Dos ideas sobre la censura en Twitter

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Alarma ha provocado el anuncio que hace algunos días hizo Twitter respecto del cambio en sus términos y condiciones de uso. En ellas, señalan que (la traducción es mía)

En la medida que continuamos creciendo a nivel internacional, entraremos en países que tienen ideas distintas sobre los contornos de la libertad de expresión. Algunas son tan distintas de las nuestras que no vamos a ser capaces de existir allí. Otras son similares, pero por razones históricas o culturales, restringen ciertos tipos de contenido, como Francia o Alemania, que prohíben el contenido pro-nazi.

Hasta ahora, la única manera de hacerse cargo de los límites existentes en esos países era remover el contenido a nivel mundial. A partir de hoy, tendremos la capacidad de reactivamente retener el contenido de los usuarios en un país determinado, quedando disponible para el resto del mundo.

La cosa es así. Si en Argentina usted decide que la fotografía que filtró su amante en la red social, puede recurrir a tribunales y solicitar la bajada de dicho contenido. En Argentina, de hecho, hay muchos casos así. Hasta ahora, el efecto que tendría dicha orden judicial, sería de carácter global, impidiendo a cualquier poder acceder a esa imagen. La nueva política implicaría que en lugar de tener efectos mundiales, el bloqueo tendrá efectos solo locales, permitiendo a usuarios de otras jurisdicciones poder acceder a dichos contenidos no obstante estar bloqueados en un determinado país.

Esos son los hechos. Ahora, dos reflexiones.

UNO.

Antes de hablar de censura y abuso en los nuevos términos de uso hay que tomar en cuenta que hoy se bajan contenidos de redes sociales. Todos los días. Y todos lo hacen, algunos con mayor transparencia (Twitter, Google), otros con menos (Facebook). Y esto, por lo demás, es razonable que ocurra. Es un derecho vinculado a la protección de la privacidad poder solicitar la bajada de ciertos contenido bajo las circunstancias que la ley local establezca para la protección de cierta información personal. Esto no va a cambiar con las nuevas políticas.

La diferencia entre lo que sucede hoy y las nuevas políticas es que ahora dicho bloqueo sólo tendrá efectos locales. De censura poco puede haber si las bajadas de contenido se hacen 1) Localmente; y 2) bajo las reglas establecidas en las leyes locales y no de manera arbitraria.

Más aún, Twitter ha señalado que colaborarán aún más estrechamente con el proyecto Chilling Effects del Berkman Center de Harvard que monitorea las bajadas de contenido en internet. O sea, más encima con transparencia.

DOS.

Si existe un problema, éste es normativo, no de los términos de uso de Twitter. Y se me ocurren al menos dos problemas.

  1. Twitter lidia con ser una empresa con domicilio en Estados Unidos que presta servicios para el resto del mundo. Como tal, tiene dos opciones. O bien pretende estar por sobre las leyes del resto y aplica la jurisdicción de California ante cualquier evento -lo que implicaría quedar fuera de países con estándares legales diferentes (de libertad de expresión, privacidad o derechos de autor)- o bien se adapta a la normativa local. Y tengo la impresión que la nueva política apunta a lo segundo. Con lo que lidia, en definitiva, Twitter, es con el carácter global de internet y, en mi opinión, no lo hace de la peor manera. Si en Irán los jueces estiman que hacer bromas con la religión es un acto prohibido no creo que sea razonable para el resto del mundo estar sujetos a dicha prohibición.
  2. Mi colega Alberto Cerda me hacía ver el problema vinculado a la jurisdicción internacional. Si existe un tratamiento similar para la, digamos, protección de datos personales en una serie de países, no parece razonable que los efectos de una sentencia judicial en un país de aquellos no pueda tener los mismos efectos en el resto. Esto pensando especialmente en la posibilidad de demandar por perjuicios. Ahora claro, este es, de nuevo, un problema de la normativa, no de las ToS. Tengo dudas que un servicio privado tenga la obligación de tener mejores estándares que lo que establecen las leyes locales.

Recomiendo, adicionalmente, leer las reflexiones de Jillian C. York, de EFF, sobre el tema. De censura, entonces, pocazo. A apagar las alarmas.

El derecho a protestar

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La foto es de bdeboikot con licencia CC:BY-NC

Tradicionalmente la libertad de expresión suele ser asociada con el ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad informativa. Pero si analizamos desde la óptica de los derechos fundamentales, pilar de la democracia, veremos que la expresión o manifestación de discursos suele tener caminos sinuosos incluso para la institucionalidad. Sin ir más lejos, hasta hace pocos años era difícil de pensar en el ejercicio de derechos a través de medios electrónicos y hoy la emergencia de las redes sociales ha sido muchas veces herramienta fundamental para canalizar desconteto y disenso político.

