¿Qué tipo de derecho a internet garantiza Finlandia?

Desde acá, y pese a compartir el frío y la latitud, Finlandia parece un país extraño. Lo último que supimos fue que se habría establecido un derecho a tener banda ancha. Lo que no siempre se ha comentado es la forma en la que ese “derecho” se configura.

A partir del martes pasado, efectivamente los proveedores de acceso a internet están obligados a proveer un acceso de 1Mbps de ancho de banda. Esto no significa que exista un derecho así como se garantiza en los países decentes (no en Chile, btw) el derecho a la salud o a la educación. Significa que todas las personas tienen el derecho a contratar un ancho de banda de mínimo 1Mbps.

Además de la extraña configuración de este derecho, la iniciativa tiene que ser matizada además porque esta novedad regulatoria tampoco cambia tanto el escenario actual, considerando que el porcentaje de penetración de internet en Finlandia es de casi un 99%.

Más todavía, si uno revisa los planes que ofrecen en Chile (por lo menos en la capital) los principales proveedores de banda ancha son de un mínimo de 2MB (Telefónica-Movistar) y de 4MB (VTR).

Creo que más importante que enfocarse en la necesidad de exigir mayores estándares de ancho de banda a las compañías -que por supuesto me parece importante- es enfocarse en a lo menos dos aspectos fundamentales. Qué tipo de políticas públicas vamos a montar sobre estas plataformas y en segundo lugar para qué queremos tener mayor conectividad.

La superación de la brecha digital, en definitiva, no pasa solamente por modificar el aspecto contractual o derivados de la relación consumidor-prestador de servicios respecto de los servicios de internet, sino por el fortalecimiento de las políticas públicas asociadas a las nuevas tecnologías y el empoderamiento (que fea palabra) de los derechos de los ciudadanos.

El Texto completo del fallo sobre la Pildora del día después

Así es, nuestros informantes estaban trabajando en las sombras durante estos días y lograron dar con el texto completo de más de 250 páginas del polémico fallo del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día después.

Personalmente no he tenido tiempo para leerlo completo, pero no podía dejar de compartirlo con ustedes, mis queridos lectores. Estaremos llenos de comentarios durante los próximos días. Siga en sintonía.

Sentencia Tribunal Constitucional a texto completo (.PDF)

Lo que sí hay detrás de la píldora

1862518950_51a4e1836f.jpg
Foto por cociole

Si hay un lugar donde pareciera que en Chile los ciudadanos discuten asuntos públicos es en las cartas al Director de El Mercurio. Esto lo digo con los labios torcidos, porque claro, lo anterior no resiste ningún análisis a la luz de las complejas teorías sobre la esfera pública. Pero pareciera ser que en nuestra democracia enclenque y enfermiza, hecha con una Constitución de maestro chasquilla, finalmente la decisión del editor del diario de Edwards es quien pareciera dirigir la discusión pública en Chile.

Como usted podrá comprender, es allí donde desde cristianos apostólicos confesos hasta liberales han entrado en discusiones sobre el fallo del Tribunal Constitucional (en adelante TC) sobre la píldora del día después (en adelante PDD).

Uno de los últimos en pretender ingresar a esta discusión es el diputado RN Nicolás Monkeberg. En carta publicada el lunes 14 discute sobre la posición del gobierno respecto del fallo (que este último considera abusivo) con una serie de argumentos que, me perdonarán, no puedo dejar de comentar.

Al contrario de lo que sostiene el diputado, que yo sepa nadie ha sostenido seriamente que lo fallado por el Tribunal sea irracional o contrario al sentido común, si es que algo así existe. Comienza su argumentación Monkeberg sosteniendo que “El Tribunal tiene el mandato Constitucional de resguardar el derecho a la vida desde la concepción, y este fallo se trataba de determinar si la píldora del día después amenazaba o no dicho derecho“. Pues bien, lo anterior es perfectamente equivocado. Incluso a la luz de una Constitución conservadora y mojigata como la de 1980.

