TPP

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A principios de los dos mil Chile estaba en una situación diferente. Luego de décadas de exclusión en el contexto internacional, la economía de Chile necesitaba un empujón que permitiera su desarrollo comercial, y para ello la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos fue un objetivo que al que Chile quiso llegar como quiera fuesen las circunstancias y sus costos. Los costos fueron varios, pero de entre los más sonados son el aumento radical de los criterios de protección en materia de derechos de autor, incluyendo aumento de plazos de protección más allá de los estándares internacionales.

Hoy Chile está en un momento diferente. Y el mundo está en un momento diferente. No solo China ha desplazado a nuestros principales socios comerciales de la época, sino también Chile tiene en su cartera una buena cantidad de acuerdos comerciales que fomentan el libre comercio a nivel global. Con todo esto, es llamativa la tenacidad del gobierno de Sebastián Piñera de cerrar un nuevo tratado de libre comercio llamado eufemísticamente Trans Pacific Partnership (TPP), que tiene como socios solo a países con los cuales Chile tiene ya firmados acuerdos de libre comercio lo que supondrá re-negociar estos acuerdos que no tienen ni siquiera diez años desde su suscripción. A lo anterior, debiera indicarse aspectos aún más problemáticos, como el excesivo celo en las negociaciones, declaradas secretas, que hace imposible saber -incluso para el Congreso Nacional- a qué nos estamos comprometiendo normativamente en el TPP.

Las voces críticas en contra de la conveniencia de este tratado vienen de todas partes. Sin ir más lejos, el que fuera jefe negociador de Chile en TPP hasta hace un par de meses, levantó alertas respecto de lo que los países están comprometiendo y los problemas que esto podría suponer. Adicionalmente, un informe del ex-jefe de DIRECON durante 2004-2010 añade aún más dudas, indicando que las ganancias para Chile en TPP serían, de existir, marginales; y los costos altísimos, destacando, entre otros, temas de derechos en internet. 

Este es un tratado que se negocia de manera secreta, sin que existan señales claras de los beneficios que podría tener para el país -pero muchas luces de sus problemas- y que, dado lo complejo de su alcance, sus negociaciones se han trabado en aspectos sensibles. Pese a todo lo anterior, el gobierno del presidente Piñera parece esmerado en cerrarlo antes de la cumbre de presidentes APEC en Octubre de este año. La pregunta entonces ya no es solo por qué el gobierno mantiene como secreto algo que se supone beneficioso, sino también qué razones -y a cual precio- el presidente Piñera está ofreciendo cerrar este acuerdo y a sólo algunos meses de dejar el poder. Quizás, este es el momento en que debiera intervenir la política. 

-Columna escrita para ONG Derechos Digitales.

Chile en Internet Governance Forum 2012

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Foto de ISOC, CC: BY-NC-SA

Durante estos días estoy en el Internet Governance Forum. IGF es un foro organizado por Naciones Unidas desde 2006, donde en un formato de multistakeholders representantes de estados (más de ochenta presentes), de empresas y de organizaciones sociales discuten sobre las políticas de lo que se denomina internet governance, básicamente la forma en la que las políticas públicas y las prácticas privadas van moldeando la forma en la que usamos internet. 

Un foro muy importante, con mesas de discusión en formatos abiertos y participativos. De las más de mil quinientas personas hay dos participantes chilenos y los dos somos representantes de sociedad civil. 

Pese que el gobierno de Chile ha tenido un discurso agresivo en torno a sus políticas digitales, la realidad ha mostrado unos pasos más bien sinuosos y confusos respecto de sus políticas de internet sin tener -aún- siquiera un único interlocutor cuando se trata de políticas en internet. Lo que lo hace más grave, con una “agenda digital” extremadamente ambiciosa y concentrada en la generación de servicios y en un rol del Estado vertical hacia el ciudadano, como un proveedor de servicios, antes que un articulador de internet como una herramienta para el desarrollo de derechos humanos. Como si se tratara de un acto fallido, y salvo los esfuerzos de MINSEGPRES, en la web de SUBTEL no es posible encontrar mucha información y el sitio web de la Estrategia Digital está “en mantención” (!) desde hace meses.

