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Los temores en la era big data

Foto de http://lonestarlegal.us/field-surveillance/

Se nos dice que la privacidad ya no existe. Que lo privado o lo íntimo, en esta era de redes sociales, big data y el cloud, es más bien un resabio de épocas pasadas, que poco tienen que ver con aquellas cosas que configuran esta era digital. Como si estos principios estuvieran a punto de desaparecer, como si se tratara de un ejemplo más de la avalancha digital. Como está pasando con la oferta hotelera o los taxis, ciertos principios serán superados por la oferta de apps.

Buena parte de las autoridades de nuestras ciudades vive bajo el embrujo de lo smart. Como si se tratara de una promesa que viene desde el mañana, en su visión la tecnología viene a revolucionar la manera de hacer las cosas, a cambiar la óptica, el enfoque y las prioridades de lo público, de manera tal de configurar una realidad que será necesariamente mejor. Por ejemplo, nuestras interacciones con la ciudad son cuantificables, -la realidad no parece ser más que una serie de datos, nos indican- y mientras más sepamos de ellas, mejor podemos tomar decisiones de políticas públicas. De allí se explica la implementación de sistemas biométricos para la compra de bonos de salud, la irrupción de cámaras de vigilancia sostenidas en globos o la necesidad de asociar el RUT a las compras de medicamentos para obtener una rebaja del precio. Pequeñas compensaciones, nos dicen, que representan una enorme utilidad en la vida diaria. Nos repiten la palabra big data como un mantra, pese a que nadie sea capaz de definirla con precisión, cuando se trata de información respecto de nosotros, sobre la que paradójicamente tenemos poco o nulo control.

Lo anterior se hace un poco más concreto y con consecuencias importantes con la deficiente regulación de protección de datos personales en Chile. Uno de los pocos aspectos que unen a industria, academia y sociedad civil en este tema es que la ley actual es incompleta y que necesita ser modificada para adaptarse a estándares internacionales. En Chile no existe protección real respecto de nuestra información personal, sea que se encuentre o no en línea, lo que ha favorecido la existencia de prácticas tanto privadas como de instituciones públicas que sobrevuelan con impunidad la protección de nuestros datos. Pese a que la Presidenta de la República anunció en mayo de 2016 el envío de un proyecto de ley que creaba una institucionalidad hoy inexistente (“dentro de algunas semanas”, señaló), no parece que vaya a materializarse en una ley dentro de su mandato, ilustrando los énfasis legislativos en materia digital.

De manera preocupante, el 2016 nos deja un amplio legado de prácticas de vigilancia masiva contra la población, escudada en una malentendida preferencia ciudadana por la seguridad y en algunos casos con escaso control jurídico. Es el caso de los globos de vigilancia de Lo Barnechea y Las Condes, donde la Corte Suprema obligó a las municipalidades a montar mecanismos de protección para proteger a la población; la compra y uso por parte de la Policía de Investigaciones de tecnología de dudosa legalidad para hackear computadores y teléfonos móviles y grabar sin autorización del usuario sonidos, movimientos y fotografías; o la creación de un registro público de evasores del Transantiago. Los anteriores son ejemplos de un frenesí que no tiene necesariamente asidero real en datos empíricos (¿Es posible saber con exactitud si el valor de las cámaras de vigilancia es proporcional a su utilidad?), sino con una lamentable práctica donde el respeto de los derechos son un obstáculo -y no un punto de partida- para nuestras políticas públicas.

Que la privacidad ha muerto y que vivimos en la era del big data son frases que de tanto verlas repetidas algunos ven que se materializan en algo concreto, cierto y hasta con alguna legitimidad. Lo que estos últimos meses nos han enseñado es una tendencia preocupante, donde nuestros políticos y autoridades se han convencido de a poco que dichas frases son ciertas y no eslóganes publicitarios, porque están asociadas a un futuro brillante, innovador y smart. Nuestras autoridades han puesto en manos de la tecnología las respuestas que durante décadas hemos esperado de la política. Pero esas respuestas seguirán esperando si no las integramos con requerimientos de justicia y de respeto a los derechos fundamentales de la población, que no debieran ser visto como un obstáculo sino como parte elemental de cualquier decisión de política pública.


Esta columna fue publicada en el especial Puntos de Inflexión: Agenda Global del diario La Segunda el miércoles 18 de enero de 2017.