HBO Chile, Cuevana y enlazar

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A propósito de la salida alternativa de Christian Álvarez, sindicado como el administrador chileno de Cuevana, dos comentarios.

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Entre las condiciones que se habría acordado se incluye que Álvarez deje de utilizar Cuevana, la destrucción de material físico de su propiedad y, acá lo interesante, que debe efectuar clases en una escuela de escasos recursos de Santiago, “con temáticas sobre propiedad intelectual y cine“.

Pago por ver esas clases.

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Pero habló también el abogado Rodrigo León, esta vez representando a HBO en la querella. León indicó:

“La piratería es todo acto de reproducción y comunicación pública no autorizada por la ley, todo lo que sea cooperar para la comunicación pública no autorizada en nuestro país. Indexar, linkear, o enlazar a material pirata es una cooperación al acto de comunicación pública y está amparado por los derechos de propiedad intelectual

La primera frase también es confusa y es fácilmente rebatible, pero prefiero detenerme en la segunda. Pareciera ser que para León cualquier forma de interacción con una obra intelectual en internet sería algo protegido por el derecho de autor. Indexar (lo que hace Google, sin ir más lejos), linkear o enlazar (lo que hace usted y yo cuando escribimos en un blog como este o cuando publicamos en Twitter) serían entonces actos que requerirían la autorización expresa del titular de los derechos de autor para ser realizadas legalmente. Y eso es falso.

Es falso, básicamente, porque los derechos de autor no protegen cualquier cosa que se haga con una obra o un soporte de una obra intelectual. El derecho de autor no protege cualquier cosa. Le entrega ciertos específicos derechos al titular de los derechos de autor para controlar determinados usos de su obra. Por ejemplo, le entrega el derecho exclusivo de reproducción, de autorizar o no la realización de copias de una obra y el derecho de adaptación, de autorizar o no que otros hagan obras derivadas de una originaria, como por ejemplo una traducción. En esos casos específicos establecidos en la ley, se requiere permiso.

Pero al ser casos específicos y determinados, la gran mayoría de las usos de obra intelectual son irrelevantes para el derecho de autor. Romper el ejemplar del libro de Pilar Sordo que le acaban de regalar, dormir arriba de un cerro de DVDs o poner un CD en el parabrisas de su auto (?) son actos absolutamente irrelevantes para el derecho de autor. E igual de irrelevante para la ley es enlazar. Porque la ley no le entrega derecho alguno al titular de derechos de autor para controlar ni el romper un ejemplar, dormir sobre él o usarlo para, supuestamente, eludir controles policiales con radar. Tampoco existe derecho alguno de controlar el enlace de una obra en un sitio web.

Sostener aquello no solamente significaría argumentar que internet es un sistema completamente basado en la ilicitud (¿Cómo queda Facebook si lo que dice León fuera cierto?) sino además significa obviar lo que la misma ley indica. El respeto a internet como un ecosistema importante para la libertad de expresión y el respeto a la misma ley de propiedad intelectual debiera concluir claramente que enlazar no solo no es delito sino que además es bueno.

*La fotografía es de Fayerwayer (CC BY-NC-SA).

Kirby Ferguson en la UDP

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Kirby Ferguson, el autor de la serie documental Everything is a Remix, de la que ya hemos hablado acá, se encuentra en Chile y la Universidad Diego Portales ha preparado un par de actividades. Una es la exhibición del documental que se hizo hoy en la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad. Y mañana (11:30hrs) habrá una mesa redonda moderada por Alberto Fuguet y en la que participará Andrés Valdivia de Noise Media, el aquí suscrito y otros invitados sorpresa.

La entrada es gratuita y abierta. Creo que la conversación va a estar de lo más interesante.

La biblioteca está ubicada en Vergara 324, Santiago. Más información, en la web de la biblioteca.

El futuro del retail

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El gráfico de arriba muestra el sostenido declive de las acciones de Best Buy, el gigante del retail de tecnología. En un -muy recomendado- artículo de Business Week de esta semana el periodista Brad Stone comparte un par de reflexiones respecto de las razones de la crisis. Se pueden resumir,básicamente, en (1) cambio en el comportamiento del consumidor; y (2) lo que denomina friction.

Al parecer el problema para estos gigantes no es solo la aparición brutal de la compra online en Amazon y eBay y similares, sino también un cambio en la forma en la que los consumidores deciden sus patrones de compra. Sin ir más lejos tanto Wal-Mart como Target (otros gigantes del retail norteamericano) han comenzado a mostrar signos de declive salvo cuando se trata de ventas de abarrotes, cuyas ventas incluso parecen aumentar. Es esto lo que ha llevado a la creación de pequeños mini-markets ubicados en barrios, para concentrar la venta de este tipo de productos a contrapelo de la venta en supermercados.