Sepa usted que más allá de la interpretación de Monkeberg, el mandato que tiene el TC es controlar, entre otros, la constitucionalidad de leyes y decretos presidenciales, esto es, asegurarse que no existan normas jurídicas contrarias a las normas de la propia Constitución.

Pues bien, si hay algo en lo que el texto Constitucional es claro es en que no protege el derecho a la vida desde la concepción. Más allá de lo problemático que es interpretar la Constitución a la luz de lo que dijeron sus redactores (sea porque la Constitución es dinámica, sea porque sus redactores fueron designados arbitrariamente por la Junta Militar), si hay una pelea que perdió Jaime Guzmán entre los miembros de la comisión redactora fue precisamente el referido a la protección de la vida del no nacido. Guzmán, fiel a sus creencias, siempre sostuvo que la Constitución no podía permitir el aborto, en cualquiera de sus formas. El resto de los comisionados, sorprendentemente, opinaron lo contrario estableciendo un mandato legal y no Constitucional de proteger la vida del que aún no nace.

Así, la protección de la vida del no nacido se establece de la siguiente forma en la Constitución:
La ley protege la vida del que está por nacer” (art. 19 nº 1 inciso 2), lo que faculta a la ley a regular la forma en que será protegida la vida “del que está por nacer” que ciertamente no es considerado como persona ni por el texto constitucional ni lo ha sido históricamente jamás en Chile por normas de inferior jerarquía.

Por tanto Monkeberg se equivoca de manera garrafal cuando afirma que el tribunal “debe resguardar el derecho a la vida desde la concepción”. La Constitución chilena, a lo menos, no dice aquello ni de cerca.

Además, Monkeberg recurre al argumento de la duda razonable. Este argumento sostiene que si es que existe una “duda razonable” que la píldora del día después (PDD) sea abortiva, pues entonces el Tribunal tiene la obligación de prohibir su circulación.

Ciertamente más abortivo que la PDD son las esquinas filosas de las escaleras de organismos privados y públicos. Más peligroso es la ingesta de drogas durante los embarazos. Más abortivos son los golpes que puede sufrir una embarazada producto de violencia intrafamiliar. Así como a pesar que la principal causa de muerte en Chile son los accidentes automovilísticos, a nadie en su sano juicio se le ocurriría prohibir la circulación de automóviles, el que eventualmente una pastilla sea abortiva (que por lo demás existe consenso entre la comunidad científica no confesional que no lo es) no autoriza al TC a declarar su inconstitucionalidad.

Lo que no explica Monkeberg del fallo del TC es que, aun si la PDD fuera abortiva, entonces ¿Por qué el Tribunal está en lo correcto y su decisión no es una discriminación arbitraria hacia los más pobres del país prohibiendo su distribución por organismos públicos y no en farmacias privadas? ¿No es aquello sino una discriminación inaceptable en contra de quienes no tienen los recursos para ir a una farmacia privada y conseguir el fármaco y así evitar parir a un bebé no deseado?

La discusión de fondo es que una vez más estamos llegando tarde a una discusión profunda respecto de nuestra democracia que es la composición y atribuciones del TC. Un Tribunal Constitucional donde sus miembros son inamovibles y no son responsables políticamente es un tribunal mal ordenado.

Al contrario de lo que algunos han sostenido al fragor de la discusión sobre la PDD, la idea de tener Tribunales Constitucionales no es un resabio de la dictadura, sino que es precisamente parte del ideario democrático del siglo XX. Así, en una vieja discusión legal, Hans Kelsen propone esta forma de controlar el respeto de la Constitución ante los argumentos de Carl Schmitt quien sostiene que el defensor de la Constitución debiera ser quien tiene mayor legitimidad democrática, ergo, el presidente del Reich, con los todos los problemas que la historia ha enseñado. La función de estos tribunales es precisamente hacer las veces de contrapeso para decisiones mayoritarias que fueran en contra de normas básicas de convivencia civil. Así, cuando una mayoría transitoria fruto de la locura pretenda establecer la esclavitud, ahí estará el Tribunal haciendo las veces de “legislador-negativo“, defendiendo la Constitución.

