El P2P genera riqueza para la economía (2 parte)

Les contaba a fines de Enero sobre el interesantísimo informe encargado por los Ministerios de Economía, Justicia y Cultura de Holanda para analizar los reales efectos de las descargas de internet para la industria del entretenimiento.

El informe original está en holandés, pero me acaba de llegar una copia del informe en inglés. Varios me lo pidieron, así que he decidido colgarlo ilegalmente acá.

Obama-HOPE: La utopía de la apropiación

200902161851.jpg

Shepard Fairley a.k.a. Obey, se hizo famoso mundialmente por ser la cabeza tras la intervención artística que encabeza este artículo y que fue utilizada repetidamente durante la campaña de Barack Obama. Pero la verdad es que el trabajo de Fairley parece ir bastante más allá de la utilización de ciertos filtros y degradaciones de color en el rostro del entonces candidato presidencial.

Fairley viene del mundo del skateboarding y del arte callejero. Antes del Obama-Hope, Fairley tuvo un éxito relativo a través de la masificación de la campaña de street art llamada “Andre the Giant has a Posse” en 1986, por medio de la cual una serie de ciudades norteamericanas fueron tapizadas con las pegatinas del gigante. Con la ayuda de la comunidad de skaters, estaba haciendo un experimento fenomenológico, en palabras del propio Fairley.

Como suele pasar cuando se trata de obras artísticas, las obras superan a la persona del autor.

200902161912.jpg

Así fue como Baxter Orr, un diseñador gráfico de Texas, intervino la imagen del gigante anteponiéndole una máscara clínica. A pesar de lo que usted pudiera pensar, a Fairley no le hizo mayor gracia la iniciativa y, además de llamar “parásito” a Orr, sus abogados solicitaron amablemente que dejara de vender los stickers basándose en los derechos de autor que ostentaba el creador original.

Paradojas del destino, hoy Fairley se encuentra en la misma posición en la que puso a Orr.

Hace algunas semanas se identificó la fotografía que sirvió de base para el poster Obama-Hope, la que fue tomada por el fotógrafo freelance Mannie García y cuyos derechos ostenta Associated Press. A Associated Press, como usted podrá suponer, tampoco le pareció correcta toda la situación y decidió recurrir a instancias jurisdiccionales para obligar a Fairley al pago por el uso no autorizado de la fotografía, además de una porción de las ganancias derivadas de la explotación comercial de la intervención posterior. La defensa de Fairley -que lleva adelante en este caso Anthony Falzone, director del Fair Use Project de Stanford-, ha argumentado que nada de lo que ha hecho el artista es ilegal y que por el contrario, se enmarca en los “usos justos” (fair use) que contempla la normativa de derechos de autor nortemericana, toda vez que el uso de la fotografía de García ha sido utilizada sólo como una referencia y ha sido transformada en una

“sensacional, abstracta e idealizada imagen que creó poderosos nuevos significados y expresa un mensaje radicalmente distinto al disparo del fotógrafo original”.

Las dos historias anteriores, hermanadas por el hilo conductor de su protagonista, me llaman la atención no por ser particularmente excepcionales, sino porque ilustran de alguna forma los bordes de la protección legal, por un lado y de la creatividad por otro. No tengo claro cómo será resuelto el caso de terminar en una sentencia judicial, pero sí tengo claro que como sociedad debiera importarnos especialmente la actividad creativa de tipos como Fairley -en este caso- que gracias a técnicas más o menos sofisticadas, logran re-interpretar el significado de obras de otros. Creo que ese es el quid del asunto. No entender lo anterior, implica arrinconar -con las herramientas que entrega este derecho de autor travesti- interesantes formas de creatividad que se desarrollan en los pliegues de la cultura oficial.

Con este caso, de hecho, me acordé de un pasaje muy interesante de uno de mis libros veraniegos llamado “La utopía de la copia”, de Mercedes Bunz:

La elaboración de material preexistente sustituye a la antigua producción origial de este. Los “escombros de la cultura” constituyen, por así decirlo, el futuro cercano de la producción. Continuar con las reglas hasta hoy vigentes significaría, en el futuro, plantearse las siguientes preguntas: ¿a quién le está permitido ser creativo?, ¿quién no se lo puede costear? ¿a quién excluye la economía por no poder pagar las licencias o declarar los derechos? Abordar seriamente esas preguntas no significa de ningún modo cuestionar el derecho de autor en sí. Pero significa que no se puede seguir utilizando ese derecho sin modificarlo.

Bunz dixit.

