El Informe Hargreaves de propiedad intelectual: la evidencia contra la intuición

¿Será cierto que las leyes diseñadas hace más de tres siglos, para crear incentivos para la innovación mediante la protección de derechos de los creadores, en la actualidad dificulte la innovación y el crecimiento económico? ¿Será que tenemos normativa que responde a intereses de lobbys económicos más que a evidencia empírica?

Estas dos son sólo dos de las preguntas que pretende responder el Review of Intellectual Property and Growth, estudio encargado por el gobierno británico a un grupo de expertos independientes liderados por el profesor Ian Hargreaves con el fin de evaluar el estado actual de la normativa británica de derechos de autor a la luz de la innovación y el crecimiento económico.

El informe (PDF, 132 páginas, 1.1MB, en inglés) es revelador y contundente. Concluye que efectivamente el sistema británico de derechos de autor no favorece la innovación ni la competencia y debiera ser reformado radicalmente, yendo incluso más allá de los estándares de la UE debiendo incluir excepciones que permitan el cambio de formatos y la realización de copias de archivo, no ponerle trabas a la investigación científica y fortaleciendo las excepciones de parodia y crítica. Además es contundente -sin perder la ironía propia de la isla- respecto del lobby de grupos económicos. Señala:

El lobby es una característica de todos los sistemas políticos y, como una manera de informar y organizar el debate, trae muchos beneficios. En el caso de la política de propiedad intelectual y específicamente la política de derechos de autor, sin embargo, no hay duda de que el poder de persuasión de las celebridades e importantes empresas del mundo del entretenimiento del Reino Unido han distorsionado los resultados de la política. Distorsión adicional surge del hecho (no exclusiva de este sector) que hay una asimetría notable entre los intereses de los titulares de derechos, para quienes las cuestiones de PI son de suma importancia, y los consumidores, quienes han pasado de ser un interés secundario sólo hasta la aparición de internet como un foco de conflictos tecnológicos, económicos, comerciales y culturales.

El estudio contiene diez recomendaciones para la futura política de propiedad intelectual británica, a saber:

1.- Evidencia. El sistema de derechos de autor debiera estar basado, en lo posible, en evidencia empírica y equilibrar los intereses sociales con los intereses privados.

2.- Prioridades internacionales. El Reino Unido debiera impulsar una agenda internacional con economías emergentes basadas en evidencia económica.

3.- Licenciamiento de derecho de autor. a) Establecer un “Digital Copyright Exchange” (un sistema interconectado de bases de datos públicas y privadas relativas a derechos de autor) inter-sectorial para fomentar la transparencia del mercado. b) El Reino Unido debiera ayudar a establecer un sistema de licenciamiento internacional en la UE, que requiera a las entidades de gestión códigos de conducta que apunten al desarrollo de mercados abiertos y eficientes.

4.- Obras huérfanas. Solucionar el problema a través de licenciamientos masivos junto con un sistema expedito de limpiezaclearance») de derechos.

5.- Límites al derecho de autor. Dentro de esta, varias propuestas, entre ellas que el gobierno debe resistirse a adoptar medidas que no perjudiquen la generación de incentivos para los creadores, y el establecimiento de más y mejores excepciones para bibliotecas, archivos, investigación, parodia y cambios de formato.

6.- Enredos de patentes y otras obstrucciones a la innovación. a) Liderar esfuerzos a nivel internacional para evitar problemas derivados de la proliferación de patentes. b) asegurarse de no extender patentamiento sin que exista clara evidencia de sus beneficios. c) Investigar formas de resolver las adversas consecuencias de las marañas de patentes.

7.- Industria de diseño. Se ha subestimado el rol de la propiedad intelectual en este sector y debiera avanzarse en medidas conducidas por la evidencia que exista en la relación entre derechos e innovación.

8.- Cumplimiento. El gobierno debiera tomar medidas basadas en el cumplimiento, educación y crucialmente, medidas para fortalecer el crecimiento de mercados legítimos.

9.- Acceso a pequeñas empresas a asesoría legal. Planes que ayuden a mejorar la accesibilidad del sistema para PYMEs.

10.- Un sistema legal que se adapte al cambio. Se le debiera entregar los poderes necesarios a la oficina de propiedad intelectual para que asegure que el sistema legal apunte a promover la innovación y el crecimiento de mercados eficientes.

 

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Tres reflexiones a la luz de nuestras políticas públicas tecnológicas.

UNO. De las 132 páginas del informe Hargreaves, en sólo 36 usan la palabra enforcement; en 71 la palabra evidence.

DOS. Pese a que parece algo obvio, el informe indica claramente que las decisiones políticas en materia de derechos de autor debieran ser tomadas en base a evidencias empíricas y no a intuiciones. Es gracioso (James Boyle ironiza preguntándose si no es así, cómo se toman las decisiones, ¿según la astrología?), pero en materia de derechos de autor en Chile la evidencia jamás ha sido un criterio para tomar decisiones. Nos gustan más los petardos y cohetes.

TRES. Desde hace un tiempo estoy obsesionado con nuestras abúlicas políticas tecnológicas. Teniendo en cuenta el ambicioso programa del presidente Piñera, y que existe una orgánica desde hace años respecto de la estrategia digital de Chile, me pregunto ¿Cuántos proyectos de ley se encuentran en el Congreso que hayan salido de los equipos de la Estrategia-Agenda Digital en los últimos dos años? ¿Cuántos proyectos de ley está en este momento el Ministerio de Cultura gestionando por su aprobación en Valparaíso? ¿En base a cuántos estudios se decidió proponer la ridícula licencia GPL-CL? ¿Y por qué se desechó? En Chile, la intuición gana por goleada a la evidencia.