Claro, estos jueces no son elegidos popularmente y existen claros problemas de legitimidad democrática ante quienes tienen importantes decisiones que tomar para la vida cívica. Pero ante esta objeción contramayoritaria algunos ha argumentado diciendo que los TC protegen valores de largo plazo que son ajenos al proceso democrático, o bien señalando que la misión del TC en una democracia decente es garantizar acceso y participación a grupos marginales que de otra forma no tienen como participar en el juego democrático.

En cualquier caso, se trata de defender un Tribunal que tiene como misión fundamental el respeto de la Constitución, con todo lo que ello significa, desde la separación de funciones hasta los derechos fundamentales de todas las personas a escoger con libertad cuando tener hijos.

El problema con la decisión sobre la PDD es que ni desde la perspectiva de la protección de la separación de funciones (¿desde cuando el TC está autorizado a dictaminar cuales deben ser las políticas públicas de control de la natalidad por los servicios de salud?), ni desde la protección de los derechos fundamentales (donde los defensores de la PDD encuentran sujetos de derecho a la vida donde la propia Constitución no determina) es posible argumentar la corrección constitucional del fallo.

Y cuando los jueces constitucionales no tienen buenas razones para fallar cuestiones tan importantes como estas, pues es hora de debatir y cambiar la forma en la que éstos funcionan.

Publicado conjuntamente donde los amigos del Blog de la República.

Circobit #10 al aire

En lo que es el primer episodio del año 2008, les cuento que ya está al aire el episodio 10 de Circobit, el podcast de tecnología y derecho, amenizado por Carlos Moffat y su seguro servidor.

En este episodio comentaremos sobre la sorprendente regulación del SPAM en Chile y sobre la polémica decisión que tiene que tomar Chile sobre el estándar OOXML promovido por Microsoft. A pesar de la aridez aparente de los temas, creo que el programa está muy interesante y es un buen inicio para este 2008. A ver si cumplimos la promesa de las actualizaciones mensuales. Apuesto que sí.

Chile es el paraíso legal del SPAM

spam.jpg

La foto de arriba ilustra mi casilla de correos. Probablemente la situación de muchos de ustedes es la misma: casillas llenas de correos electrónicos no deseados, ofrecimiento de tónicos en base de aceite de ballena, viagras mapuches, ‘invitaciones’ a shows que no te interesan, farmacias online, increíbles ofertas de hosting, curas nigerianos, entre muchas otras que le sacan el jugo a la capacidad de almacenamiento de nuestros correos. ¿A quien no se le ha pasado colado en el filtro de spam un importante correo electrónico que estabas esperando recibir?

De hecho, en un simple ejercicio aritmético, en mi caso están llegando en promedio 146 correos electrónicos no deseados AL DÍA. No quiero siquiera pensar en la estadística de blogstars como Francotirador, Juque u otros personajes más conocidos fuera de la Internets. Probablemente supere con creces los 5800 que he recibido en menos de treinta días.

El spam, en definitiva, se ha convertido en el enemigo público número uno de nuestro tiempo y paciencia.

Conscientes de esto, el año 2004 nuestros parlamentarios decidieron tomar cartas en el asunto. Luego de largas discusiones, decidieron agregar un artículo a la ley de protección al consumidor, en un artículo 28B, donde se tratara el tema en forma seria. De una vez por todas. ‘Aquí y ahora’.

El problema, como suele pasar en otros casos también, es que las buenas intenciones dieron paso a una regulación insólita, que en el caso que nos convoca vino, en lugar de ponerle barreras, a legalizar el SPAM(!), gracias a esta norma 28 B, sumada a lo que establece nuestra precaria ley de Protección de Datos, donde se autoriza el tratamiento de datos personales sin la autorización del titular cuando “el envío sin autorización previa de sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios.

