Hacia una internet libre de censura en américa latina

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El año recién pasado el director del Centro de Estudios de la Libertad de Expresión dependiente de la Universidad de Palermo (Argentina), Eduardo Bertoni, me invitó a participar en una investigación sobre el estado de la libertad de expresión en internet en latinoamérica. Acepté encantado.

El resultado de dicha invitación es lo que fue publicado hace algunos días y que es posible descargar desde la web de la Universidad de Palermo. Es una compilación de artículos más que interesante de temas que van desde difamación hasta responsabilidad de prestadores de servicio.

Es precisamente el último de los temas el que trabajamos desde Chile. Hablo en plural porque buena parte del artículo se hizo gracias al trabajo de Juan Carlos Lara, investigador de la ONG Derechos Digitales.

Si bien la publicación lamentablemente no está disponible con licencia de uso abierta, nuestro artículo sí. Lo pueden descargar desde acá mismo (PDF, CC:BY-SA).

Dos ideas sobre la censura en Twitter

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Alarma ha provocado el anuncio que hace algunos días hizo Twitter respecto del cambio en sus términos y condiciones de uso. En ellas, señalan que (la traducción es mía)

En la medida que continuamos creciendo a nivel internacional, entraremos en países que tienen ideas distintas sobre los contornos de la libertad de expresión. Algunas son tan distintas de las nuestras que no vamos a ser capaces de existir allí. Otras son similares, pero por razones históricas o culturales, restringen ciertos tipos de contenido, como Francia o Alemania, que prohíben el contenido pro-nazi.

Hasta ahora, la única manera de hacerse cargo de los límites existentes en esos países era remover el contenido a nivel mundial. A partir de hoy, tendremos la capacidad de reactivamente retener el contenido de los usuarios en un país determinado, quedando disponible para el resto del mundo.

La cosa es así. Si en Argentina usted decide que la fotografía que filtró su amante en la red social, puede recurrir a tribunales y solicitar la bajada de dicho contenido. En Argentina, de hecho, hay muchos casos así. Hasta ahora, el efecto que tendría dicha orden judicial, sería de carácter global, impidiendo a cualquier poder acceder a esa imagen. La nueva política implicaría que en lugar de tener efectos mundiales, el bloqueo tendrá efectos solo locales, permitiendo a usuarios de otras jurisdicciones poder acceder a dichos contenidos no obstante estar bloqueados en un determinado país.

Esos son los hechos. Ahora, dos reflexiones.

UNO.

Antes de hablar de censura y abuso en los nuevos términos de uso hay que tomar en cuenta que hoy se bajan contenidos de redes sociales. Todos los días. Y todos lo hacen, algunos con mayor transparencia (Twitter, Google), otros con menos (Facebook). Y esto, por lo demás, es razonable que ocurra. Es un derecho vinculado a la protección de la privacidad poder solicitar la bajada de ciertos contenido bajo las circunstancias que la ley local establezca para la protección de cierta información personal. Esto no va a cambiar con las nuevas políticas.

La diferencia entre lo que sucede hoy y las nuevas políticas es que ahora dicho bloqueo sólo tendrá efectos locales. De censura poco puede haber si las bajadas de contenido se hacen 1) Localmente; y 2) bajo las reglas establecidas en las leyes locales y no de manera arbitraria.

Más aún, Twitter ha señalado que colaborarán aún más estrechamente con el proyecto Chilling Effects del Berkman Center de Harvard que monitorea las bajadas de contenido en internet. O sea, más encima con transparencia.

DOS.

Si existe un problema, éste es normativo, no de los términos de uso de Twitter. Y se me ocurren al menos dos problemas.

  1. Twitter lidia con ser una empresa con domicilio en Estados Unidos que presta servicios para el resto del mundo. Como tal, tiene dos opciones. O bien pretende estar por sobre las leyes del resto y aplica la jurisdicción de California ante cualquier evento -lo que implicaría quedar fuera de países con estándares legales diferentes (de libertad de expresión, privacidad o derechos de autor)- o bien se adapta a la normativa local. Y tengo la impresión que la nueva política apunta a lo segundo. Con lo que lidia, en definitiva, Twitter, es con el carácter global de internet y, en mi opinión, no lo hace de la peor manera. Si en Irán los jueces estiman que hacer bromas con la religión es un acto prohibido no creo que sea razonable para el resto del mundo estar sujetos a dicha prohibición.
  2. Mi colega Alberto Cerda me hacía ver el problema vinculado a la jurisdicción internacional. Si existe un tratamiento similar para la, digamos, protección de datos personales en una serie de países, no parece razonable que los efectos de una sentencia judicial en un país de aquellos no pueda tener los mismos efectos en el resto. Esto pensando especialmente en la posibilidad de demandar por perjuicios. Ahora claro, este es, de nuevo, un problema de la normativa, no de las ToS. Tengo dudas que un servicio privado tenga la obligación de tener mejores estándares que lo que establecen las leyes locales.