La ausencia de Chile en IGF es una consecuencia de dos elementos. Primero, de la confusa estructura de las políticas digitales en Chile (¿depende de MINSEGPRES? ¿De Subtel?) donde ciertamente no hay una autoridad hacia la cual exigir accountability de este tipo de asuntos. Segundo, de la existencia de una «Agenda Digital del silencio», donde no hay plan alguno que pretenda desarrollar políticas públicas que apunten a potenciar las nuevas tecnologías como una herramienta para el desarrollo de derechos. El respetuoso silencio que han tenido las dos agencias respecto del proyecto de ley de datos personales que se tramita en el Congreso y la inexistente información que SUBTEL ha entregado respecto de la posición de Chile en WCIT en Dubai no hacen sino reforzar la idea de la Agenda del silencio. Claro, los derechos nunca han servido para cortar cintas. 

La Estrategia Digital del silencio

A simple vista, la agenda pareciera estar siempre marcada por la urgencia que las tecnologías le imprimen al desarrollo o a la modernización del aparato público. Como si se tratara de un tren al que debemos subirnos de cualquier forma, los esfuerzos desde el ejecutivo suelen ser abordajes desesperados, con más anhelos que pericia, para alcanzar -en lo posible en el corto plazo- niveles de desarrollo acordes a nuestro crecimiento.

Luego de la pretenciosa promesa de revolución digital hecha por el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, parecía que por fin los esfuerzos realizados por los equipos técnicos durante la última década darían los frutos esperados. Contra todo pronóstico, y luego de un par de bochornos inexcusables, el ahora Presidente decidió desmembrar la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital dependiente del Ministerio de Economía para dar paso a un equipo de Modernización y Gobierno Electrónico dependiente del MINSEGPRES. Dicho equipo se encargó de diseñar un plan estratégico 2011-2014 que debiera guiar las políticas públicas en esta materia. Básicamente este plan consiste en un gobierno centrado en el ciudadano, proveer herramientas para mejorar la eficiencia, y un gobierno abierto.

Resulta interesante darle una mirada no solo a lo que dicen las líneas de acción sino también a lo que silencian. En lo concreto, este plan estratégico hace una apuesta por profundizar el rol del Estado como un prestador de servicios hacia los ciudadanos. Como si se tratara de la única forma de vincular al aparato público con la ciudadanía, los esfuerzos parecen concentrarse en aceitar los procesos y servicios que se ofrecen respecto de trámites e información a obtener por parte de instituciones del Estado. Una relación, siempre vertical, donde es la apertura (todo lo ‘open‘) el gancho para edulcorar una estrategia que francamente carece de una visión que haga suya la participación y el fomento de los derechos como eje de una táctica de futuro.

Probablemente el mayor silencio que tiene este plan tiene que ver precisamente con el ejercicio de derechos. Es cierto que han sido las prácticas y no la normativa quienes han transformado a internet en un escenario ideal para el desarrollo de los derechos fundamentales. Han sido los protocolos abiertos, la colaboración y el carácter neutro de la red los que han provocado cambios radicales en la manera en que nos relacionamos social y políticamente en el siglo veintiuno y permiten soñar en un futuro más igualitario, justo y participativo. Pero la legislación se ha transformado en un brazo armado para la protección de ciertos intereses privados. Ha sido la legislación la que ha comenzado a moldear la tecnología, adaptar internet, para la satisfacción de inquietudes diferentes. Así, hoy internet también parece ser un campo fértil para la coacción, la persecución política, restricciones abiertas al acceso al conocimiento, violaciones a la intimidad y la restricción de la libertad de expresión particularmente de los discursos críticos.

Una estrategia, un plan de acción digital, que piense en el interés público debiera tratar y no silenciar la forma en la que como sociedad queremos que nuestros ciudadanos ejerzan sus derechos en el entorno en línea. Los ciudadanos no son sólo clientes de los servicios que ofrece el Estado, sino que debieran ser el eje sobre el que se construya un plan de acción. Lamentablemente, la historia nos indica que el silencio suele ser también una estrategia.

Llega Amazon.es y no nos sirve de nada

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Ilustración por Giles Lane, CC:BY-NC-SA

Llega Amazon a España y se encienden las alarmas. ¿Irá a cambiar el mercado editorial nacional? ¿Se masificarán por fin los libros electrónicos en castellano? Si es así, ¿podremos disfrutarlo?. Me pidieron la opinión para El Mercurio del domingo pasado y esto fue, más o menos, lo que respondí.