Así, de golpe y porrazo, en Chile tenemos legalizado el SPAM tal como usted o yo conocemos.

167997109_d94582a347_b.jpg
Fotografía por babghan

El asunto es que en el portal Terra de la semana pasada se informa de la condena a la que fue objeto el Consorcio Nacional de Seguros por enviar correo electrónico no deseado sin ajustarse a las normas de la ley del consumidor.

Luego de un proceso judicial llevado a cabo por el SERNAC, el Consorcio fue condenado al pago de una multa de 30 UTM (aproximadamente un millón de pesos), sentencia que fue confirmada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Se muestra como una noticia extraordinaria, que por lo pronto está documentada en el propio sitio de SERNAC, explicando cómo debiera ser enviado un spam. He aquí, la madre del problema, el hilo de la madeja.

En Chile tenemos por tanto un sistema de regulación denominado opt-out, esto es, no prohibimos el SPAM, sino que lo alentamos siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en la ley, entre las que está que el correo electrónico no deseado tenga una dirección electrónica clara para darse de baja (?), lo que resulta del todo irregular toda vez que cuando alguien solicita la eliminación de su correo en esa lista no está más que validando esa dirección electrónica y por tanto la empresa de spam tiene claro que estás leyendo tu correo y por tanto sus comunicaciones no deseadas. Y así, más encima alimentamos al spammer.

Se estableció así en su momento, principalmente porque gracias al spam muchos pequeños y medianos empresarios podían darse a conocer y ofrecer a bajos precios sus productos. Sí, al igual que usted la frase de arriba la leo como “así algunas empresas pueden promoverse a costa de mis derechos y mi ancho de banda”.

Así como este tipo de correos electrónicos no deseados son legales de acuerdo a nuestra ley, así lo es también el “phishing”, actividad mediante la cual un sujeto se hace pasar por su banco y le solicita el envío de clave de acceso a su cuenta corriente online o tarjeta de crédito para así realizar una estafa por internet. En Chile todo esto es completamente legal, mis amigos.

Y más allá de los problemas de seguridad para cada uno de nosotros que esto implica, es cosa de levantar la nariz para darnos cuenta de la relevancia que todo esto tiene a nivel global. Así la consultora especializada Phistank, en su último reporte anual hace un ranking de los ISPs en los que se han reportado un mayor número de envíos de Phishing. Aparecen, por cierto, proveedores chinos y coreanos, pero el lugar número seis es para nuestro conocido VTR Banda Ancha S.A.

521269396_799345e565_o.jpg

Así, pretendiendo mantener dudosas formas de propaganda de pequeñas empresas a costa de nuestra privacidad y de nuestros derechos en general, terminamos siendo también top ten en materia de phishing a nivel mundial. A veces la protección de los derechos de las personas también va de la mano con la protección de la seguridad de nuestras redes.

Para tomarnos en serio nuestra privacidad e internet en general en Chile, deberíamos partir por darle una mirada crítica a la regulación del SPAM, para a lo menos quitarle el respaldo legal a una actividad de dudosa ética comercial.

BCN versus la Cámara de Diputados o quién esconde la información

En general, me esfuerzo por ser un tipo afable. Por sonreír cuando corresponde, por ceder el asiento, demostrar mi cariño a mis amigos, por ofrecer la mano a la novia cuando nos bajamos glamorosamente de una micro. Pero así también hay cosas que fácilmente me hacen reaccionar. La que les voy a contar a continuación es una de ellas. Guardando toda proporción, claro está.

Desde 1811 ,y con algunas interrupciones no poco relevantes, en Chile existe Congreso Nacional. Como usted se podrá imaginar, es un órgano complejo que desde 1883 cuenta con una “Biblioteca, concebida para satisfacer las necesidades, exigencias y preocupaciones del Congreso Nacional, especialmente con las vinculadas al ejercicio de las múltiples funciones de los parlamentarios.