Recomiendo, adicionalmente, leer las reflexiones de Jillian C. York, de EFF, sobre el tema. De censura, entonces, pocazo. A apagar las alarmas.

¿Cuál es la ley de censura en internet?

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En estos días ha aparecido en prensa la existencia de un proyecto de ley que pretendería establecer censura en internet, cortar la conexión a internet y dejaría a los prestadores de internet (ISP) como policías para perseguir infracciones a la ley de propiedad intelectual.

Dos noticias. La primera es que existe un proyecto de ley, pero de propiedad intelectual. La segunda es que el proyecto no contempla ninguna de esas tres cosas. No existe, en definitiva, ningún proyecto de censura en Internet.

El proyecto de ley, por el contrario, es el primer esfuerzo serio de tener un sistema de derechos de autor equilibrado y justo, con excepciones y limitaciones para bibliotecas, establecimientos educacionales y público en general. Un proyecto que adapte de una buena vez la ley que data de 1970 y que, a estas alturas, es insuficiente para la realidad del siglo veintiuno.

En el contexto de la ley ha habido dos grandes debates. El primero, respecto del establecimiento de una excepción que garantice usos justos, al que en un principio se opuso fuertemente la SCD y los sellos discográficos. El segundo, el sistema de notificación y bajada del sistema de limitación de responsabilidad de los ISP. Resabio del TLC con Estados Unidos de 2003, Chile está obligado a regular un régimen especial de limitación de la responsabilidad de los ISP por los eventuales ilícitos que se realicen a través de sus redes. La SCD junto con los sellos discográficos hicieron fuerte lobby a favor de un sistema de notificación privada para que el ISP se viera obligado a bajar contenidos eventualmente infractores. Por medio de una mera carta certificada, proponían, el ISP debía bajar esos contenidos o de lo contrario sería él el responsable de dichas infracciones.

Como ese tipo de notificación adolece de problemas constitucionales, finalmente lo que el Senado adoptó fue un sistema mediante el cual cualquier bajada de contenidos debe suponer previamente una resolución judicial. Es decir, no cualquier notificación ni carta certificada, sino el estudio previo por parte de un juez que garantice la idoneidad de la medida restrictiva de derechos.

Pero se les coló el artículo 85 T, que en una redacción confusa señala que:

Artículo 85 T. (…) El prestador de servicio que voluntariamente o ante un requerimiento, de buena fe, retira, inhabilita o bloquea el acceso a material, basándose en una infracción aparente o presunta, estará exento de responsabilidad ante cualquier reclamo por esas acciones en la medida que, tratándose de material alojado en sus sistema o red, notifique sin demora al proveedor del material, que se ha retirado, inhabilitado o bloqueado el acceso a éste. Si el proveedor del material realiza una comunicación informando su sometimiento a la jurisdicción del tribunal competente de su domicilio en un proceso por supuesta infracción, el prestador de servicio deberá reestablecer el material en línea, a menos que en el intertanto el requirente haya presentado una medida prejudicial o una demanda ante el tribunal competente que ordene o ratifique el retiro, inhabilitación o bloqueo de acceso al material.

El artículo, según mi opinión, adolece de una serie de defectos y, por lo demás, no guarda relación con la lógica de notificación judicial para cualquier bajada de contenido. Efectivamente puede suponer una puerta para abusos de los ISP. Pero de ahí a sostener que se está autorizando al ISP para bajar contenidos y cortar conexiones, hay un buen trecho. Ni siquiera este artículo, de deficiente técnica legislativa, supone la censura en la red, como algunos han señalado.

Por otro lado, el proyecto de ley tiene muchas deficiencias, como la inexistencia de sistema público de protección del patrimonio cultural común, o resolver el problema de las obras huérfanas, por sólo dar dos. Pero pretender echar por tierra un proyecto de ley que por primera vez en la historia de Chile va a equilibrar los intereses del público estableciendo excepciones claras para el público es absurda y, como bien dice Carlos, sería el gran triunfo de quienes quieren un sistema extremista de propiedad intelectual sin excepciones.

Por otro lado, las campañas que han aparecido en internet, lejos de alentar un sistema adecuado o justo de propiedad intelectual al parecer no hacen sino poner obstáculos a la compresión de los derechos de autor no sólo como protección de propiedad, sino también como garantías de acceso al conocimiento y la cultura. Saturar las casillas de correo de los diputados con mensajes equívocos y otros derechamente equivocados respecto del proyecto, lo único que hacen es darle razones a quienes quieren seguir discutiendo esto entre cuatro paredes, de espaldas a la gente. Un activismo digital de verdad, es un activismo que se haga responsable y con la verdad, no con supuestos ni con intuiciones. Y eso veo que hace mucha falta en estos días.

Foto: St3f4n, CC:BY-NC-SA