 

El geoblocking es un efecto que es resabio de los viejos contratos editoriales previos a la masificación de internet y de los libros electrónicos.

En base a él, los contratos que unían a autores con distribuidores suponían la exclusividad de determinadas casas editoriales para distribuir ejemplares de libros basados en coordenadas geográficas. Así, por ejemplo, una casa editorial puede negociar la exclusividad en la distribución de ciertos libros en Chile y podría existir otra distinta con las mismas facultares para México o Argentina. Esta exclusividad, en el caso de autores consagrados, tiene alcances regionales y no sólo a nivel nacional, pudiendo establecerse condiciones de distribución, entonces, para una región completa.

Esta práctica contractual, todavía vigente, supuso muchos problemas para las primeras editoriales que quisieron distribuir sus libros a través de medios electrónicos. En parte porque los contratos no contemplaban dicha forma de distribución, en parte porque existían limitaciones geográficas para un tipo de distribución que prescinde de dicha limitante (mal que mal antes era un tema también de transporte y stocks), hoy en día el mundo editorial en lugar de dar un paso para poder aprovechar esta oportunidad del entorno en línea, ha decidido mantener dichas prerrogativas geográficas del mundo analógico aplicándolas al mundo digital, con el evidente problema de distribución para ciertas regiones del mundo que no resultan muy interesantes ni para los vendedores de e-readers ni menos para los de libros electrónicos.

En parte son este tipo de transacciones contractuales-comerciales las que suponen barreras difíciles de comprender para la masificación del comercio en línea de libros electrónicos en Chile.

Es difícil de precisar el impacto de la llegada de Amazon a España, porque su éxito va a estar vinculada a las hasta ahora lamentables decisiones de Libranda (la plataforma de comercialización de libros digitales de las editoriales españolas), que gracias a sus dudosamente legales sistemas de protección anticopia (DRM) y su incompatibilidad de formatos ha hecho imposible la masificación de la venta tradicional de libros electrónicos en castellano.

Hasta el momento, sin ir más lejos, los archivos que contienen libros que pertenecen a Libranda son incompatibles con el Kindle de Amazon y con el iPad de Apple. Es decir, por más que usted desee leer Los Detectives Salvajes de Bolaño en su nuevo Kindle Fire o en su iPad, la única alternativa que tiene es conseguirlo a través de medios informales. No hay forma de conseguirlo, en castellano, de manera legal. Y luego es esta misma industria la que se queja de la masificación de la piratería.

De hecho, la masificación de sistemas de protección anticopia (DRM) ha sido la piedra de tope no solo para la masificación de libros electrónicos sino también para cientos de otras obras intelectuales que circulan a través de medios digitales. Es más, existen casos en otros países donde la ley permite hacer ciertos usos con obras -usos que uno puede hacer libremente en el libro impreso- (derecho de cita, copia privada, préstamo, etc), son bloqueadas a través de estos sistemas informáticos. En mi opinión son estas prácticas -de la industria, por cierto-, y no otras, las causantes de la masificación de los intercambios informales de obras protegidas de derechos. Demanda hay, oferta no.

Medios y opiniones divergentes

La música es parte fundamental en mi vida, pero rara vez escucho radio. Esas pocas ocasiones coinciden casi siempre con traslados en la ciudad como el del martes pasado, cuando cerca de las 22 horas, sintonicé radio Bío-Bío. Era la primera vez que escuchaba el programa Hoy en La Radio, conducido por el periodista Juan Francisco Canales, quien conversaba en vivo sobre temas de contingencia vinculadas a la justicia criminal con Mario Schilling, hasta hace poco vocero de las acciones de la Fiscalía Oriente del Ministerio Público.