Desde la vuelta a la democracia, y principalmente desde la llegada a la dirección de doña Soledad Ferreiro, la BCN ha cambiado levemente el rumbo y ha enfilado hacia tener un servicio hacia la comunidad, relacionar la labor parlamentaria con los intereses de información por parte de la ciudadanía. Tanto así que desde el proyecto BCN Innova han relanzado su sitio web, licencian con Creative Commons, etcétera. En definitiva, han hecho un trabajo notable desde el punto de vista del acceso a la información a través de la tecnología.

Esta es la parte donde usted se pregunta para dónde voy. O si estoy de novio con la hija de la señora Ferreiro. Y no.

biblio.jpg
Fotografía por Vastlk, CC:BY-NC-SD

Saco todo esto a colación porque, y esta es una de las cosas que me encanta de BCN, estoy suscrito al feed RSS de una serie de contenidos provistos por ella. Uno de ellos es Actualidad Legislativa que, aunque parezca ñoño, me mantiene al día de noticias relativas a proyectos de ley interesantes que se están discutiendo. Y el último mes han bombardeado con notas sobre el famoso proyecto de ley que reforma la ley de propiedad intelectual del cual -sí, lo sé- les debo dos posts 😛

Así uno puede enterarse que podrán reproducirse obras con fines educacionales, que ampliarán derecho a citar, que el delito de piratería se castigará aunque no exista ánimo de lucro, que se modificarán las penas, y que sancionarán a quienes se atribuyan obras de dominio público, entre otras.

sigalatram.png

Lo que usted ve arriba es el párrafo final de todos esos artículos, donde se supone uno puede seguir la tramitación del proyecto de ley que comentan. Lo gracioso, es que dicho link nos lleva, gracias a la magia de la internets, al famoso Sistema de Información Legislativa la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, que se supone entrega toda la información relativa a la tramitación de los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso.

Llama la atención, de entrada, lo interesante de la idea. Es decir, una página web que permita bucear entre cientos de proyectos de ley en tramitación y revisar los documentos donde están las discusiones que se dieron en las comisiones parlamentarias no tiene desperdicio. Está muy bien. Pero la forma de acceder a esta valiosa información nos recuerda más la época cuando la web la gobernaba Geocities y todos creían que se harían ricos con empresas puntocom que a la red de hoy, la de la web semántica y el boom de las aplicaciones sociales.

Que los documentos estén disponibles al público en formatos propietarios como .doc de Microsoft Word es sólo un detalle cuando usted quiere hacer un seguimiento de un proyecto de ley en tramitación. Porque, a pesar que lo permite la tecnología, no hay forma alguna de acceder a las actas que documentan las discusiones internas de las comisiones en forma actualizada. Y el ejemplo del proyecto que reforma la LPI se torna revelador: no obstante encontrarse en tramitación desde hace casi cinco meses, el único documento que puede leerse es el mensaje presidencial, no obstante que todos sabemos que, entre otras, organizaciones como la SCD, ARCHI y ONG Derechos Digitales hicieron presentaciones formales en Valparaíso expresando sus puntos de vista.

Pero todo esto está oculto a los ojos de los mortales de a pie como usted o como yo. Pareciera ser que los únicos que pueden tener acceso a estas discusiones son quienes se encuentran presentes en cada una de las salas de las comisiones de la Cámara, diputados, asesores ministeriales y asesores de diputados.

secreto.jpg
Fotografía por teverdeconlimon

En un mundo gobernado por el RSS, ¿Hasta cuando vamos a esperar a que nuestros representantes se dignen a publicar lo que se discute? Tengo la impresión que es más bien la institucionalización de la cultura del secretismo a la que estamos tan acostumbrados y es la óptica del oscurantismo y de los prejuicios con la que analizamos nuestras instituciones.