Una de las formas, quizás de las más radicales, en que se ejerce este derecho es a través de la protesta. Y resulta radical no solo por su método, sino fundamentalmente porque en la gran mayoría de los casos resulta ser la única salida para expresar posiciones políticas que el sistema democrático de otra manera le impide expresar. Mientras los grupos privilegiados gozan de variedad de instancias de participación e influencia en la toma de decisiones políticas a través de centros de estudios, Universidades, gremios y lobbies, la democracia promete a los grupos más desaventajados una participación temporal, difusa -y en Chile en muchos casos simbólica-, a través del voto.

Las demandas estudiantiles tienen mucho de esto último. La comunidad compuesta por profesores, estudiantes y funcionarios, poco tuvieron que decir durante los profundos cambios realizados en dictadura no solo respecto del proceso de municipalización de la enseñanza durante la década de los ochenta sino a propósito del proceso de liberalización de la educación superior. Hoy, víctimas de los resultados de dichas medidas, no tienen instancia de participación formal alguna para promover modificaciones a un sistema que careció de cualquier tipo de contrapeso deliberativo. Visto así, no resulta sino corolario de lo anterior que la forma en la que estas pretensiones se manifiesten en la esfera pública sea a través de marchas y protestas en el espacio público.

Las últimas declaraciones del Ministro del Interior, señalando que no autorizará la realización de nuevas marchas de estudiantes por la Alameda, nos recuerdan además nuestra vergonzosa tradición consistente en llenar de cortapisas y límites al ejercicio de la libertad de expresión basada en la defensa de derechos inexistentes (‘Última Tentación de Cristo’),  el honor de autoridades públicas (‘Impunidad Diplomática’ y ‘El Libro Negro de la Justicia Chilena’) y, por cierto, la seguridad del Estado (caso de la documentalista Elena Varela). De alguna manera, pareciera ser que hemos construido una sociedad y un modelo de participación política donde son el temor y la represión nuestras formas de respuesta ante la disidencia y la participación política de grupos desaventajados. El derecho a la protesta no es sino una forma de manifestación del derecho a la libertad de expresión.

Por cierto los conflictos entre derechos constitucionales son parte de la vida en comunidad. Ante esta realidad es que resulta importante detenerse en la forma en la que iremos a resolver estos conflictos. Mientras en Chile hasta no hace mucho teníamos fallos e importantes constitucionalistas defendiendo la inquietante tesis de la jerarquización de los derechos basados en el orden establecido en el artículo 19 de la Constitución, la doctrina moderna sostiene la importancia del análisis de ponderación entre los intereses en juego de acuerdo al caso concreto. Así, no habrá decisiones canónicas y resueltas previamente, sino que, dependiendo de las circunstancias del caso, se fallará algunas veces a favor y otras en contra del derecho al honor en conflicto con la libertad de expresión.

El ejercicio del balance o ponderación de derechos como se ve es fundamental para evitar excesos discrecionales y afectación más allá de lo razonable de derechos fundamentales. Si bien, visto así, no hay derechos prima facie más importantes que otros, cuando se trata de la libertad de expresión se requiere tener muy buenas razones para resolver en su contra. Y esto por una razón muy sencilla, porque el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos está muy cerca del núcleo duro de lo que entendemos por democracia.

Por último, pero no por ello menos importante, la pertinencia o no del ejercicio de la protesta en cualquier caso va a estar determinado por lo que decidan las autoridades judiciales y en caso alguno por lo que determine la autoridad política. Resulta a lo menos grave que las autoridades públicas pretendan determinar la forma (“no vamos a prestar la Alameda“, señaló el alcalde de Santiago) y pertinencia (“los tiempos de marchas y protestas ya cumplieron su rol“, dijo el Presidente) de las manifestaciones políticas. El rol de las autoridades – importante, sin duda- debiera ser en primer lugar garantizar las condiciones para el ejercicio de estos derechos y tomar providencias necesarias para evitar actos delictuales asociados. Pero resulta cuestionable -incluso simbólicamente si se quiere- que no solo la autoridad pretenda determinar la manera de expresar descontento sino además se haga esgrimiendo normativa de tiempos de dictadura militar de dudosa constitucionalidad.