Chile en OMPI, edición Septiembre 2010

A propósito de Stevie Wonder, les comentaba de la actitud ambigua del gobierno Chileno en OMPI a propósito de la propuesta de un tratado para discapacitados, que homologue a nivel internacional las excepciones aplicables.

Hoy, tenemos la declaración oficial del Estado de Chile al respecto. Los destacados son del suscrito.

Gracias señora presidenta,

Chile ve con preocupación el lento progreso que se ha logrado en el Comité Permanente de Derecho de Autor, incluso en aquellas materias sobre la cuales existe amplio grado de consenso sobre la conveniencia de avanzar .

Chile ha promovido fuertemente la agenda de dicho Comité, principalmente en lo que se refiere a Excepciones y Limitaciones al derecho de autor. Por esta razón hemos apoyado la propuesta de Brasil, Ecuador, Paraguay y México ya que nos parece que es un acto de justicia el lograr acuerdos en lo referido a un instrumento internacional que permita resolver el problema de las personas con alguna discapacidad visual para acceder a la lectura. Por lo anterior, creemos que el Comité no puede seguir retrasando este tema, y buscar las vías adecuadas con el objeto de resolver prontamente esta materia.

En el mismo sentido, hemos apoyado que los temas relativos a audiovisuales y radiodifusores se mantengan en la agenda de este Comité. Confiamos en que las diferencias que aún existen en estas materias serán resueltas durante la próxima reunión de este Comité en el mes de Noviembre y por cierto seguiremos participando activamente con vistas a lograr soluciones de consenso.

Bueno, está diciendo que sí, que apoya la propuesta. Pero al mismo tiempo sostiene que el Comité debe buscar las vías adecuadas (lo que quiera que eso signifique) para resolver el problema. ¿Un tratado? ¿Acuerdos no vinculantes? No lo sabremos.

Stevie Wonder pide un mejor derecho de autor para discapacitados visuales

Stevie Wonder habló en Ginebra a nombre de más de 300 millones de personas que «viven en la oscuridad» y que quieren «leer a su manera hacia la luz» en la última reunión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO).

El cantante, dirigiéndose a los delegados de todo el mundo, sostuvo:

Estoy respetuosamente pidiéndoles que acojan mi declaración de libertad para los discapacitados visuales dándoles las herramientas para pensar en su forma de salir de la pobreza y de la oscuridad que se crea cuando la mente no tiene acceso a algo tan simple, pero tan poderoso, como un libro.

Chile, por supuesto, se ha manifestado «flexible y pragmático» respecto de la propuesta, abierto a alguna de las cuatro alternativas que se han presentado y sin jugársela por alguna de ellas. Ojalá que Stevie no tenga que hacer una canción sobre nosotros.

5 claves para una ley justa: 1.-Excepciones para Bibliotecas

Esta guerra del copyright chilensis en la que estamos es bien particular. Se huele a la distancia la violencia verbal, los comunicados llenos de verborrea vacía y la manipulación del discurso. Hablando desde los artistas para defender modelos de negocio y sistemas legales fundados en la defensa de intereses corporativos de las multinacionales del espectáculo.

Para enfrentar esta campaña de desinformación que lleva a la natural alarma de los artistas bajo el alero de su entidad de cobro de derechos, montamos Trato Justo Para Todos*, que pretende precisamente relevar el interés público en temas de derecho de autor sobre todo en una discusión donde pareciera ser que todo este problema se reduce en cómo cobrar y no en cómo hacemos para fomentar la creatividad y el acceso a la cultura.

A estas alturas del partido, cuando el choclo ya se está desgranando y estamos entrando en la parte más importante de la discusión parlamentaria, me parece importante poner énfasis en los cinco elementos que considero claves para tener una ley moderna, equilibrada y justa para todos. Hoy, me detendré en la importancia de las excepciones para bibliotecas y archivos.

1) Excepciones para Bibliotecas

Chile comparte con Burundi, Camerún, Burkina Faso, Irak y Costa de Marfil, entre otros, una vergonzosa ley de propiedad intelectual que carece de excepciones para Bibliotecas y archivos. Resulta derechamente impresentable que un país que pretende mirar hacia el futuro no cuente con un sistema robusto de excepciones que permita a las bibliotecas, pese a que la gran mayoría de los tratados internacionales sobre propiedad intelectual garantizan este tratamiento de excepción.

Hoy, cientos de libros que son parte de nuestro acervo cultural se están deteriorando y perdiendo para siempre en las bodegas de Bibliotecas que no tienen herramientas legales para su conservación para las generaciones futuras.

Es por eso que dentro de estas excepciones resulta clave considerar cuatro puntos fundamentales:

1.- Las excepciones deben referirse a todas las bibliotecas y no sólo a aquellas “abiertas al público” y “de titularidad pública”.

Limitar las excepciones a estos supuestos supondría dejar arbitrariamente a una buena parte de los centros documentales del país fuera de ser sujeto de la excepción, como muchas bibliotecas universitarias y, sin ir más lejos, todas las bibliotecas escolares del país. Limitarla sólo a “abiertas al público” supondría dejar fuera a la Biblioteca Nacional o a la Biblioteca del Congreso, dado que si bien son “abiertas”, establecen requisitos como la edad para disfrutar de sus colecciones. No parece razonable que la Biblioteca Nacional no pueda hacer uso de las excepciones que contempla esta ley.