Era una conversación respecto del actuar de nuestros tribunales y del sistema penal a propósito del caso de la puesta en libertad de un menor imputado de abusar a una mujer en Lo Barnechea. El ex representante de la fiscalía era quien moderaba, no sin dificultad, el tenor del diálogo liderado por el conductor del programa, quien utilizó con talento todas las frases chichés y los prejuicios asociados al actuar de los tribunales y el problema de la delincuencia. Pero Mario -inquiría el conductor-, ¿Y si se tratara de tu esposa?”, “Mario, yo entiendo pero y si fuera tu hija la violentada, ¿estarías tranquilo?”. O bien alocuciones falaces requiriendo más mano dura y tolerancia cero y partiendo de supuestos del tipo “tenemos un sistema penal que protege a los delincuentes y no a las víctimas”.

Mi fastidio respecto de lo que escuchaba me hizo reflexionar respecto del rol de la independencia (que la radio de hecho utiliza como slogan) para la libertad de expresión.

Una de las ideas que ha preocupado al profesor Cass Sunstein desde hace algunos años tiene que ver con la tensión existente entre el desarrollo de nuevas tecnologías y la libertad de expresión. Sunstein sugiere que el desarrollo tecnológico vinculado a la distribución de ideas en internet podría amenazar algunos aspectos claves para la política y la democracia. En Republic.com (libro de 2001) sostiene que si internet permite aislarnos de aquellas ideas que no compartimos, de aquellos pensamientos divergentes con nuestras creencias e ideas de bien, podría debilitar parte importante del diálogo democrático. La exposición de nuestras ideas y valores en público permite que ellas sean debatidas y puestas en juicio por quienes no comparten nuestros supuestos para poder así llegar a consensos políticos y construir democracia. De lo contrario, señala Sunstein, sin que nuestras ideas sean desafiadas, corremos el riesgo de tener confianza excesiva, sostener posiciones extremas, despreciar a los demás y, en ocasiones, incluso llegar a la violencia.

Si siguiéramos al pie de la letra la reflexión de Sunstein encontraríamos buenas razones para que los medios entregaran espacio importante a opiniones divergentes a su línea editorial. Si lo piensan, es quizás esa la razón por la que The Clinic en su momento y El Mostrador en estos días, le entregan tribuna a las delirantes, aunque graciosas, columnas de Hermógenes Pérez de Arce, o la razón que explica la presencia destacada de Teresa Marincovic en el diario electrónico. Pero estas no son razones suficientes.

Juan Francisco Canales, Pérez de Arce y la señora Marinovic tienen derecho a decir lo que piensan. A opinar aun si esas opiniones en realidad constituyen disparates. Incluso, recogiendo el guante de Sunstein, existen hasta razones para darles espacio y exponernos, quienes pensamos distinto, a sus ideas. El punto de fondo es que en Chile hay suficientes medios de comunicación como para escuchar discursos alarmistas, falaces, histéricos y, por si fuera poco, profundamente conservadores y clasistas respecto de las políticas criminales. Estamos rodeados de esos medios y de esos discursos que dominan además la agenda política.

Lo que debiéramos esperar de un medio independiente -sea lo que sea signifique-, por tanto, es reflexión, información y contexto. No más alarma, más prejuicios y más intuición, que encontraremos en todas partes con facilidad. Radio Bío-Bío y El Mostrador son dos importantes excepciones en nuestro mercado de medios porque se construyen desde un espacio que -intuyo- de alguna manera representa a quienes creemos en una sociedad más justa, más plural, dialogante y fundamentalmente más igualitaria. Cuando estos espacios deliberativos son cooptados por discursos hegemónicos llenos de intuición y prejuicios los discursos minoritarios se hacen aún más minoritarios y se escuchan a un volumen todavía más bajo.

Sobre cultura juvenil

protesta_Estudiantes

Some people see rock & roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do?

I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture by mass marketing, and commercial paranoia behavior control. And the first step is to destroy the record companies.

(Thurston Moore, en 1991 – The Year Punk Broke). Sampleado en uno de los momentos musicales más bonitos del último tiempo:

Innovación: dos pasos adelante, tres para atrás

A raíz del profundo cambio que sufriese hace unos días la Secretaría de Desarrollo Digital, liderada hasta entonces por el Ministerio de Economía, no deja de sorprendernos cómo el país sigue dándose el lujo de perder día a día más terreno y oportunidades. El Estado de Chile tenía un CIO (máxima autoridad informática) a cargo de coordinar exclusivamente las materias digitales del Estado ¡Ahora no! ¿Qué pasó? Algo que parecía muy importante para nuestros gobernantes, quedó internalizado como una de las 50 iniciativas de la agenda de Modernización del Estado. O sea, se perdió inexplicablemente el carácter de política prioritaria y estratégica, pasando a ser una más entre medio centenar de medidas pro-desarrollo.”