En Colombia por dos

Imagen 2.png

Llegué ayer a Bogotá para participar en dos eventos muy interesantes. El primero fue ayer, el Salón Creative Commons Bogotá, donde compartí lugar con Diego Ramírez (cineasta) y Andrés Succar (abogado y músico -no sé dónde más he escuchado eso 😉 ), donde conversamos respecto de distintas aplicaciones de las licencias Creative Commons. En mi caso, fui invitado a hablar de la experiencia de Super45 como una plataforma multimedios (qué viejo suena eso) que promociona y fomenta, entre otras cosas, la música independiente chilena pero poco a poco también la extranjera. Principalmente me concentré en explicar los eventos que hemos organizado y en lo que se viene este 2009 con la realización de la segunda versión de NoaNoa, esta vez concentrado en netlabels que tienen su catálogo licenciado con Creative Commons.

El segundo evento se está llevando a cabo desde hoy, se denomina Acceso 2.0, y se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Colombia. Entre otros, están invitados junto conmigo Werner Westermann de Educalibre, Ignasi Labastida de la Universidad de Barcelona y Creative Commons España y John Wilbanks presentando el proyecto Science Commons. Mi presentación será mañana muy temprano (acá las cosas comienzan a la hora en la que regularmente suelo comenzar ese complejo proceso de despertarse) y se llama “Llevando el copyfight a la estrategia legislativa“, donde me concentraré en explicar cómo llevar la discusión sobre el derecho de autor del futuro hacia la agenda legislativa desde el punto de vista del interés público comprometido. Va a estar bien bonito y todo se transmite por streaming, para el que esté interesado.

fotografía por stephen downes, cc:by-nc

Campañas infames contra autores chilenos

Lo anterior reafirma lo señalado desde el primer momento por este Consejo Directivo, en cuanto a tu absoluta falta de responsabilidad en ese hecho, que sabemos te ha afectado muy dolorosamente en lo personal y que hoy anima a los enemigos del derecho de autor a desatar una campaña infame e hipócrita en contra de los autores chilenos.

Lo de arriba es un extracto de la carta que la directiva de la SCD le hace llegar a Fernando Ubiergo, adjunta a los resultados de la auditoría hecha por los amigos de la ADS (Asociación de Distribuidores de Software), donde se da cuenta de que en un total de cuatro computadores se detectaron “instalaciones erróneas de software“.

Desde acá me gustaría hacer un llamado a detectar y funar a todos esos enemigos del derecho de autor que han hecho estas campañas en contra de los autores chilenos. A pesar de haber estado involucrado desde el primer momento en la discusión legislativa, la verdad es que al parecer mi astigmatismo me ha impedido ver a estos infames sujetos que están tratando de destruir a nuestros autores. Si alguien tiene algún dato adicional que permita su identificación, por favor comuníquese por interno.

El P2P genera riqueza para la economía

200901221631.jpg

En una iniciativa conjunta, los Ministerios de Economía, Justicia y Cultura de Holanda encargaron un informe sobre los reales efectos desde el punto de vista cultural y económico que tienen las descargas de internet en la industria del entretenimiento.

El informe [que se puede descargar en holandés (!)], preparado por la consultora TNO, el centro de investigación económica SEO y el Instituto de Información Legal de la Universidad de Amsterdam, cuenta con más de 140 páginas sostiene que las descargas de canciones, películas y juegos genera más beneficios que pérdidas, echando por tierra el discurso de titulares de derechos como las discográficas multinacionales representadas por la IFPI. Y de pasadita el de unos otros amigos de la casa obsesionados con los cobros.

Algunas recomendaciones del informe que me parecen interesantes de destacar:

Pérdida del control: El intercambio de archivos ha provocado que la industria, en especial la musical, que basaba su modelo de negocio en controlar el acceso de los usuarios a las obras, pierda ese control.

Marco legal: En Holanda, la descarga para uso personal no es delito. Los intentos de persecución criminal y las restricciones técnicas han fracasado allí donde se han implantado.

Aún hay mercado: Mientras que el 84% de los holandeses aún compra productos que podría conseguir gratis, un 35% descarga archivos. Ambas cifras no son excluyentes.

Efectos colaterales: Los usuarios que descargan música van a más conciertos (3,8 al año frente a 1,6). En el cine, no hay más visitas a las salas. En general, no hay causalidad entre descargas y menores compras.

Consejo a la industria: Los contratos ‘360 grados’, donde la discográfica recibe parte de las entradas y el ‘merchandising‘, pueden funcionar con los artistas consagrados. Con los noveles, Internet es un gran aliado.

No a la persecución: Los usuarios del P2P son los mejores clientes de la industria. Su persecución legal sería negativa incluso para los enemigos del intercambio.

Alianza con la tecnología: La industria, en vez de recelar de la tecnología, debe colaborar con proveedores de acceso, operadores de telefonía móvil y creadores de programas para construir un nuevo modelo de negocio.