2.- La copia de fragmentos debe ser sin remuneración de por medio.

La regla general es que para hacer una copia, se requiere la autorización del autor, la que en la gran mayoría de los casos, significará pagar una cantidad de dinero. Establecer una autorización para las bibliotecas, pero previo pago de una remuneración supondría volver a la regla general haciendo inútil la excepción. Por lo demás, es una práctica internacionalmente reconocida el permitir a las bibliotecas hacer copias de fragmentos -naturalmente sin fines comerciales- de obras para investigación y enseñanza, como un capítulo de un libro o un artículo de una revista. No existe razón para que en Chile nuestros profesores no puedan enseñar a leer a sus alumnos con poemas de Pablo Neruda o de Gabriela Mistral debido a eventuales cobros de sus titulares de derechos.

3.- Debe permitirse la práctica de digitalización de obras.

Estamos legislando para adaptarnos a las nuevas tecnologías, no para que la legislación sea una barrera para el desarrollo cultural. No permitir que las bibliotecas puedan digitalizar ejemplares y por tanto entregar acceso remoto fuera de la sala de lectura es lisa y llanamente poner obstáculos insalvables para la ruta hacia el acceso que nos muestran las nuevas tecnologías. Los últimos años han mostrado que el concepto de Biblioteca que conocimos está cambiando radicalmente (basta ir a darse una vuelta a la Biblioteca de Santiago) que trasciende el recinto cerrado y permite salvar las distancias físicas que muchas veces separan la biblioteca de sus usuarios, particularmente en regiones de difícil acceso.

4.- Debe permitirse la traducción de obras por bibliotecas y usuarios.

Hoy, si un libro de una biblioteca no se encuentra en el mercado y está escrito en lengua extranjera, se rige por las reglas generales del derecho de autor. Un derecho de autor coherente debiera permitir tanto a bibliotecas como a investigadores, profesores y usuarios poder hacer traducción de dichas obras para fines de investigación y difusión cultural. No parece razonable que nuestras bibliotecas acumulen ejemplares de libros y revistas en idioma extranjero que no puede ser comprendidos por sus usuarios.

Obviamente lo anterior es sólo un barniz de excepciones que son de alta complejidad. Pero lo importante es poner sobre la mesa los puntos importantes y los puntos que vamos a defender hasta el final. Esta es sólo la primera entrega. Pronto las cuatro siguientes.

(fotografía Biblioteca José Vasconcelos por Clinker. CC:BY-SA)

El argumento de que no se demanda es errado

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Repetidamente es posible ver cómo quienes sostienen que un sistema más restrictivo de derechos de autor es mejor para los creadores, también sostienen un argumento que no por ser especialmente falaz deja de ser inquietante.

Éstos, frente a los absurdos de una ley de propiedad intelectual cada vez más repulsiva, aseveran que son ejemplos que no tienen validez toda vez que nadie ha sido demandado por esto. Sostienen, no sin algo de razón, que a nadie se le ocurriría demandar a la Biblioteca de Ciegos de Providencia por las adaptaciones que hacen de obras literarias a formato digital.

Pero en ese argumento está precisamente el corazón de su construcción errónea.

Las excepciones al derecho de autor -que permitirían, en este caso, a la misma biblioteca poder hacer esa adaptación de manera legal- son reglas mediante las que la ley es quien autoriza usos que de otra manera debieran requerir autorización o pago al titular de derechos de autor.

Es la ley, esto es, un mandato que debiera representar los intereses de toda la sociedad, la que decide cuales usos son autorizados como legítimos y cuales no. Es la ley la que determina que ante una luz roja el conductor de un vehículo debe detenerse. La ley, no el ánimo del policía de turno. Menos el del conductor que va al lado nuestro.

Esto explica por que es necesario, entre otras cosas, un sistema robusto de excepciones y limitaciones al derecho de autor. Necesitamos que sea la ley quien nos diga lo que es justo y cuando caemos en ilegalidad, no un tercero, menos si es interesado.

Esto se hace más importante, cuando consideramos que el principal promotor de demandas en materia de derecho de autor en Chile es la SCD.

No perdamos de vista esto que parece tan simple pero que uno ve olvidado en este desordenado mapa de descalificaciones, pataletas y errores.

Foto: klevstul en Flickr

El Gobierno acepta las pautas de la SCD y acepta una ley abusiva para todos

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El final de esta historia es que el Gobierno tiene un concepto bien torcido de democracia y muy extraño de lo que es un gobierno ‘ciudadano’. Los primeros párrafos de este cuento los escribe la Ministra de Cultura reconociendo públicamente acuerdos que antes habían sido negados y reconociendo cual será la pauta del gobierno en estos temas de acá en adelante. El final de esta historia, mis amigos, se escribe desde los cuarteles generales de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), desde donde se ha escrito y se está escribiendo en este instante el futuro del derecho de autor en Chile. A costa de Internet, del desarrollo tecnológico y a costa de todos nosotros, por supuesto.