Cuando en una aburrida clase de derecho procesal, mi profesor intentaba explicar los beneficios de la reforma procesal penal y en particular de los principios de la oralidad, en lugar de explicarnos la belleza de dejar atrás un sistema contrario a los derechos fundamentales y profundamente anti democrático, nos decía que lo mejor de todo era que el juez ahora iba a poder mirar face to face al delincuente y de esa forma darse cuenta si es que era o no un pato malo sin papeles de por medio.

El defensor de la Bolocco: usted, no lo haga!

snipshot_e4k4drw4trg2.jpg

Aviso a los lectores habituales que esto no tiene nada de tecnología, pero les aseguro que va a ser el artículo más gracioso que hayan leído en este blog.

Les cuento la historia. El 22 de Mayo, luego del alboroto mediático que generó la publicación de las fotografías de Cecilia Bolocco en una revista del corazón -donde la señora de Carlos M*nem aparece en actitudes comprometedoras y en topless junto al italiano Luciano Marocchino- un estudiante de derecho de la Universidad de Las Américas, Richard Aguilar, se tomó el asunto un poco más a pecho.

Pero Richard no conoce a la Bolocco. Y tampoco pretende protegerla. Presentó el recurso de protección para defender, según sus propios dichos a la sociedad en su conjunto, a la dignidad de las mujeres en este país“.

Con fecha 23 de Mayo, Aguilar presentó su recurso de protección (Rol de ingreso 2618-07), precedido de un relativamente importante bombo mediático. Con fecha 24 de Mayo, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció al respecto en una escueta resolución donde declara inadmisible el recurso por manifiesta falta de fundamento.

Aguilar, contumaz, presentó recurso de reposición y fue nuevamente rechazado. La causa, hoy, está archivada.

rproteccion1.png

La verdad, amigos lectores, es que durante todo este tiempo este bloguer estuvo secretamente intrigado por el desarrollo de este procedimiento judicial. No porque me interesara mayormente ver las fotos de la Bolocco, sino por el arrojo y la valentía de Richard Aguilar para luchar contra la inmoralidad que contamina toda nuestra sociedad.

Contactos más, contactos menos, este bloguer tuvo acceso exclusivo a los recursos presentados por Aguilar para defender la moralidad pública. A todos nosotros, en definitiva. Seguramente todavía no ha soltado ni una miserable sonrisa. Es que ahora viene lo bueno.

A continuación, una selección de los mejores pasajes. Las faltas de ortografía son parte del documento. Richard, desde acá un abrazo de apoyo.

recurso1.jpg

A lo que agrega:

proteccion2.jpg

A veces me da gusto saber que tenemos este tipo de defensores de la sociedad, de todos nosotros, ante este caos moral que nos embarga. Si quiere leer el documento completo, haga click aquí y disfrútelo en PDF.

La buena noticia es que en este caso, la Corte desestimó los argumentos y falló, inconscientemente, a favor de la libertad de expresión. Desde acá, los respetos de este blog ante la figura primigenia de Richard Aguilar, un héroe como pocos en una sociedad consumida por la ignorancia y la ignominia ante sus reinas de belleza.

Youtube.cl: ¿quién es el malo de la película?

imagen por thms, CC-BY

Alguna vez –hablando del horroroso fallo contra elmercuriomiente.cl– comentamos los argumentos que deben cumplirse para poder revocar un nombre de dominio en Chile a través del sistema de arbitraje de NIC Chile.

Hoy, aparece en prensa la discusión que existe en Chile entre Andrés Chapero, dueño del dominio Youtube.cl, y Youtube Inc., representada por el estudio de abogados Silva & Cia.

Dijimos en su momento, que era impresentable el argumento del juez árbitro en el caso de elmercuriomiente.cl cuando señalaba que la sola inclusión de ese nombre [se refiere a la marca “El Mercurio”], es mala fe. No es concebible, que una página en Internet, le niegue su esencia a la otra, sin afectar gravemente la ética comercial dentro de la red, por lo menos, tendría que demostrar en que su competidora miente.”