La verdad es que más allá de las diferencias culturales existentes entre países civilizados y ricos como Holanda y nuestra realidad, resulta muy interesante que un estudio encargado por un gobierno -y no por entidades de cobro o titulares con intereses comerciales en sus resultados- recomiende medidas que desde los paradigmas analógicos son derechamente incomprensibles. ¿A cuantos Ministerios chilenos habría que enviarles este informe?

Por lo demás, el radical aumento de conciertos y del interés de los chilenos para ver (y pagar) por espectáculos artísticos no parece ser producto de la generación espontánea ni de la naturaleza. Tiene que ver con el acceso.

Creadores versus Cobradores

200901131305.jpg

De partida, quiero aclarar algo que pareciera ser evidente, obvio, pero que para algunos no deja de ser sino una anécdota, que esto es un blog personal.

La noticia de lo que va del año es la renuncia de Santiago Schuster a la Dirección General de la SCD, cargo que ha desempeñado en los últimos 24 años. Según la nota de prensa y la declaración oficial de la entidad de gestión y cobro, la renuncia se produce luego del vergonzoso affaire que involucró al cantante Fernando Ubiergo -a la sazón Presidente de la entidad- con la utilización de software sin licencia en una presentación oficial en el norte del país.

En este blog, en otros y en público he hecho saber mis profundas discrepancias con las políticas promovidas por la SCD en materia de derechos de autor, que históricamente han promovido un sistema que sólo supone beneficios para algunos creadores en detrimento de todos los ciudadanos. Algunos desinformados -o a estas alturas derechamente ignorantes- insisten en que quienes mantenemos una posición divergente pretendemos la abolición del derecho de autor o que nuestros autores no reciban lo que merecen por la utilización de sus obras. Incluso algunos se han atraveido a vociferar histéricamente que algunos amedrentamos y somos pagados por multinacionales para acabar con los derechos de los artistas. Con declaraciones ridículas y sitios web delirantes, algunos han pretendido satanizar a quienes pensamos distinto.

Pero me da la impresión que el descalabro tras el vergonzoso episodio del software pirata (parecida a la historia del cura que oficiaba la misa en colaless) debiera ser una gran oportunidad para separar aguas dentro de la entidad de gestión.

A la luz del desarrollo de las nuevas tecnologías, esta política de sobre protección y tolerancia cero a las excepciones y limitaciones que favorecen al público sólo favorece a los mayores detentores de royalties por derechos de autor que no son los músicos sino que son las empresas discográficas. Por eso llama la atención que en el marco de la discusión por la modificación de la ley de propiedad intelectual, los únicos que están junto a la SCD sea la IFPI, agrupación internacional que agrupa a las disqueras multinacionales. En otras palabras, mientras Fernando Ubiergo subía toda su discografía a su página web, los Directores del organismo se asociaban con las discográficas para tener una ley todavía más restrictiva.

Lo que quiero decir con esto, es que tal vez es el momento que los músicos y creadores chilenos tomen las riendas de la entidad de gestión. Tal vez llegó el momento en el que los intereses de la entidad de cobro (que por lo demás se lleva un 30% de lo que recauda sólo en el vago concepto de “administración”, repartiendo la mitad de eso a los músicos chilenos) se separen de los intereses de los creadores y artistas.

Quiero pensar que los creadores chilenos no pretenden una ley que criminalice lo que hacemos en internet y me gustaría creer que los artistas de Chile también están de acuerdo en tener un trato justo para todos, para bibliotecas y para el público. Tal vez llegó el momento que los intereses de la SCD sean también los intereses del público, de los creadores, de los artistas y de sus socios. De todos sus socios, claro está.

Se retira proyecto de ley pero más dudas quedan

200812291709.jpg

La gente de El Mercurio online parecen ser de los pocos medios que trabajan en estos ajetreados y flojos días. A lo menos parecen ser los únicos que han dado cobertura al impresentable proyecto de ley que pretendía desconectar de Internet a quienes descarguen archivos en infracción a la ley de propiedad intelectual. En la nota fechada hoy, El Mercurio da cuenta de las, por decir lo menos, extrañas explicaciones del diputado Ceroni, las que son contextualizadas por Christian Leal, donde da cuenta de su desconocimiento del tenor del proyecto de ley que suscribió y de su ánimo de retirarlo.

En la misma nota, la diputada Ximena Vidal, ex-actriz y recurrente defensora de estándares restrictivos en materia de derecho de autor, opinaba lo contrario diciendo que era partidaria no de retirarlo sino de revisarlo, debido a las observaciones hechas llegar por correo electrónico.

La noticia es que la señora Vidal esta vez perdió y el proyecto fue retirado con fecha de hoy, como cuenta Pedro Huichalaf. Hasta acá, todo bien.

