto es muy complejo, principalmente porque estas normas no fueron pensadas en hipótesis similares a estas, y donde la responsabilidad por un hecho de un tercero sólo se da en hipótesis muy estrictas. Precisamente para solucionar en parte este problema es que existen figuras de “responsabilidad vicaria” donde el prestador de contenido en Internet no será responsable por el hecho de un tercero en su sitio siempre y cuando cumpla con determinadas y estrictas condiciones. Para no ser responsable, tengo que haber actuado con celeridad ante el hecho ilícito.

4.- Por lo demás, a lo menos desde el punto de vista del derecho de autor, es esa la fórmula que se incluye en el proyecto de reforma a la ley de propiedad intelectual actualmente en trámite respecto de la responsabilidad de estos prestadores. En una de las dos partes de que restan para completar la saga de la LPI les contaré de esto y otras novedades más relativas a la neutralidad, que hoy no vienen al caso.

5.- Por último, sostener que “así es la magia de Internet” para esquivar la eventual responsabilidad que puede tener un sitio web que yo administro es igual de absurdo que si yo voy a su casa y le robo su Playstation después aparezca diciendo que tiene que entenderme, que así es la naturaleza humana.

Cruzada contra el iPod en NYC

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Fotografía por joelmann, CC:BY-NC-SA

Cuando pensábamos que entre la UDI en verano y los Republicanos en Estados Unidos tenían el monopolio de la estupidez, esta noticia nos vuelve a sorprender.

Según informa la nota de prensa, el senador demócrata por Nueva York Carl Kruger en los próximos días propondrá prohibir el uso de teléfonos móviles, reproductores de música o consolas de videojuegos portátiles a los peatones que crucen una calle.

“Estos dispositivos electrónicos están alcanzando un punto donde no sólo son endémicos sino que crean un ambiente donde podemos tener una importante crisis de seguridad pública al alcance de la mano”.

“No estoy tratando de entrometerme en la vida de la gente, pero lo que está sucediendo es que cuando prestan atención a su iPod, Blackberry, móvil o consola de videojuegos, caminan contra autobuses o coches. Se está convirtiendo en un problema nacional”.

Interesante la medida. Habría que preguntarle al senador cuales son las cifras que maneja de muertes producidas directamente por la desatención de los peatones producto de la utilización de estos aparatos. Tal vez habría que preguntarle además si no será mejor regular el parque automotriz para evitar atropellos.

¿Qué es lo siguiente? ¿Multa y cárcel si no miramos para los dos lados al cruzar? ¿Prohibición de llevar a la mamá de copiloto porque muchos accidentes se producen por prestar atención a discusiones domésticas?

Diputado chileno pretende violar tu privacidad

El 3 de enero de ingresó uno de los primeros proyectos de ley del año 2007. A través de él, el diputado demócrata cristiano por Coquimbo Patricio Walker, pretende regular a los proveedores de acceso a internet extranjeros en Chile. Y de pasada, invadir tu privacidad.

Para entendernos, el artículo 222 del Código Procesal Penal se refiere a las comunicaciones telefónicas que pueden realizarse dentro de una investigación criminal, que sólo pueden ser ordenadas por un juez de garantía. El año 2004, la ley 19.927 (moción presentada por el mismo Walker con su entonces amiga Pia Guzmán) amplió este artículo para agregar a los proveedores de acceso a internet como uno de sus objetivos.

En el proyecto de ley que se encuentra en este momento en el Congreso, Walker pretende volver a modificar el artículo 222, que hoy dice:

(…) Con este objetivo los proveedores de tales servicios deberán mantener, en carácter reservado, a disposición del Ministerio Público, un listado actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y un registro, no inferior a seis meses, de los números IP de las conexiones que realicen sus abonados.

Esto significa que para efectos de investigación, los ISPs mantienen registros de:
1.- Rangos de IPs que utilizan.
2.- Números IP de conexiones realizadas por abonados.

Eso explica por qué si el Ministerio Público tiene sospechas fundadas de que usted participa en una red de pedofilia y sabe que su IP frecuentó determinados sitios de la red, puede exigirle a su ISP que le diga a quien pertenece dicha IP. Y el ISP entrega su nombre.

Walker, en el proyecto de ley que acaba de presentar, señala que este artículo 222 que él mismo se encargó de reformar,

Esta ha sido una importante herramienta de trabajo para las policías. Sin embargo, la práctica ha demostrado que es necesario además, contar con el contenido de las respectivas conexiones, por lo que se propone modificar el artículo 222 en ese sentido.

Sí, lector atento, leyó bien, dice que se necesita contar con el contenido de las conexiones.

Por eso, el proyecto de ley de Walker señala:

Sustitúyase la frase “de los números IP de las conexiones que realicen sus abonados” por el siguiente texto:

Del contenido almacenado de las conexiones, las guías de direcciones y las listas de contactos utilizadas por sus abonados

En el mundo ideal del diputado Walker, su ISP debería tener -a plena disposición del Ministerio Público- registros de:

1.- Rangos de direcciones IP
2.- Del contenido almacenado en las conexiones de todos sus abonados: léase el contenido de los emails que envías, las páginas que has visitado, los mensajes que le has enviado a tu novia por Skype, etcétera.
3.- Guías de direcciones de todos sus abonados: léase las direcciones de email que guardas en tu cliente de correo. Todas tus direcciones web.
4.- Listas de contactos de todos sus abonados: léase tus contactos de correo y tus contactos de mesenger, skype, jabber, ICQ o Google Talk.

Desde este modesto rincón queremos decir que no queremos vivir en el mundo del diputado Walker.
Queremos ser tratados como ciudadanos, no como posibles delincuentes.