(Cristian Ocaña, Colegio de Ingenieros de Chile. Vía El Mostrador)

De acuerdo en casi toda la columna, pero especialmente en el primer párrafo, que cito.

Y yo agregaría, como ejemplo, que el Consejo Consultivo de la Estrategia Digital (del que soy parte como director de la ONG Derechos Digitales), no se ha reunido en los últimos 3 años.

Chile pirata (crónica de una noticia circular)

Rodera

Cuando se acerca el temido -aunque inútil y al parecer poco disuasivo- reporte 301 de la USTR (Office of the United States Trade Representative) comienzan a aparecer las notas de prensa haciendo ver a Chile como un paraíso para el comercio ilegal de mercancías y la piratería rampante. Notas de prensa alentadas por los departamentos de relaciones públicas locales de garantes de la competencia y el libre mercado como son Business Software Alliance (BSA) y Microsoft, cuyos representantes parecen ser los únicos validados para dar por verdades certificadas dudosos estudios encargados por ellos mismos y ratificar la gravedad de un reporte -el 301- que ayuda a redactar la propia industria norteamericana y que pretende presionar comercialmente a países pequeños como Chile para endurecer cada vez más sus leyes de propiedad intelectual.

Las oficinas de relaciones públicas de estos voraces lobbys parecen estar bastante cerca de la redacción de El Mercurio, que -de manera paradójica, si lo piensa- copypastea comunicados de prensa haciendo ver la gravedad de la situación. Las fuentes, una vez más, siguen siendo las mismas y anuncian lo impresentable que es este pequeño país al lado de las economías de aquellos países con los que ansiamos codearnos y compartir pisco sour en los cócteles con nuestros tuxedos de segunda mano.

Buscar el informe de la consultora IDC es una empresa complicada. La noticia, además, no aparece más que en El Mercurio. Google News no da resultados y el buscador de la propia consultora no entrega información relevante. Donde sí existe información relevante es en el sitio de la propia BSA, donde aparece la misma información que publica El Mercurio con fecha de hoy 1 de febrero en un comunicado de prensa enviado desde Washington DC el 11 de mayo de 2010. Sí, hace más de ocho meses.

11mayo2010

En dicha fecha, además, el matutino ya titulaba la nota de prensa como «Piratería de software en Chile baja tres puntos y llega a 64%», una paráfrasis un poco floja de la bajada de la nota de hoy.

1febrero2011

Chile, en un estudio que ni siquiera aparece en la página web de la consultura, al parecer tendría una tasa de 64% de piratería de software, aunque sin especificar con claridad qué significa ello. Al mismo tiempo, pareciera ser un elemento sin importancia las diferencias de ingreso per cápita de los mismos países socios o las diferencias vergonzosas en los niveles de penetración digital que aparecen en la comparación. Para qué hablar de los estándares normativos que se intentan promover, donde Chile parece ser el alumno más aventajado de la región gracias a sus tratados internacionales de libre comercio.

A estas alturas del partido exigir en Chile un periodismo medianamente crítico se parece más a un ejercicio de nostalgia que una necesidad para nuestra democracia. Sobre todo en febrero.

Actualización:

A la nota de El Mercurio se le agrega el copypaste de:

Revista Capital.

El Universal de México.

El reglamento de la ley es mejor para la neutralidad

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Lo que sigue es una columna escrita para la web de la ONG Derechos Digitales.

§ §

A mediados del año 2010, publicamos nuestras dudas respecto de la entonces recién promulgada ley de neutralidad de la red. Pese a la euforia inicial, acrecentada por la idea de ser la primera legislación sobre neutralidad de la red en el mundo, la normativa que modificaba la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) mostraba una serie de problemas, además de entregar muy amplia discrecionalidad al ejecutivo al momento de redactar el reglamento de la ley. Varios meses después, con el reglamento a la vista, se hace necesario volver a analizar cómo los principios de neutralidad se ven o no insertos en la normativa y si, en definitiva, es o no una reglamentación que impida la discriminación entre tipos de contenidos y aplicaciones por parte de los prestadores de servicios de Internet.