Sabemos que se encuentra en el Senado una de las reformas más importantes a la Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1970. Esta reforma pretende adaptar esta ley que data de 1970 a los desafíos del mundo digital y evitar así una serie de absurdos. Además, pretende hacer esta ley razonable desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se contemplan en todo el mundo y que en Chile somos meros expectadores. Porque claro, cada una de las reformas que se le ha hecho a esta ley ha sido hecha previa aprobación de la SCD y todas ellas pretenden fortalecer derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público. Esta ley pretendía equilibrar de una vez por todas esos intereses.

Pero esto ha provocado una reacción histérica, desinformada y patética. Mientras existía un esfuerzo para lograr una ley que fuera justa para todos, otros han salido a la calle con carteles y pitos a pedir una ley justa sólo para ellos. No una ley que se adapte al mundo de internet, sino que una ley que se adapte a sus propios bolsillos e intereses.

Pero en fin, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con la SCD a escondidas de la ciudadanía, con el fin de que esta ley salga adelante sin ruido, son los siguientes [descargar versión original]:

1.- No apoyar indicaciones que exigen que exista uso efectivo de obras para que haya cobro por parte de la SCD. Se lo pongo con un ejemplo. Si yo a usted lo demando porque me golpeó luego de una discusión, seré yo quien tengo que probar que tengo un golpe y que ese golpe me lo propinó usted. Esto es muy razonable, porque de lo contrario nos pasaríamos demandando los unos a los otros exigiéndole pruebas de lo contrario al demandado.


Bueno, la SCD quiere lo contrario. El acuerdo supone que el gobierno acepta que la SCD no tenga que acreditar uso efectivo de las obras, sino que se pueda basar sólo en supuestos, para proceder al cobro. Lo que resulta interesante considerado que viene de quienes son los principales promotores de demandas judiciales por derechos de autor en Chile.

2.- Apoyar un proceso de mediación previa en caso que no haya acuerdo sobre el cobro entre las partes. Hoy, quien fija las tarifas que cobra la SCD, es la propia SCD. Así, si usted tiene una discoteque u organiza un evento pequeño musical, tiene que pagarle a la SCD la tarifa que ellos mismos determinan. Como no hay otra entidad que ‘compita’ con la SCD, no queda más remedio que pagar a menos que queramos exponernos a demanda. El proyecto suponía un procedimiento de Arbitraje Forzoso, esto es, que en caso de desacuerdo sobre la tarifa, sea un tercero el que decida obligatoriamente.

Lo que ha aceptado el gobierno a solicitud de la SCD es que en caso de desacuerdo, vayamos a una “mediación previa obligatoria” en la que nos van a conminar a llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, vamos a juicio. Es fácil de entender que esto, en buen chileno, vale hongo y no protege al más débil en la negociación, que ciertamente no es una entidad monopólica.

3.- Apoyar la eliminación de la responsabilidad de los prestadores de servicios internet. En castellano castizo, esto significa dejar la puerta abierta para que mañana la SCD dirija cobros a nuestros proveedores de acceso a Internet por las eventuales descargas que realizan sus usuarios. Los que han pasado por alguna clase de economía, saben que esto significa finalmente un cobro que vamos a terminar pagando todos nosotros.

Ahora, si a mi me preguntan, yo estaría feliz con un canon como este siempre que supusiera una excepción amplia para usos y reproducción no comercial. Pero como a algunos quieren pan y pedazo, quieren meternos un impuesto, pero no entregarnos ningún derecho. Así cualquiera.

4.- Eliminar excepciones para traducción, para usos educacionales y para usos justos. El Gobierno está de acuerdo con la SCD en eliminar esa terrible y macabra excepción que permite que piratas profesores hagan traducciones de textos que se encuentran en otros idiomas para efectos de enseñanza. También está de acuerdo en eliminar la excepción que permite reproducción de obras cortas para fines educacionales.

Lo más grave, es que además acuerda la eliminación de lo más importante de esta ley, la excepción que permite usos justos o legítimos. Que le permite a usted subir a Youtube un video de su hijo que baila una canción que suena en la radio, que le permite pasar un CD a MP3 o que le permitiría por ejemplo, hacer un collage o una presentación en Powerpoint con imágenes y música de fondo para las bodas de Oro de sus papás. Para quienes quieren tratos justos para algunos, hay que pagar.

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En reunión con la Ministra de Cultura, ella reconoció que este acuerdo marcaba la pauta del Gobierno en este tema, por lo que no hay más que conversar.

Me parece lamentable que el Gobierno termine haciendo caso omiso a los reclamos de una serie de organizaciones sociales, gremiales, académicos e industriales que queremos una ley de propiedad intelectual moderna, ajustada a los desafíos de Internet, y que no trate a sus ciudadanos como delincuentes. Que no sea utilizada como privilegios para algunos sino que apunte, en definitiva, a un trato justo para todos.

Pero hay buenas noticias. La buena noticia, es que a partir de ahora, amigos míos, se nos acabó la buena onda. Pronto, muchas más noticias.

Si los derechos de autor son para algunos entonces no son derechos.