Y era impresentable porque eso llevaría a muchísimos abusos en contra de la libertad de expresión, como por ejemplo, llevaría a que dominios tales como enojadosconTELEFONICA.cl o trabajadoresdeFALABELLA.cl a tener que ser revocados a favor de las empresas.

Pero el caso que cuenta EMOL de Youtube.cl es distinto.

Para clarificar, Andrés Chapero cuenta:

“Compré el dominio YouTube.cl a principios de 2006, antes de que YouTube.com se hiciera famoso. En 2005 me contacté con ellos en San Mateo para ofrecerles hacer un sitio chileno similar aprovechando mi know how en compresión de videos etc.”

Inscribí el dominio con conocimiento de YouTube en Estados Unidos y ellos en un año ya eran millonarios y eran comprados por Google unos meses más tarde”

Es decir:
– Compró el dominio conociendo el sitio norteamericano, pero sin que sea todavía “famoso”.
Ofreció hacer un sitio similar, pero chileno, aprovechando su know how.

Pasó el tiempo, inscribió el dominio y montó “una idea similar aprovechando su know how“.

¿El resultado? El sitio de Chapero es un agregador de videos que linkea a… the real Youtube.

Acá no se pone en juego la libertad de expresión de nadie.
Tampoco se pone en juego una buena idea original. Menos una idea local.
De hecho, todo lo contrario.

En este caso se grafica como esa mal llamada picardía del chileno se llama, en verdad, trampa.

El Congreso, la televisión, el Dominio Público y una sorpresa


Fotografía Figuromo en Flickr

Como si de una aventura tecnológica de Lili Perez se tratara, la parlamentaria norteamericana Nancy Pelosi montó en su blog, The Gavel, varios videos con debates de la Casa de Representantes. Un grupo de parlamentarios Republicano la acusó de violar el derecho de autor al publicar en Youtube estos 16 videos grabados desde la señal C-SPAN, que es el equivalente a nuestro canal de la Cámara de Diputados CDTV. (no insistan, no se ve en Firefox)

La cadena C-SPAN señaló prontamente que las grabaciones correspondían a obras del gobierno, tomadas por cámaras que pertenecen al propio gobierno, por lo que -según señala la normativa estadounidense- todo el contenido estaba en el dominio público y mal podría entonces acusarse a Pelosi de violación del derecho de autor, como los republicanos quieren hacer creer.

Pelosi siguió entonces publicando videos bajo estos términos. Todo bien hasta la semana pasada, donde la actitud de C-SPAN cambió drásticamente y solicitó la bajada de determinados contenidos publicados en su blog toda vez que eran transmisiones de la declaración de Pelosi ante el comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, transmitidas a través de cámaras ya no del gobierno sino que de la propia cadena televisiva.

Por tanto, la discusión comenzó y opinaron todos. La pregunta del millón finalmente era si la cobertura televisiva del Congreso realizada por C-SPAN estaba sujeta o no a derechos de autor de alguien, o bien eran también parte del dominio público, situación en la que cualquiera podría utilizar libremente dichos contenidos. Así como podemos, por ejemplo, hacernos poleras con poemas de Pedro de Oña (?) sin pagarle a sus herederos.

¿El final del cuento? Que C-SPAN hizo pública una nota de prensa donde señala que dejará disponibles al público “videos de audiencias del congreso, de la casa blanca y otros eventos federales” bajo una licencia que requiere atribución y está limitada a usos no comerciales. Sí, parecida a una licencia Creative Commons, como ellos mismos aclaran. Buena noticia aunque algunos sostengan posiciones algo más drásticas.

Usted, lector atento que ha llegado hasta acá se preguntará cual es la sorpresa. Y la respuesta, como suele pasar en las películas de suspenso, está más cerca de lo que creía. Sí, sospechó bien. La sorpresa es lo que pasa en Chile.

