Una foto con Obama excesivamente cara

Estos días son críticos para el futuro del TPP, al menos a nivel internacional. Como es sabido, los ministros de comercio de los países que negocian el Acuerdo Transpacífico se encuentran reunidos en Singapur, con el fin de cerrar políticamente todo aquello que los negociadores técnicos no han podido, en más de tres años de negociaciones.

Las dudas respecto de la transparencia del proceso y los graves perjuicios que el TPP traerá a las economías en vías de desarrollo -como la chilena- siguen presentes y no parecen resolverse, pese a la gran presión que existe en la comunidad internacional.

Durante los últimos días, una nueva filtración ha levantado las alarmas de la prensa mundial. Un par de documentos de trabajo, que parecen ser posteriores a la última ronda técnica en Salt Lake City, se han hecho públicos. A diferencia de los “leaks” anteriores, se trata de apuntes y no de documentos oficiales, pero en ellos puede verse la gran cantidad de desacuerdos que aún persisten en los capítulos más problemáticos del TPP, incluyendo propiedad intelectual.

Algún observador ocasional podría llamar a la calma, al notar lo lejos que parecen estar las negociaciones de llegar a puerto. La verdad parece ser que, con cada día que pasa, los países tienen menos margen de maniobra.

La presión de Estados Unidos es manifiesta en los documentos filtrados y, junto a la información anteriormente revelada, dan cuenta de un cambio dramático en la estrategia norteamericana, que través de la presión externa a los equipos negociadores, pretende llegar a acuerdos imposibles de alcanzar de otro modo. Básicamente, los documentos ilustran cómo el TPP no es tanto un acuerdo comercial, como una gran imposición de las economías desarrolladas a los países más pobres.

Adicionalmente, los documentos entregan pequeñas luces sobre el polémico y (quizás por lo mismo) poco estudiado capítulo denominado ISDS (Investor-State Dispute Settlement, o solución de controversias inversionistas-Estado). En dicho capítulo- que regula el sistema de disputas donde inversionistas extranjeros pueden demandar a los países del tratado en un tribunal internacional- se pretende ampliar las definiciones de “inversiones” y de “acuerdos de inversión” socavando la soberanía regulatoria de los países.

No son los Estados parte los que promueven estas demandas por incumplimientos supuestos de los términos de un tratado, sino que los privados. Actualmente, dichos ISDS existen en algunos acuerdos comerciales, con consecuencias muy favorables para los intereses de determinadas industrias. Sin ir más lejos, la tabacalera Phillip Morris demandó a Australia en 2011 por establecer por ley una norma de etiquetado de cigarrillos, para prevenir enfermedades en los consumidores.

La ampliación de los criterios para este tipo de resoluciones no será sino un obstáculo adicional para que nuestros países tomen mejores soluciones regulatorias en el futuro, en temas tales como minería o concesiones de obras públicas, entre otros.

Los documentos filtrados confirman además un secreto a voces entre quienes han seguido las negociaciones durante los últimos años: se habría acordado entregar minutas a los ministros, donde cada uno de los temas más polémicos y sensibles quedaría reducido a un par de opciones. Las largas negociaciones técnicas se convierten así en un juego infantil, al ritmo de los intereses corporativos.

Es tragicómico pensar en cómo un tratado tan ambicioso como el TPP, termina siendo negociado en una sala cerrada, donde representantes políticos resuelven asuntos sensibles a espaldas del Congreso, a espaldas de la gente e incluso, en el caso de Chile, a espaldas de la realidad política, que indica que el Presidente Sebastián Piñera dejará La Moneda en cosa de meses.

Michelle Bachelet ha señalado públicamente su preocupación por la velocidad de las negociaciones, mientras que el Congreso ha planteado la necesidad de detenerlas y abrir un proceso de participación. ¿Y el Gobierno? En silencio. Más que estar preocupados del futuro regulatorio, parecen estar preocupados de la fotografía con Obama. Una fotografía excesivamente cara.

 

Columna publicada en Derechos Digitales.

OpenInternet: La administración pública y la neutralidad de la red

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Estamos en época de elecciones en Chile y todos quieren ser Obama. Todos quieren ser Obama pero, claro, se parecen más a McCain y no se dan cuenta. Como si ser tocado por el fuego sagrado del ahora presidente estadounidense tuviera que ver con montar una página web, tener una página en Facebook y tener a un equipo actualizando Twitter.

Entre otras muchas formas en las que se materializa en nuestros candidatos presidenciales esta dicotomía entre discurso y propuestas tiene que ver con cómo enfrentan los desafíos derivados de las nuevas tecnologías. Al día de hoy, y teniendo cinco candidatos en carrera, sólo se ha hecho pública la propuesta del candidato de la derecha Sebastián Piñera, que hasta donde se sabe no contempla ninguna modificación normativa de relevancia más allá de ciertas exenciones tributarias. Se extraña, en concreto, una propuesta relativa a un nuevo estatuto de protección de datos personales, de delitos informáticos, cómo va a enfrentar la adecuación de la ley de propiedad intelectual a los requerimientos del TLC con Estados Unidos, o cómo entiende la neutralidad tecnológica en el Estado. Para qué nos vamos a poner exquisitos y pedir una declaración oficial sobre la neutralidad de las redes informáticas, tema que los gobiernos de la Concertación han evitado durante todos estos años.

Como explica Mariano, respecto de la neutralidad de la red para la administración Obama, Open Internet es el sitio oficial en el cual se explica claramente el valor estratégico de la neutralidad de la red y el por que es necesario para tener una internet que crezca y se desarrolle como se desarrolló hasta ahora e incluya el espectro móvil.

Mientras en Estados Unidos pasan cosas como éstas, en Chile tenemos una Estrategia Digital absolutamente desintegrada, sin ideas y sin liderazgo. Una Estrategia Digital que no ha sido capaz de liderar una agenda real de modificaciones que alienten mejoras legislativas sustantivas hacia la protección de los derechos de las personas y hacia el establecimiento de condiciones tecnológicas adecuadas para un desarrollo acorde a ello. Una Estrategia Digital que, finalmente, no ha sido capaz de posicionar los temas tecnológicos en la agenda del futuro.

Para algunos, las campañas hacia la protección de la neutralidad de la red no es más que una estrategia para proteger a los ISP, para gobiernos como el norteamericano es un estándar a seguir. Mientras en otros países vemos avances sustantivos, en Chile queremos llegar a ser un país desarrollado sin propuestas serias en la regulación de nuestras nuevas tecnologías.