Para nadie es una sorpresa que necesitamos una reforma urgente a la ley de propiedad intelectual. Ni siquiera para el gobierno, que hace algunos meses envió al Congreso un proyecto que pretende actualizar la vetusta ley 17.336 a las necesidades sociales y a los requerimientos de un mundo globalizado e informatizado. Este proyecto de ley pretende, entre otras cosas, establecer una serie de excepciones y limitaciones al derecho de autor para que bibliotecas, archivos y público en general pueda realizar ciertos usos de obras sin ser considerados por esto delincuentes. Este proyecto no es el primer cambio que recibe la ley, pero es la primera vez que el cambio que se propone hacerle no va solo destinado a incrementar las penas ante las infracciones ni a inventar nuevos derechos de autor, sino que pretende incrementar el precario estándar de excepciones que favorezcan el interés público del que carece nuestra ley. Resulta indispensable que un régimen democrático de propiedad intelectual logre balancear los intereses de los autores con los intereses del resto de la sociedad, estableciendo excepciones para usos legítimos o justos y excepciones específicas para establecimientos educacionales y bibliotecas.

Pero sorpresivamente no todos están de acuerdo con estas obviedades.

Me contaba alguien que cuando conversó con un Ministro respecto de la importancia de esta reforma, éste lo miró atentamente y luego le dijo con sorpresa que pensaba que esta era una ley para los cantantes, artistas y actores, y por tanto no entendía por que él estaba allí. Es que en la discusión de la propiedad intelectual hay quienes durante los últimos años se han atribuido la exclusividad de opinión en el tema y por lo demás tienen el poder suficiente como para opacar voces disidentes. Esta visión de la propiedad intelectual -como un asunto exclusivo de creadores que necesitan cada vez más protección de sus creaciones- discretamente desautoriza y margina la necesidad de tener excepciones específicas que favorezcan el interés público, ese que decididamente han defendido, entre otros, las bibliotecas del país. No resulta casual que Chile sea uno de los pocos países de la región que no cuente con un estatuto específico de excepciones para discapacitados visuales, para la enseñanza o para la conservación patrimonial.

Tras esta idealización de la propiedad intelectual de los organismos que agrupan a titulares de derechos -pero utilizando a los “autores” como máscara de baile- hay pocas ideas interesantes, pero hay una que destaca con facilidad, la idealización ilustrada de la creación intelectual. Así, en los bordes de la argumentación en contra de la existencia de excepciones que favorezcan al público, algunos esgrimen que la única forma de creación cultural implica necesariamente mayores protecciones a los autores. Dicen, en otras palabras, que sin protección a los autores, se muere la cultura. Dejando de lado el maniqueísmo simplista de la argumentación, resulta irrisorio al sólo pensar en las más ricas expresiones artísticas generadas antes del medioevo o en buena parte de los artistas pop de la segunda mitad del siglo XX, quienes tuvieron una serie de otras motivaciones distintas al dinero para generar obras de inmenso valor estético. Resulta incrédulo además, pensar en el siglo XXI que sólo tenemos que entregar valor a una cultura oficial, o una generación de cultura creada por un grupo de privilegiados. Mientras nuestros artistas de salón pretenden convencer a nuestros representantes políticos de esto, cada día que pasa hay más niños generando obras artísticas y compartiéndolas a través de internet.

Pero a pesar de lo que muchos entusiastas de las nuevas tecnologías quieran creer, los cambios normativos no se harán sólo a través de buena voluntad y fotografías en Flickr. Para que no nos veamos atrapados por una legislación del pasado ni tampoco por unos lobbystas del derecho de autor del presente hay que tomarse en serio los derechos de autor. Y tomárselos en serio significa, entre otras cosas, luchar por lo que creemos que es justo y por nuestros derechos en el entorno digital.

El anterior es un artículo escrito por mi en Cadaunadas, el blog de Enzo Abbagliati, director de Biblioredes, en su primer aniversario.

Los comunistas del derecho de autor

e715cbbb9c0ddd871525284d4b4925940_main.jpg(Siempre pensé que era claro que este era un blog personal. Que el que tenía dudas se dirigiría silenciosamente a leer el link correspondiente. Pero bueno, parece que no. Lo aclaro acá mismo entonces: esto que usted ve aquí ES UN BLOG PERSONAL).

Durante la dictadura en Chile, los prohombres que dirigían este país debían esforzarse por explicar las fechorías que cometían en nombre de la libertad. Y para explicarle a la dueña de casa y al trabajador desempleado de qué se trataba esta lucha dirigida desde los cuarteles y CEMA Chile solían recurrir a ingeniosas formas.

Pero había dos metáforas que eran por lejos las favoritas de Pinochet y sus amigos.

La primera, era tratar de mostrar a las autoridades castrenses con alguna ligazón al ideario religioso nacional. “El demonio es manejado desde Moscú“, solía decir la máxima autoridad del ejército. Nombrar a la Virgen del Carmen como patrona, incluso su aparición en Villa Alemana en los momentos más escabrosos de la represión política y que su imagen pudiera verse entre las trizaduras de uno de los vidrios del Mercedes Benz luego del atentado en El Melocotón son sólo perlas que explicaban un mandato metafísico, espiritual de la Junta Militar. La segunda metáfora recurrente era caricaturizar con fineza militar a quienes no estaban de acuerdo con el régimen. “Auquénidos metamorfoseados” para referirse a los bolivianos que pedían salida al mar, “marihuaneros, drogadictos, melenudos, homosexuales y sindicalistas” apuntando al ejército de la RFA de postguerra. Moscotivas y humanoides a quienes osaban levantar la vista y preguntar por las violaciones a los derechos humanos.

“El diálogo es un juego que tienen los comunistas. A mi no me interesa”

comentó alguna vez el desaparecido general.