Si el ejercicio de la libertad de expresión resulta estar mediado o condicionado por una decisión de las autoridades públicas, a la libertad de expresión, en definitiva, se le vacía de todo su contenido.

(Columna publicada en Cooperativa)

Medios y opiniones divergentes

La música es parte fundamental en mi vida, pero rara vez escucho radio. Esas pocas ocasiones coinciden casi siempre con traslados en la ciudad como el del martes pasado, cuando cerca de las 22 horas, sintonicé radio Bío-Bío. Era la primera vez que escuchaba el programa Hoy en La Radio, conducido por el periodista Juan Francisco Canales, quien conversaba en vivo sobre temas de contingencia vinculadas a la justicia criminal con Mario Schilling, hasta hace poco vocero de las acciones de la Fiscalía Oriente del Ministerio Público.

Era una conversación respecto del actuar de nuestros tribunales y del sistema penal a propósito del caso de la puesta en libertad de un menor imputado de abusar a una mujer en Lo Barnechea. El ex representante de la fiscalía era quien moderaba, no sin dificultad, el tenor del diálogo liderado por el conductor del programa, quien utilizó con talento todas las frases chichés y los prejuicios asociados al actuar de los tribunales y el problema de la delincuencia. Pero Mario -inquiría el conductor-, ¿Y si se tratara de tu esposa?”, “Mario, yo entiendo pero y si fuera tu hija la violentada, ¿estarías tranquilo?”. O bien alocuciones falaces requiriendo más mano dura y tolerancia cero y partiendo de supuestos del tipo “tenemos un sistema penal que protege a los delincuentes y no a las víctimas”.

Mi fastidio respecto de lo que escuchaba me hizo reflexionar respecto del rol de la independencia (que la radio de hecho utiliza como slogan) para la libertad de expresión.

Una de las ideas que ha preocupado al profesor Cass Sunstein desde hace algunos años tiene que ver con la tensión existente entre el desarrollo de nuevas tecnologías y la libertad de expresión. Sunstein sugiere que el desarrollo tecnológico vinculado a la distribución de ideas en internet podría amenazar algunos aspectos claves para la política y la democracia. En Republic.com (libro de 2001) sostiene que si internet permite aislarnos de aquellas ideas que no compartimos, de aquellos pensamientos divergentes con nuestras creencias e ideas de bien, podría debilitar parte importante del diálogo democrático. La exposición de nuestras ideas y valores en público permite que ellas sean debatidas y puestas en juicio por quienes no comparten nuestros supuestos para poder así llegar a consensos políticos y construir democracia. De lo contrario, señala Sunstein, sin que nuestras ideas sean desafiadas, corremos el riesgo de tener confianza excesiva, sostener posiciones extremas, despreciar a los demás y, en ocasiones, incluso llegar a la violencia.

Si siguiéramos al pie de la letra la reflexión de Sunstein encontraríamos buenas razones para que los medios entregaran espacio importante a opiniones divergentes a su línea editorial. Si lo piensan, es quizás esa la razón por la que The Clinic en su momento y El Mostrador en estos días, le entregan tribuna a las delirantes, aunque graciosas, columnas de Hermógenes Pérez de Arce, o la razón que explica la presencia destacada de Teresa Marincovic en el diario electrónico. Pero estas no son razones suficientes.

Juan Francisco Canales, Pérez de Arce y la señora Marinovic tienen derecho a decir lo que piensan. A opinar aun si esas opiniones en realidad constituyen disparates. Incluso, recogiendo el guante de Sunstein, existen hasta razones para darles espacio y exponernos, quienes pensamos distinto, a sus ideas. El punto de fondo es que en Chile hay suficientes medios de comunicación como para escuchar discursos alarmistas, falaces, histéricos y, por si fuera poco, profundamente conservadores y clasistas respecto de las políticas criminales. Estamos rodeados de esos medios y de esos discursos que dominan además la agenda política.

Lo que debiéramos esperar de un medio independiente -sea lo que sea signifique-, por tanto, es reflexión, información y contexto. No más alarma, más prejuicios y más intuición, que encontraremos en todas partes con facilidad. Radio Bío-Bío y El Mostrador son dos importantes excepciones en nuestro mercado de medios porque se construyen desde un espacio que -intuyo- de alguna manera representa a quienes creemos en una sociedad más justa, más plural, dialogante y fundamentalmente más igualitaria. Cuando estos espacios deliberativos son cooptados por discursos hegemónicos llenos de intuición y prejuicios los discursos minoritarios se hacen aún más minoritarios y se escuchan a un volumen todavía más bajo.