Lejos de esta polémica entre medios, política y derecho de autor, la situación es la siguiente: Dado que en Chile de no decir nada una obra protegible por derecho de autor se encuentra en el dominio privado, y dado que en nuestro país no existe una norma expresa que contemple que los documentos públicos, las sentencias e incluso las leyes se encuentren en el dominio público, tanto las discusiones que se dan dentro del Congreso Nacional como las transmisiones televisivas vía CDTV o SenadoTV pertenecen al dominio privado y ni yo ni tú, querido lector, podríamos, por ejemplo, subir parte de esos contenidos a Youtube o Revver sin pedir permiso a sus titulares (¿El presidente de la cámara? ¿el parlamentario que habla? ¿El Estado?).

En Chile, entonces, no podríamos hacer un video podcast extrayendo escenas del canal de televisión de los diputados para contrastar sus opiniones dentro del foro con las opiniones a los medios de comunicación, no podríamos hacer una selección de las opiniones más desafortunadas realizadas dentro del Congreso, etc, etc, etc. sin la autorización de su titular (?).

La sorpresa, mis amigos, es que en Chile se da la paradoja que aquellos documentos que se producen para nuestro beneficio, muchas veces para que nos informemos, y financiados por los impuestos que pagamos todos nosotros, no nos pertenecen y más aún, no podemos utilizarlos.

Una vez más, los absurdos del derecho de autor golpean nuestra libertad de expresión con un golpe seco y directo al mentón.

Como Libertad y Desarrollo entiende la propiedad

foto por tejana

En La Tercera de ayer aparece una interesante nota sobre el reporte anual 2007 del International Property Rights Index (IPRI), que según el instituto de ultra derecha Libertad y Desarrollo señalaría que la Piratería es la mayor debilidad de Chile en derecho de propiedad.

Simpático, sostiene La Tercera que el director del Instituto Libertad y Desarrollo (cuya horrorosa página web no pudimos ver en Firefox), Tomás Flores, señaló que

los países se mueven a través de las amenazas de sanciones, por esta razón, China va a comenzar a regular si situación en cuanto a respetar los productos del resto (…) aún no ha habido sanción para Chile”.

Ya sabe, así como la gente, los países se mueven a través de las amenazas de sanciones. Con la mano levantada, como se dice.

Como soy intruso e inquieto, -y principalmente porque me sorprendió un estudio sobre propiedad en Chile, el paraíso de la propiedad- me puse a buscar el famoso reporte, donde salieron a lo menos cuatro sorpresas.

1.- Que si uno revisa el informe de la IPRI se da cuenta que efectivamente, Chile es por lejos el país más protector de la propiedad en toda latinoamérica. Más que México, más que Brasil. Y esto no es sorpresa, como usted sabe, los juristas que redactaron la constitución de Pinochet tenían una fijación con el derecho de propiedad, tanto así que este derecho es por lejos el más protegido y garantizado en el ordenamiento jurídico chileno, incluyendo a lo menos tres acciones constitucionales directas pensadas en proteger la propiedad.

2.- De 70 países analizados, Chile aparece en el segundo quintil de países más protectores de la propiedad, junto con España, Francia, Italia, Portugal, Corea y Grecia, por nombrar algunos. Quedando sobre países como República Checa, México y Brasil.

3.- El índice promedio en latinoamérica de protección de propiedad intelectual es 4,0. Chile, con su 5,3 se ubica 2 en latinoamérica y 31 a nivel mundial, un lugar muy similar al que se ubica en términos generales en todo el mundo.

4.- El que sea un estudio patrocinado por centros de estudio de derecha, sorprende que Chile tenga mejores índices de corrupción (7,3) que de estabilidad política (6,7). ¿Alguien me explica esto?

Sorprende que las notas de prensa en general no hagan un análisis mínimo del estudio correspondiente a Chile, como por ejemplo mirar el reporte en PDF, antes de lanzar una nota señalando las debilidades de Chile en materia de propiedad. Uno, porque es poco riguroso, y dos porque, como vemos, es derechamente falso.