Explicando la diferencia de experiencia entre comprar un cable para ipod en una tienda Apple y hacerlo en un Best Buy, el artículo concluye

At a much less busy Best Buy two blocks away, there were no lines at the registers. Yet buying a similar cable took twice as long as it did at the Apple Store, and the experience didn’t end with the sale. A security guard posted at the front door rummaged through shoppers’ blue bags and verified receipts before allowing them to leave. Friction is overrated.

¿Qué tan lejos estaremos de esto en países lejanos como Chile? Para pensar.

Reflexiones sobre el SIMCE TIC

Pero esto no es todo. Donde el test llega a límites inaceptables es en la dimensión “Ética e Impacto Social”, que evalúa la habilidad de “hacer uso responsable de las TIC”. Una de sus definiciones operacionales es (copio textual): “Seguir normas básicas de cuidado y seguridad en el uso del computador y de la información que utiliza en éste (por ejemplo, usa antivirus y lo actualiza periódicamente, no descarga software ilegales, no descarga correos electrónicos con archivos adjuntos de desconocidos, no abre correos de remitentes desconocidos, elabora claves de acceso complejas, las mantiene bajo resguardo, reconoce cuando entra a un sitio seguro)”. ¿Sabrán los autores de este test que el uso de antivirus es producto del uso de sistemas operativos de mala calidad? ¿Que un sistema operativo bien diseñado –por ejemplo Linux– no necesita antivirus? ¿Sabrán que la “actualización periódica” como negocio es una práctica que bordea la inmoralidad (como la “actualización” de textos escolares cada año)? ¿Sabrán los promotores de este test que un sistema operativo decente permite descargar cualquier archivo? Pero es en los temas éticos donde se muestra la ideología del test: ¿por qué asociar la ética con la aceptación acrítica de presiones de grandes industrias culturales? ¿Evaluaría un profesor la capacidad de leer de un niño preguntándole por su habilidad para no usar libros fotocopiados? ¿Hay alguna preocupación por evaluar el conocimiento que tienen los jóvenes de sus derechos a la privacidad de sus datos, los peligros de las transferencias de sus derechos a las grandes compañías, los alcances de “aceptar” una “licencia”? ¿Alguna noción sobre la diferencia entre información abierta y comercial?

Claudio Gutiérrez, del DCC de la Universidad de Chile comentando el famoso “SIMCE TICs” recientemente publicado por el Ministerio de Educación.

Sólo un comentario adicional. Es impresentable que un gobierno que públicamente ha anunciado tener una estrategia digital y que quiere hacer una apuesta por la apertura (por ‘lo open‘, que comenté hace unas semanas) no haga pública la data que proviene de este levantamiento. Y no sólo no lo hace con estándares ampliamente reconocidos, sino que además lo hace a través de una aplicación flash que parece sacada de lo más profundo de la internet de fines de los noventa.

Longueira sabe

¿Usted está de acuerdo cuando se dice que éste no es un gobierno de derecha?

-Lo que yo digo es que los cuatro gobiernos de la Concertación fueron de derecha. La generación de derecha que modernizó este país logró un cambio muy profundo al convertir a nuestra alternativa, que es la Concertación, en un gobierno de centroderecha. Es el consenso ideológico que existe a nivel mundial.

-¿Tanto así?

-Durante cuatro gobiernos, la Concertación profundizó la apertura del comercio exterior, privatizó las carreteras, el agua, los puertos, profundizó las políticas sociales para erradicar la pobreza; es decir, se siguió profundizando en un modelo que ha permitido al país un enorme desarrollo a través de la economía social de mercado. Los gobiernos anteriores fueron de un ideario más propio de la centroderecha, y el que hayamos continuado ese camino hace que muchos se confundan y digan que somos un quinto gobierno de la Concertación. Para mí es al revés.

Revista Qué Pasa, 29 de marzo de 2012.

PS: Todo esto sin entender aún la obsesión de Revista Qué Pasa con preguntarse si este gobierno es o no de derecha. ¿En serio es una pregunta?

¿Borrarnos de Internet? Comentarios sobre un nuevo proyecto de ley

Hace algunos días un grupo de diputados ingresaron al Congreso un proyecto de ley que, modificando la ley 19.628, pretende establecer la facultad de los usuarios para exigir a portales y redes sociales la eliminación de sus datos personales. El proyecto además establece un mecanismo para solicitar la eliminación de los datos, mediada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, plazos y multas a beneficio fiscal en caso de no cumplir con lo dispuesto en la ley. Lo que parece ser una iniciativa bien intencionada adolece de tres problemas que hacen de esta propuesta legislativa un intento parcial, poco sistemático y finalmente vacío de contenido.