Mirko Macari sobre HidroAysén y El Mostrador

Muchos se alarmaron con la publicidad de Hidroaysén que repentinamente comenzó a mostrar el periódico electrónico El Mostrador. Algunos, de hecho, intentaron hacer cruces y relacionarlo con la partida de la periodista de medio ambiente a la competencia.

Mirko Macari, director de El Mostrador, escribe una editorial para hacer frente al tema pero termina diciendo un par de verdades respecto del estado actual del debate público en Chile. Les recomiendo la columna completa y comparto un extracto del final.

(…)

El punto es que este no es un hecho aislado sino uno de los síntomas más nítidos de la decadencia de la discusión pública en Chile, convertida en un espacio sin espontaneidad ni alma, donde todos recitan clichés y frases huecas calculadas por asesores bien pagados. Un lugar donde nadie está dispuesto a dejarse convencer, ni a escuchar, ni menos seducir.

Y aunque uno esté cada vez más viejo y por lo mismo crea cada vez en menos cosas, en lo que sí sigo comulgando a pie juntillas es en el periodismo que cuenta buenas historias sin calcular objetivos. En el periodismo que se hace sin razón de Estado, en el periodismo que renunció a cambiar el mundo, pero quiere comprender los procesos. En el oficio que se resiste hasta el final al guión de los buenos contra los malos y tiene clara conciencia de sus limitaciones y falibilidades. Que vive feliz en la incertidumbre y se niega a disparar desde una trinchera preestablecida, como lo fue la prensa partisana del siglo XX.

Sorry si los decepciono pero no escribo calculando la huella de carbono del notebook. Perdón si duermo tranquilo y no tengo pesadillas por el duopolio ni me deprimo por el avance de las transnacionales. Excúsenme si abuso de mi libertad de responder.

 

Jesús como límite a la libertad de expresión

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Fotograma de la película Life of Brian de Monty Python. 

Además de ser democratacristiano y agnóstico, Genaro Arriagada lleva sobre sí la paradoja de ser miembro del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y haber sido uno de los líderes políticos de la transición a la democracia. Esta semana, nos enteramos que fue uno de los que votó a favor de la formulación de cargos (ojo, PDF que astutamente no se puede copypastear) al programa humorístico El Club de la Comedia de Chilevisión por una serie de sketchs en clave cómica donde se hace mofa de jesucristo.

En larga carta al director de El Mercurio, Arriagada hace sus descargos, explicando las razones de su votación, argumentando que los sketchs son de mal gusto y ofensivos para los valores religiosos de muchas personas, «valor superior en la jerarquía de valores».  Además, que la formulación de cargos hecha por el CNTV no es censura, y que «la libertad de expresión no puede ser un medio para coartar la libertad religiosa».

En mi opinión,  si hay algo contrario al «principio democrático» en toda esta historia son las facultades que tiene por ley el CNTV. Adicionalmente, creo que más allá del “mal gusto” que puedan tener los chistes -algo a todas luces subjetivo- esto pone en evidencia los extraños caminos que a veces tiene la libertad de expresión y la importancia de su defensa. Sólo tres comentarios.

Es dudoso que exista una «jerarquía de valores», y más dudoso todavía es que se sostenga que estas jerarquías tienen respaldo normativo. Por cierto que un sistema legal contiene ciertos valores que como sociedad nos parece razonable proteger. La igualdad, la libertad de expresión, la propiedad, la vida, son elementos tan importantes que los hemos establecido como derechos constitucionales, pero de ello no se colige que haya algunos valores sagrados que a priori sean más importantes que otros. Así como ni siquiera la vida no es un derecho absoluto (piense en la legítima defensa, por ejemplo), habrá algunos casos en que por cierto la honra cederá ante la libertad de expresión. En el caso concreto, incluso suponiendo que existieran estos valores, se necesitan muchos argumentos -que no he visto- para sostener que los valores religiosos de las personas son parte de ellos y todavía un estándar argumentativo superior para decir que la libertad de expresión debiera estar limitado por esos valores. Nada de eso hemos visto en el CNTV para apoyar su decisión.