Todo esto a propósito de las discusiones aparecidas por la reforma a la ley de propiedad intelectual hoy en curso. Algunos han utilizado añejas tácticas para enturbiar la discusión a través, entre otras cosas, de ese viejo amigo que es el miedo . El miedo al cambio de paradigma era lo que impedía a los navegantes de la antigüedad entender por que yendo hacia el occidente era posible llegar a oriente. La arrogancia y la desinformación las nuevas herramientas utilizadas por algunos para evitar estar de acuerdo.

Trato Justo para los Artistas chilenos es el nuevo eslogan. La exigencia para un gobierno que ha sido electo gracias a ellos y no gracias a los votos de todos nosotros, según su particular forma de entender la democracia.

Como militares en dictadura, han recurrido a las mismas metáforas para explicarle a la gente común de la justicia de sus peticiones. Al mismo tiempo que sostienen carteles en marchas a favor de derechos que creen violentados por un proyecto de reforma que a todas luces en su mayoría no han leído, señalan con el dedo a quienes piensan diferente manoseando el ideario religioso y utilizando repetidamente las palabras comunismo y anarquismo para referirse a quienes plantean diálogo y una postura moderada y diferente. Desacreditando gratuitamente a quien piensa distinto en lugar de discrepar. Primero te ignoran. Luego se ríen de ti. Después te atacan. Entonces ganas.

Justificar una posición utilizando las palabras despojo, indefensión, hipocresía, abuso patronal, expropiación, doble estándar, pillería, escándalo y multinacionales nos debiera hacer reaccionar a todos, qué duda cabe. Diciendo que existe gente que pretende destruir a los artistas. Que hay una serie de ideas que destruirán a los artistas chilenos y que son enumeradas por donde pasamos.

Dicen que todo el proyecto de ley se ha hecho a espaldas de los artistas. Que no han sido oídos. Que la Ministra de un momento a otro perdió la cordura y se olvidó de sus colegas, de artistas, cantantes y saltimbanquis. Que los colmillos de las multinacionales ha llegado al Congreso y ha arrasado a los artistas con su lobby.

Lo siento, pero llegó el momento de decir las cosas como son, de transparentar.

  • Que el proyecto de ley no pretende exterminar a los artistas, sino que pretende romper desequilibros inaceptables en una normativa de derecho de autor. A tatuárselo en el brazo, compañeros.
  • Que si hay alguien que ha sido oído tanto en el Congreso como en la Moneda misma, consiguiendo entrevistas privadas con políticos –de las que por lo demás se jactanhan sido los mismos artistas que levantan carteles y quedan disfónicos de tanto gritar contra las multinacionales.
  • Que los que más han visitado el Congreso en el marco de esta ley han sido las sociedades de gestión que agrupan precisamente a los que más fuerte sostienen los carteles denunciando depredación y destrucción.

Entonces llega el momento de decir basta de tergiversaciones, demonizaciones y caricaturas. En democracia tenemos derecho a disentir y a poner argumentos sobre la mesa. Pero la mesa de la discusión sobre la propiedad intelectual en Chile está separada entre quienes aportan propuestas e información y quienes avanzan con anteojeras hacia la concesión de privilegios sin propuestas normativas claras.

En esta democracia de salón, donde todos son condes, duques y príncipes, la única forma de disentir parece ser a través de la descalificación ad hominem y la ofensa. A través del monólogo y la burla soterrada. A través del silencio cómplice y el cuchicheo tras las bambalinas del poder.

En una democracia de verdad los ciudadanos tenemos derecho a exigir que las políticas públicas sean dictadas en base al bien colectivo y no a intereses gremiales de un grupo de ciudadanos. Por eso no se puede discutir ni puede haber intercambio de ideas sobre lo que es mejor para el país cuando no hay propuestas del otro lado de la mesa. Cuando las únicas propuestas parecen estar del lado de la billetera antes que del corazón, descalificando de paso a quien se ponga en frente acusándolo de delirantes alianzas con empresas multinacionales y extraños e imaginarios anarquismos.

Frente a eso, queridos lectores de este humilde blog, no queda más que rebelarse. Rebelarse frente a estos demócratas de salón que con discursos trasnochados e insostenibles no pretenden convencernos, no pretenden hacernos entrar en razón.

Pretenden imponernos una versión particular de la realidad que sólo es posible ser visualizada a través de anteojos 3D especialmente diseñados al efecto. Mientras todo el mundo ve una táctica magistral de Radiohead para saltarse a las multinacionales de la música que históricamente han maltratado a los artistas, ellos ven insólitamente fracasos. Un poco como la democracia del general, donde si no estábamos con él estábamos contra él, donde quienes disienten son infiltrados de multinacionales.

El derecho de autor requiere de un trato justo para todos. Para príncipes, para artistas, para periodistas, blogers, fotógrafos. Para amateurs y profesionales. Para bibliotecarios, profesores y hermanos chicos.

Pero en este debate, los que tenemos que exigir respeto y un trato justo y digno somos todos los ciudadanos. Basta de permanecer inmóviles frente a panfletos con desinformación y delirios, los ciudadanos tenemos que exigir información.

La ilustración de arriba es una ilustración de la edición de 1550 de la "De sphaera mundi", libro de astronomía más influyente del siglo XIII. En el dominio público, naturalmente.