Lo que se ha denominado “derecho al olvido” es la posibilidad de exigir la eliminación de cierta información a quien almacene o trate datos de carácter personal. En Chile, sin ir más lejos, dicha facultad está contemplada, aunque con un alcance parcial, en el artículo 12 de la ley 19.628. Pero esta facultad es parte de un cuerpo normativo deficiente que data de fines de los años noventa y que, pese a los innumerables proyectos de reforma de los que ha sido objeto, sigue estando lejos de los estándares internacionales en la materia, dejando en práctica indefensión a los ciudadanos respecto del tratamiento que terceros hacen de nuestra información personal. Es importante mejorar el tratamiento del derecho al olvido, pero antes que eso es necesario re-pensar críticamente nuestro sistema de datos personales.

Por otro lado, el sucinto proyecto de ley parece ignorar el tratamiento comparado respecto del punto, en cuanto este derecho al olvido jamás se ha entendido en forma radical y siempre debe dar cuenta y responder a excepciones que hagan proporcional el ejercicio de la autodeterminación informativa. Así, por ejemplo, la utilización de información judicial o la información proveniente de medios de prensa suelen ser importantes excepciones al derecho al olvido que hacen compatible dicho derecho con garantías tan importantes como la libertad de expresión. Sin excepciones tenemos más problemas que soluciones.

Por último, dado que la solicitud debe ser solicitada a las compañías que administren los datos y planteada a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, genera una obligación que sólo es aplicable a las empresas establecidas en Chile y no se ve mecanismo alguno para coaccionar a empresas que hagan tratamiento transfronterizo de datos o bien empresas que si bien hagan tratamiento de datos en Chile, no tengan domicilio en el país. Así, en la práctica no solo la obligación queda en foja cero producto de la dificultad de emplazamiento a empresas extranjeras, sino que además hace un tratamiento diferenciado que dificulta el tratamiento de datos a empresas nacionales a contrapelo de lo que sucede con aquellos que hagan tratamiento en el extranjero. Quizás un esfuerzo en la adopción de estándares similares a los que se discuten a nivel internacional pueda ayudar a resolver este problema.

La exposición de estos tres problemas que contiene el proyecto muestra los problemas de legislar apresuradamente un asunto complejo, lleno de aristas y matices. Pero, fundamentalmente, demuestra las deficiencias de nuestro sistema de protección de información personal enIinternet y la necesidad urgente de contar con uno más robusto y garantista más allá de las buenas intenciones.

[texto publicado en ONG Derechos Digitales]

Pirate Bay: The RIAA Is Delusional and Must Be Stopped

Una pequeña lección para Mr Glazier: Si alguien roba algo, ya no lo tienes más. Si lo copias, ambos lo tienen. Esto significa que: si alguien roba tu copyright (a.k.a. un “ladrón del copyright”) ya no tienes más el copyright. Se me hace difícil ver que es lo que pasa, dado que el copyright en realidad no es tangible.

Los trabajos que dices que han sido robados en Estados Unidos sí son tangibles. Y si alguien roba esos trabajos, ¿a dónde van? ¡Tal vez ya no están más! Eso es lo que hace la tecnología. Sorry, es 2012 y no 1912. ¿O la idea es prohibir los robots también, dado que están robando trabajos?

(…) Ah, y por favor paren de denominarse “la comunidad creativa”. Ustedes no son una comunidad, son una coalición de algunas de las empresas más ricas del mundo. Y la única cosa en la que son creativos es el los procedimientos contables.

Traducción libre de la respuesta -épica- de ‘Winston’ de The Pirate Bay a un ridículo artículo de Mitch Glazier de la RIAA. (Vía TorrentFreak)

Tres reflexiones sobre el TPP

Mariano Amartino me pidió un par de reflexiones sobre TPP en Chile. Esto es lo que salió publicado en uno de mis blogs favoritos.

Si hay algo que la guerra contra la piratería nos ha enseñado en todos estos años es que no ha derrotado a la piratería. Que ha sido un rotundo fracaso. Las demandas a mansalva en Estados Unidos, los acuerdos con ISPs, las estrategias legales locales (DMCA, COICA, SOPA, PIPA, etc), la ley SINDE y los three strikes son ejemplos de esfuerzos legales -tan brutales como fallidos- para combatir la distribución informal de contenidos en internet. Y todos ellos han fracasado.