En paralelo, me escribe un correo don Guillermo Frene, abogado de Carey y Compañía que aparece salpicado en la historia por aparecer como “autor” del documento donde consta el proyecto de ley y para rematarla, con software pirateado. Según Guillermo, todo esto fue un malentendido y que nunca participó en la redacción del proyecto. Que trabajó como asesor parlamentario, pero que no tenía idea de este proyecto de ley. Y que todo esto le ha provocado un costo importante, familiar y profesional.

Sinceramente creo que el proyecto de ley era horrible. Impresentable e irreflexivo. Pero lo más grave, creo yo, y algo en lo que ningún periodista, salvo Leal, ha reparado, que es en cual es la vinculación de estudios jurídicos con diputados y senadores. En este caso, tenemos más que indicios que este lamentable proyecto fue redactado en las oficinas de un prestigioso estudio de abogados y que a días de hacerse público, fue retirado por los mismos diputados que felices firmaron el proyecto hace una semana atrás.

Supongo que a nivel público cuando se trata de complejos temas legales, se licitan servicios jurídicos para la redacción de proyectos de ley. A lo menos esa vinculación es transparente y uno puede acceder a esa información a través de recursos legales. Pero ¿y en este caso? ¿Cuál es la vinculación entre Carey y Cia. y el grupo de diputados PPD? De existir, ¿Cómo resuelven los evidentes conflictos de intereses entre un estudio jurídico que defiende intereses económicos y los intereses públicos de nuestros representantes en el Congreso? Me parece que las preguntas más importantes en toda esta historia siguen sin ser resueltas.

Y para añadirle más merkén al asunto, resulta que el proyecto que pretendía aumentar radicalmente las penas frente a la mal llamada piratería, fue redactado en una versión de Windows pirateada. ¿Es que acaso nadie repara en ello? Hoy estamos inmersos en un tremendo proyecto de ley que pretende reformar nuestra anticuada ley de propiedad intelectual, entre otras cosas, aumentando las penas frente a las infracciones y con lobbys inmensos de empresas varias, organizaciones sociales, pero fundamentalmente de entidades de cobro de derechos de autor.

La pregunta que resuena de fondo, y a la que nadie ha dado una respuesta satisfactoria, es a quien realmente beneficia una legislación cada vez más protectora de derechos de autor en detrimento del público.

Feliz Navidad: Diputados quieren desconectarte de Internet

200812241041.jpg

Mientras algunos seguimos atentos, expectantes y ansiosos respecto de lo que se decidirá en el Congreso Nacional durante los próximos meses en el marco de la discusión sobre la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual de la que tanto hemos escrito, un grupo de diputados tienen ganas de meter un gol de media cancha inaudito.

El día 17 de diciembre, los diputados señores Guillermo Ceroni, Rodrigo González, Jorge Insunza, Tucapel Jiménez, Marco Antonio Núñez, Jaime Quintana y doña Ximena Vidal (todos del PPD, salvo Jiménez, independiente) presentaron un proyecto de ley que denominaron “Protección de la creación en Internet” (Boletín 6280-12), el que propone incorporar una norma nueva a la ley de propiedad intelectual:

Artículo único: Incorpórese un nuevo inciso final al artículo 81 bis de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, del siguiente tenor:

“Las personas o abonados que descarguen de Internet archivos que infrinjan las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de las demás penas señaladas, estarán sujetos a la suspensión de su conexión a la red, de entre tres meses y un año.”

Así que ya lo sabe,

usted, que tiene iPod y pasa sus CDs a MP3,

usted, señora bibliotecaria que fotocopia capítulos de libros para los alumnos,

usted, señor profesora que enseña a leer con fotocopias de Piececitos de Niños de la Mistral,

usted, señor que le regaló un compilado de canciones en CD a su polola,

usted, que hace citas de más de diez líneas,

usted, que hace traducciones de artículos en su blog,

usted, señor músico, que hace remixes y samplea canciones de otro sin autorización…

además de ser considerado hoy delincuente,

algunos quieren desconectarlo de internet.

Seguimos así con la irracionalidad del derecho de autor y cómo nuestros representantes no parecen entender cómo funcionan las nuevas tecnologías. Cómo nuestros representantes en el Congreso suponen que la regulación debe ser punitiva y castigadora en lugar de optar por reducir la brecha digital, ofrecer oportunidades para el acceso a la cultura y al conocimiento a través de internet y no pretender proteger vetustos modelos de negocio.

Feliz navidad para todos. Y ya lo sabe, señor diputado. Acá estaremos acordándonos de usted para su reelección 😉

Actualización Habemus:

Al parecer los adalides en la defensa de la propiedad intelectual tienen tejado de vidrio