El derecho de autor requiere un Trato Justo Para Todos


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Por si usted no lo sabe, en Chile buena parte de la biblioteca para ciegos de Providencia es ilegal. Es ilegal también fotocopiar el libro que compraste para poder subrayar y destacar con colores amarillos ese capítulo que tienes que estudiar para una prueba. Es igual de ilegal comprar un CD de Kudai y pasarlo a MP3 para poder escucharlo en un pendrive. Es ilegal hacer un collage o samples de canciones sin autorización. Es ilegal publicar en tu blog una foto del volcán Llaima que viste en El Mercurio para ilustrar un post. Aunque dejes clarito que quien sacó la foto fue un fotógrafo del diario y no tú. Igual de ilegal es hacer una cita que supere las diez líneas. Sí, leíste bien, diez líneas. Para la legislación chilena de propiedad intelectual hacer reproducciones de obras intelectuales sin autorización (MP3, libros, películas, etc) es ilegal. Sea que lo hagas para vender o que lo hagas para uso personal. Igual de ilícito. Igual de pirata.

Todo lo anterior resulta de aplicar al día de hoy una ley que se redactó antes del año 1970, antes que siquiera se pensara en ver televisión a color. Si bien esta ley ha sufrido varias modificaciones, todas ellas han sido para sobre proteger a los titulares de derechos de autor (más bien a las transnacionales de la música y del espectáculo que a los autores, dado que son ellas quienes detentan estos derechos), aumentando las penas en forma desmesurada frente a las infracciones a la ley y aumentando los plazos de protección de 30 a 70 años luego de la muerte del autor, yendo bastante más allá que los estándares internacionales, entre otras cosas. Para ponerlo en contexto, en Estados Unidos, los 70 años son gracias a una ley llamada por algunos Mickey Mouse Protection Act, que aumentó los plazos para evitar que el ratón Mickey pasara al dominio público. En otras palabras, para proteger los bolsillos de la Disney Corp. y no el de los pobres dibujantes.

Los derechos de autor son derechos que la sociedad le entrega a los autores de una obra para que la exploten comercialmente por un lapso de tiempo. Una vez que expira ese lapso de tiempo, la obra pasa a ser patrimonio cultural común, patrimonio de todos. Lo que es obvio, dado que ninguna obra se ha creado por generación espontánea, todas se crean emulando a otro, mejorando ideas anteriores y utilizando patrones existentes. Los Prisioneros no hubieran existido sin The Clash, y nadie en su sano juicio desearía que Jorge González le pagase un impuesto a Joe Strummer o a Mick Jones. Por eso, una vez expirado el plazo, la obra pasa a lo que se denomina dominio público. Y por eso el derecho de autor no es lo mismo que la propiedad que tiene un músico sobre su guitarra.

Pero si hay una tendencia en el derecho de autor en los últimos cincuenta años ésta es aumentar la protección y eliminar progresivamente las excepciones que benefician al público, tendencia de la que Chile no ha estado ajeno. Por eso llama la atención que en este momento se esté discutiendo una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que pretende de una vez por todas restablecer el equilibrio y la cordura perdidas, estableciendo excepciones que permitan funcionar a las bibliotecas, que favorezca a los discapacitados y, en definitiva, que no nos convierta en delincuentes por usar internet. Es una reforma que pretende volver las cosas a su equilibrio. Tomar en cuenta de una vez al público.

Pero aunque ustedes no lo crean, en Chile hay quienes piensan lo contrario .


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Donde se aprecia apertura y coherencia, algunos ven violaciones. Donde yo veo equilibrios, algunos ven destrucción. Donde usted ve internet y acceso, algunos ven robo.

Así es como durante los últimos días hemos visto desfilar con pancartas y chapitas a conocidos artistas nacionales como Juan Carlos Duque, Horacio Saavedra, Denisse Malebrán y muchos otros en contra de esta reforma a la LPI. Según ellos, esta reforma privilegiaría a “las grandes empresas de internet” dejando desprotegidos a los creadores. Han armado grupos en Facebook y pagado caros insertos en diarios de circulación nacional. Se han encargado de llenar las casillas de los medios nacionales haciendo saber su enojo por una ley que según ellos se ha hecho a espaldas de los artistas y que llevará a la muerte de la cultura en Chile.

De hecho, montaron una página web -un newsletter, en estricto rigor- donde expresan su malestar exigiendo un TRATO JUSTO para los artistas de Chile con las siguientes palabras

El proyecto de ley de propiedad intelectual que se tramita en el Congreso maltrata a los artistas y autores; destruye sus organizaciones; contradice los hermosos discursos oficiales en favor de la cultura y de las organizaciones ciudadanas; da la espalda a la tradición nacional de apoyo a autores y artistas; abre las puertas a la pillería, el abuso y el dominio sin contrapesos de las grandes empresas multinacionales perjudicando a los creadores; y daña finalmente al país completo porque un país que trata mal a sus creadores se trata mal a si mismo. Tal como está, esta ley no garantiza un trato justo.

El problema, mis amigos, es que ellos están hablando a nombre de todos nosotros, porque todos somos creadores. Desde el momento en el que sacamos una fotografía o cuando escribimos en nuestros blogs. Lo que ellos están exigiendo es un trato justo para algunos. Nosotros debemos exigir un trato justo para todos.

A pesar de lo que ellos dicen, las reformas que están hoy en el Congreso no quieren eliminar a los artistas, quieren entregar derechos al público. No suprime a los autores, sino que integra a los usuarios. No fomenta la piratería, sino que pretende no criminalizar todo lo que hacemos en Internet. No decirte pirata si pasas un CD a MP3. No llamar delincuente a la biblioteca si copia un libro para proteger el original de los ratones o la humedad.