Por otro lado, y esto lo debe saber perfectamente Genaro Arriagada, la censura no es la única forma de limitar la libertad de expresión. De hecho está en lo correcto, el CNTV no censura, sino que actúa a posteriori, una vez que se ha expresado el contenido. El punto es que de esto no se sigue que sancionar a canales de televisión por el contenido de sus emisiones no sea un acto de limitación de la libertad de expresión. De hecho, las nuevas tecnologías son al mismo tiempo que una importantísima herramienta para desarrollar derechos, una herramienta de control. Las reglas del derecho de autor muchas veces se utilizan para acallar discurso crítico. El celo con que algunos gobiernos supervisan los medios de comunicación son también una forma de limitarla. La concentración de medios de comunicación es una forma de control. Incluso hasta el sistema de asignación de nombres de dominio muchas veces lo es. Si es o no censura, por tanto, no es el punto a discutir. El punto a discutir es si es o no una limitación ilegítima a la libertad de expresión.

Finalmente, la libertad de expresión es una de las bases del sistema democrático. Con libertad de expresión limitada tenemos menos debate público de ideas y menos control del poder. Para limitarla, siempre se nos ocurren razones. Para proteger al pueblo de la herejía, para proteger a nuestros niños, para proteger la nación, la patria o la raza. Incluso no hace mucho se domicilió a Jesús en una oficina de abogados del paseo Ahumada de Santiago para evitar la proyección de una película. La libertad de expresión implica permitir que se publiquen especialmente aquellas cosas que no nos gustan. Frente a los problemas derivados de la libertad de expresión, la respuesta debiera ser más libertad de expresión, no limitarla.

Esta no debiera ser una lucha respecto de si los chistes de Ruminot son o no divertidos. Sirve para evaluar qué tan fuerte es nuestra democracia. La existencia de un ente que no aceptaríamos para regular el «correcto funcionamiento» de las radios, periódicos, libros o blogs, no se justifica desde la óptica de la democracia constitucional. Parafraseando a un querido profesor, el estado de la libertad de expresión en un país es un test de embarazo democrático. Chile –all ways surprising– en este test sale lamentablemente negativo.

 

(Me muero por saber qué opina el Consejo Nacional de Televisión sobre Life of Brian).

 

Director de DINACOS es nuevo presidente del Tribunal Constitucional

1875CE2F-783D-4BCA-B3BD-919A2117994C.jpgEn El Mostrador se hace pública la noticia que mereció un escueto comunicado por parte del Tribunal Constitucional chileno.

Marcelo Venegas, el nuevo presidente del Tribunal, durante la dictadura militar fue Director de la desaparecida Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), organismo de la dictadura encargado de la censura y de las comunicaciones oficiales del régimen de Pinochet.

Según cuenta la nota del diario electrónico,

El viernes 8 de agosto de 1986, como jefe de DINACOS Venegas impuso una férrea censura a los medios de comunicación y agencias de noticias, argumentando que en esos momentos se llevaba a cabo un operativo que podría poner en riesgo la seguridad nacional. La medida se mantuvo hasta el lunes 11, día en que se hizo público el descubrimiento del arsenal ingresado al país por el FPMR.

En 2005, el nombre de Venegas volvería a figurar relacionado a hechos de 1986 (el “año decisivo” en que el Partido Comunista y el FPMR apostaron sus fichas para derrocar a Pinochet), cuando el juez Hugo Dolmestch lo incluyó en la lista de civiles miembros del comité político asesor de Pinochet, llamados a declarar en el marco de su investigación sobre los asesinatos de José Carrasco, Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera y Abraham Muskablit, realizados por la CNI en represalia por el atentado contra el ex dictador.

Los lectores asiduos del blog saben la obsesión que tengo con el Tribunal Constitucional, sobre lo que he escrito en reiteradas oportunidades. Lo que continuamente he comentado es que, salvo por el episodio de la píldora del día después, a nadie parece importarle mucho este tribunal, a pesar del inmenso poder que tiene, y de su escaso control, siendo una extraña anomalía en el sistema de pesos y contrapesos que debiera lucir una democracia como la gente, una democracia en serio.

Incluso más allá de su calidad de director de un organismo creado por la dictadura, habría resultado interesante saber, por ejemplo, qué opiniones tiene Venegas respecto de las relaciones entre libertad de expresión y honra o qué cree respecto del ejercicio de la libertad de expresión como un instrumento de control del poder. A estas alturas, con hechos consumados, no es mucho lo que se puede hacer.

Si bien disto de admirar al ciento por ciento el sistema norteamericano, creo que si hay algo interesante es su sistema de elección de aquellos personeros que no gozan de legitimidad democrática, como es el caso de los ministros de Corte Suprema. A la luz de la reciente elección de Sonia Sotomayor en la Corte Suprema estadounidense, el que en Chile se escoja entre cuatro paredes el presidente de una de las instituciones más poderosas del país resulta a lo menos un insulto para quienes creemos en la democracia y en el control institucional.