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En lugar de demostrar que quizás el problema de la piratería no es normativo sino tal vez de mercado, esta estrategia -liderada por la poderosa industria de contenidos- ha adoptado los foros internacionales como una de sus principales trincheras. Así, no satisfechos con cooptar desde hace décadas un organismo internacional dependiente de las Naciones Unidas (la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), han sido los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales los escenarios de los mayores triunfos de esta estrategia legal para derrotar a la piratería en internet.

Ejemplos de ello han sido los tratados de libre comercio que han firmado países de la región con EEUU que, desde la órbita de los derechos de autor, no hacen sino aumentar los estándares de protección. Resultado de ello es que luego de la firma de estos tratados, países como Chile y Perú tienen estándares de protección más altos que la DMCA pero sin las garantías de acceso existentes en Estados Unidos. Nuestros países se comprometen, en definitiva, a modificar sus legislaciones para hacerlas más parecidas a las norteamericanas para la protección, pero no para garantizar acceso.

El último esfuerzo de esta estrategia internacional se llama Trans-Pacific Partnership (TPP), un acuerdo de cooperación comercial para crear un área de libre comercio en la zona Asia-Pacífico. Hoy son nueve los países que son parte de las rondas de negociación que pretenden ajustar un texto de tratado: Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Los alcances, aún por definir. Pero de lo que se sabe, hay al menos tres elementos que creo debieran invitarnos a la reflexión.

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Nadie sabe mucho del alcance de las negociaciones. Lo único que sabemos es aquello que ha sido filtrado a través de redes de activistas y que da cuenta de lo importante de los elementos vinculados a los derechos de autor en internet. La propuesta de Estados Unidos, sin ir más lejos, va mucho más allá de lo establecidos en la propia regulación norteamericana y es un criterio que pretende imponer al resto de los países negociadores. Se ha sabido algo respecto de las negociaciones pero no tenemos clara idea respecto del tenor de la discusión, los puntos que se han cerrado y la transacción que están llevando adelante los negociadores.

En una época donde la transparencia y el acceso a la información parecen ser principios en los que estamos todos de acuerdo, resulta injustificado mantener como secretos aspectos tan importantes para el desarrollo de los derechos a la luz de las nuevas tecnologías. Sin ir más lejos, el gobierno chileno denegó la solicitud de acceso a información que elevamos como ONG Derechos Digitales para obtener acceso al texto del acuerdo.

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Del texto filtrado hay muchos aspectos preocupantes vinculados a derechos de autor, algunos incluso más preocupantes que los impresentables proyectos SOPA-PIPA. Entre ellos:

  • Extiende los plazos de protección. Mientras los TLC con Estados Unidos han obligado a los países firmantes a aumentar sus plazos de protección de 50 años luego de la muerte del autor (estándar internacional del Convenio de Berna) a 70 años, TPP incluye fórmulas para aumentarlo nuevamente hasta 120 años en ciertos casos, lo que es un atentado violento contra el dominio público.
  • Criminaliza la elusión de medidas tecnológicas de protección yendo muchísimo más allá de lo establecido en los «tratados internet» de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, haciendo ilegal la circunvención de dichas medidas aun sin que exista infracción a derechos de autor.
  • Establece un sistema de responsabilidad de prestadores de internet que no solo eleva el estándar de la DMCA sino también de los mejores estándares establecidos en la legislación chilena. De esta manera, se pretende no sólo aumentar penas sino también establecer medidas de identificación de supuestos infractores, bajada de contenido y desconexión de internet.

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A veces resulta más sencillo pensar que estas espantosas iniciativas legales como SOPA, ACTA, PIPA y TPP son producto de desinformación de los legisladores respecto de como funciona internet. Que, básicamente, son intentos legislativos productos de la ignorancia. La verdad es que no es cierto. La existencia de estas propuestas no prueba la ignorancia sino que prueba la influencia que la industria del entretenimiento tiene en nuestro sistema político a contrapelo de los intereses del resto, de todos nosotros.

Una de las conclusiones a las que llegó un reporte encargado por el gobierno inglés el año recién pasado fue que en la regulación de los derechos de autor en internet hay una brutal falta de evidencia empírica. Ojalá llegue el momento en que, en lugar de legislar de la mano de Hollywood, nuestros legisladores decidan pensar en serio internet como una plataforma para el ejercicio de derechos fundamentales. Para llegar a eso hace falta dos cosas. Uno, tal vez, es partir por exigir evidencia y no intuición para regular estos temas sensibles. Dos, que todos nosotros nos tomemos esto en serio y hagamos algo.