La pelea por un derecho de autor hace rato dejó de ser una discusión de expertos. Tampoco es una discusión entre artistas. Es una cuestión de interés público y que afecta nuestro día a día. Por eso hay que estar atento a lo que pasa en el Congreso y atentos a la desinformación que algunos pretenden imponer en la opinión pública.

Si alguien pide un trato justo para algunos, entre todos digamos que necesitamos un trato justo para todos.

Derecho de autor en Chile: Por la razón o por la fuerza

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“Tal como el desconocimiento de la idea de derecho de autor puede arruinar a los autores, también es cierto que el uso inflexible de leyes y regulaciones de derechos de autor o patentes puede terminar inhibiendo la libre circulación del saber y de las ideas. Es evidente que alguien inventó o diseñó la rueda. Si tuviésemos que pagar en cada caso un derecho de autor por el uso no sólo de la rueda, sino también del alfabeto, el paraguas, los zapatos, el papel o el vaso, y siguiéramos indefinidamente con esa lógica, la vida sería insoportable y el progreso imposible.”

Con estas palabras, Juan Guillermo Tejeda explica el derecho de autor en la página 102 de su libro “Diccionario crítico del diseño”, publicado por Paidos, Barcelona, el año 2006.

Las que acabo de reproducir son sin lugar a dudas palabras razonables y adecuadas a estos tormentosos tiempos que vivimos en materia de derechos de autor. Tormentosos porque somos bombardeados en forma inclemente y regular por los titulares de derechos de autor (no los Tejeda, sino los McGraw-Hill, los Adobe y los Warner Bros.) tanto a nivel del discurso como a nivel de los lobbys legislativos, tratando de convencernos de algo que hace rato dejamos de creer: que la única forma en la que puede existir arte y cultura es con un sistema de derechos de autor poderoso y restrictivo para el resto de la gente.

Es que esta posición, en resumidas cuentas, también responde en cierta medida a una forma de comprender la creación de cultura. Porque mientras la ley históricamente ha entendido que los derechos de autor son privilegios que la sociedad le entrega a los autores de obras intelectuales por un lapso de tiempo para que puedan explotar comercialmente dichas obras, hoy este derecho de autor -desfigurado de tantos esteroides- pareciera decirle a algunos que lo que ellos hacen es un arte elevado y que distingue en forma sustantiva de las obras intelectuales vulgares que realizamos todos los demás, incluyendo los artículos de este blog y las fotografías que usted y yo colgamos en Flickr. Una forma elitista de entender la creación y la cultura que se basa en concepciones de la generación de cultura pre ilustradas, por decir algo.

Todo esto que le cuento es a raiz de un interesante a la par de afiebrado artículo publicado por el mismo Juan Guillermo Tejeda en el diario Las Últimas Noticias de ayer miércoles y que ha reproducido también en su blog, donde arremete con anteojeras y a empellones en contra del proyecto de reforma a la ley de propiedad intelectual que hoy se encuentra en el Senado.

Como si el autor de las líneas que las citaba al comienzo fuera otro, Tejeda arremete en contra de lo que él denomina “comunismo de autor”, que vendría a ser una tendencia entre muchos a evitar o disgustarse porque los artistas cobren por el uso de sus creaciones. Ejemplifica Tejeda su punto criticando duramente una supuesta frase se un senador de izquierda (sic) que apuntaba que las creaciones culturales son patrimonio de la humanidad, porque si un artista escribe un soneto es de todos, pero la dieta del senador es sólo de él.

¿Sabe lo que más me sorprende? La delgada línea que separa la mala intención desinformada y la ignorancia respecto del tema. Porque, entre otras cosas, a diferencia de lo que sucede con “la dieta del senador” (qué fácil es ser demagógico en todo caso), las obras intelectuales se protegen por un lapso de tiempo y luego de expirado ese lapso pasan a lo que se denomina patrimonio cultural común. ¡Vaya diferencia con la propiedad que tengo sobre el computador en el que escribo estás lineas! Y esto por una razón simple. No hay ninguna posibilidad, ninguna, de creación de cultura sin haberse servido de obras intelectuales anteriores. Entender el derecho de autor como propiedad es, de alguna forma, una deformación funesta y corporativa de una clase de derechos que están a años luz de los derechos de propiedad regulares. Derecho de autor y re-creación siempre han ido de la mano. Lo que pasa hoy, es que la tecnología lo que hace es precisamente democratizar tanto el acceso como la creación. Sino pregúntele a Lizst y su maravillosa reinterpretación de las sinfonías de Beethoven o las obras de Schubert al piano.

Más allá del mesianismo artístico-concertacionista de algunos -que dicen sueltos de cuerpo que este gobierno salió electo por ellos y que por tanto la presidenta les debe reverencia- sorprende que lo que se está discutiendo en el Congreso y que tanto preocupa a este sector de la cultura son mayores y mejores excepciones y limitaciones al derecho de autor, para equipararnos a estándares internacionales. Porque si lo que el artista concertacionista quiere decir es que le parece mal que las bibliotecas para ciegos puedan realizar adaptaciones de obras intelectuales para los discapacitados visuales, díganlo con todas sus letras, pero no lo escondan en una verborrea histérica, maliciosa y desinformada.