El reglamento establece una regla general, de la misma forma que lo hace el artículo 24h a) de la LGT, negando a los ISP la posibilidad de intervenir “arbitrariamente” en el uso de Internet por sus usuarios. A continuación, establece en el Artículo 8º ciertos casos en que se puede vulnerar el principio de neutralidad, señalando que los ISP podrán llevar a cabo medidas de gestión de tráfico y administración de red siempre que ello no tenga por objeto afectar la libre competencia. En dicho caso, agrega el inciso segundo, ello deberá ser informado previamente a los usuarios.

Adicionalmente, el inciso final del Artículo 8º -en una confusa redacción- indica qué considerará como acción restrictiva a la neutralidad, entendiendo como tal aquellas medidas de gestión de tráfico y/o de administración de red que tiendan a bloquear, interferir, priorizar -entre otras acciones- el acceso a servicios, aplicaciones y contenidos de la red no informadas a los usuarios o bien ejecutadas de manera arbitraria o discriminatoria. Finaliza el artículo indicando que entenderá por arbitraria y/o discriminatoria aquellas acciones que apunten a un tratamiento injustificadamente diferenciado entre proveedores de aplicaciones y/o usuarios.

Cabe destacar que publicado el reglamento, se extraña un proceso más participativo en su redacción –como ha sucedido en otras áreas-, toda vez que es un texto complejo, lleno de tecnicismos pero crucial para el desarrollo de Internet en el país. Una participación abierta de diversos actores sin lugar a dudas habría evitado algunas lecturas apresuradas y habría permitido tener un texto más rico y consistente.

Con todo, si bien siguen existiendo normas problemáticas, como la referencia a las actividades de carácter “legal” o la débil mención a la protección de los datos personales de los usuarios, ello no parece ser producto del texto del reglamento, sino de inconsistencias que ya están presentes en el texto legal. Es decir, de las carencias aún existentes en la regulación de la neutralidad de la red en Chile, no se colige que el texto del reglamento sea un paso atrás, sino por el contrario: la determinación clara de aquellos actos que se consideran “arbitrarios” (mucho más acotado que lo esbozado por la ley), y la exigencia a todo evento de información previa sobre los actos contrarios a la neutralidad autorizados por ley, hacen pensar que estamos dando un paso adelante hacia la consagración de un principio fuerte de neutralidad de la red en Chile.

Chile en OMPI, edición Septiembre 2010

A propósito de Stevie Wonder, les comentaba de la actitud ambigua del gobierno Chileno en OMPI a propósito de la propuesta de un tratado para discapacitados, que homologue a nivel internacional las excepciones aplicables.

Hoy, tenemos la declaración oficial del Estado de Chile al respecto. Los destacados son del suscrito.

Gracias señora presidenta,

Chile ve con preocupación el lento progreso que se ha logrado en el Comité Permanente de Derecho de Autor, incluso en aquellas materias sobre la cuales existe amplio grado de consenso sobre la conveniencia de avanzar .

Chile ha promovido fuertemente la agenda de dicho Comité, principalmente en lo que se refiere a Excepciones y Limitaciones al derecho de autor. Por esta razón hemos apoyado la propuesta de Brasil, Ecuador, Paraguay y México ya que nos parece que es un acto de justicia el lograr acuerdos en lo referido a un instrumento internacional que permita resolver el problema de las personas con alguna discapacidad visual para acceder a la lectura. Por lo anterior, creemos que el Comité no puede seguir retrasando este tema, y buscar las vías adecuadas con el objeto de resolver prontamente esta materia.

En el mismo sentido, hemos apoyado que los temas relativos a audiovisuales y radiodifusores se mantengan en la agenda de este Comité. Confiamos en que las diferencias que aún existen en estas materias serán resueltas durante la próxima reunión de este Comité en el mes de Noviembre y por cierto seguiremos participando activamente con vistas a lograr soluciones de consenso.

Bueno, está diciendo que sí, que apoya la propuesta. Pero al mismo tiempo sostiene que el Comité debe buscar las vías adecuadas (lo que quiera que eso signifique) para resolver el problema. ¿Un tratado? ¿Acuerdos no vinculantes? No lo sabremos.