Si pagamos por las investigaciones científicas, ¿Por qué no podemos verlas?

The Obama administration is right to direct federal agencies to make public, without charge, all scientific papers reporting on research financed by the government. In a memorandum issued on Friday, John Holdren, the president’s science adviser, directed federal agencies with more than $100 million in annual research and development expenditures to develop plans for making the published results of almost all the research freely available to everyone within one year of publication.

Lo dice la editorial del New York Times.
 

Savater sobre Aaron Swartz

Pero la cruel fiscal Ortiz, sean cuales fueren sus excesos de celo, dijo algo perfectamente razonable al sustentar su acusación: Robar es robar, sea lo robado una cartera o un archivo informático y tanto si se roba con una ganzúa como con un ordenador”. Impecable. Añado: y tanto si se roba para repartirlo entre los pobres, a lo Robin Hood, como para lucrarse. Amigos y familiares de Swartz aseguran que él repetía que lo único que quería era “cambiar el mundo”. Admirable idealismo aunque en sí mismo encierra una amenaza, porque el mundo puede cambiar para mejor o para peor: nadie menos de fiar que quien cree que todo cambio es bueno por ser cambio, advirtió hace tiempo el filósofo Odo Marquard. Ahí tenemos por ejemplo a un hacker de indudable peso, Kim Dotcom, cuyo idealismo presenta más dudas que el de Aaron Swartz. Sin embargo, él también nos anuncia que su nuevo sistema de almacenamiento MEGA “cambiará el mundo”. Significativa coincidencia del gángster y el desprendido profeta. Tal parece que ambos creyeron que la transformación del mundo que viene se basa en que el robo deje de ser robo, maldita sea la fiscal Ortiz: la diferencia es que para Aaron Swartz habría de convertirse en virtud y para Kim Dotcom me temo que en vicio impune…

Así reflexiona el escritor Fernando Savater en el diario El País ante la muerte de Aaron Swartz. Le parece impecable la frase de la fiscal Ortiz. 

Probablemente Aaron no murió -al menos de manera directa- producto del extraño celo de la fiscal en un caso que no reportó un solo peso de ganancia económica. Un caso donde el principal afectado por lo que Savater denomina robo, JSTOR, levantó todos los cargos contra Swartz. Pese a ello, la fiscalía siguió adelante con especial determinación. 

Los problemas del derecho de autor no se acaban ni terminan con un caso judicial. Tampoco se resuelven los problemas profundos que llevan a algunas personas a tomar determinaciones lamentables. Pero por suerte hay estadios de los que, por suerte, se puede salir con más facilidad, como la ignorancia. Claro que eso requiere trabajo.

Ciencia con fondos públicos según The Economist

Imagen de The Economist.

IF THERE is any endeavour whose fruits should be freely available, that endeavour is surely publicly financed science. Morally, taxpayers who wish to should be able to read about it without further expense. And science advances through cross-fertilisation between projects. Barriers to that exchange slow it down.

Si hay alguna empresa cuyos frutos debieran estar libremente disponibles, debiera ser seguramente la ciencia financiada con fondos públicos. Con ese statement comienza un artículo de la edición de Julio de 2012 de la revista The Economist.

La historia de Richard O’Dwyer

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Richard O’Dwyer: an unfair, absurd case | Editorial | Comment is free | The Guardian:

“As has been pointed out several times already, the prospect of extraditing a student to America, where he would face up to 10 years in prison, is unfair. It should also be said that it is preposterous. Mr O’Dwyer is a UK citizen whose website was hosted in the UK and attracted only a minority of American visitors. There is absolutely no reason to try him in the US. “

El diario británico The Guardian escribe un estupendo especial sobre Richard O’Dwyer, el joven británico que creó el sitio TVShack.net, y que hoy -luego de una historia increíble– está a punto de ser extraditado a Estados Unidos, donde podría pasar diez años en prisión por infracción al derecho de autor. Cuando Richard recibía notificaciones para bajar contenido, los bajaba sin problemas. Richard no subió jamás contenido alguno a internet.

Hay varias reflexiones sobre el caso y seguramente habrá más luego que hoy fuera parte de la portada del Guardian. Desde acá es insultante, además de absurdo, que Richard O’Dwyer pueda enfrentar penas privativas de libertad -insisto, que podrían llegar a diez años- por crear una tecnología que le permitía, entre otras cosas, a gente como nosotros poder ver episodios de series que la industria televisiva no le interesaba distribuir en países pobres del sur.

Un derecho de autor equilibrado necesariamente debiera olvidar cualquier remisión al derecho penal.

Direcon reconoce opción de no suscribir TPP si el acuerdo no favorece a Chile

“Con la tradición histórica de estar siempre en el diseño y en el desarrollo de la política comercial a nivel internacional, lo lógico es participar (en la negociación por el TPP), porque además Chile fundó este acuerdo a partir del P4 (junto a Brunei, Nueva Zelanda y Singapur) entonces nuestra presencia en el TPP es evidente. Ahora, obviamente tendremos que evaluar qué hay sobre la mesa y la conveniencia para Chile. No se trata simplemente de estar en un acuerdo por estar y porque siempre estuvimos, sino que nosotros vamos a evaluar siempre lo mejor y más conveniente para el país y los ciudadanos”.

– O sea, ¿cabe la posibilidad de que Chile así como sigue en este acuerdo también pueda bajarse?

, siempre vamos a elegir lo mejor para el país.

Con estas palabras Rodrigo Contreras, director interino de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), se refiere en el Diario Financiero a las negociaciones -como sabemos, secretas– que lleva adelante Chile junto a otros países de la zona asia-pacífico denominado Trans-Pacific Partnership (TPP).

Es interesante, tomando en cuenta que es primera vez que los negociadores Chilenos hablan públicamente de la posibilidad que Chile finalmente no firme el criticado tratado. Y especialmente interesante luego de la nota de Foreign Policy del viernes pasado donde se deslizan los problemas que habría en la interna de las negociaciones:

Of even more concern, however, is the sudden questioning by the Chileans of the value of the deal as presently being constituted. Chile had been considered a slam dunk supporter. So its raising of questions is a red flag danger signal. Beyond that it seems that the Malaysians are also questioning whether any benefits they may be getting are worth the trouble of further liberalization of their domestic economy.

Por mi parte, esta noche parto a Dallas a la nueva ronda de negociaciones (número 12) y espero poder aportar en un debate un poco más participativo. Ya les contaré.

¿Borrarnos de Internet? Comentarios sobre un nuevo proyecto de ley

Hace algunos días un grupo de diputados ingresaron al Congreso un proyecto de ley que, modificando la ley 19.628, pretende establecer la facultad de los usuarios para exigir a portales y redes sociales la eliminación de sus datos personales. El proyecto además establece un mecanismo para solicitar la eliminación de los datos, mediada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, plazos y multas a beneficio fiscal en caso de no cumplir con lo dispuesto en la ley. Lo que parece ser una iniciativa bien intencionada adolece de tres problemas que hacen de esta propuesta legislativa un intento parcial, poco sistemático y finalmente vacío de contenido.

Lo que se ha denominado “derecho al olvido” es la posibilidad de exigir la eliminación de cierta información a quien almacene o trate datos de carácter personal. En Chile, sin ir más lejos, dicha facultad está contemplada, aunque con un alcance parcial, en el artículo 12 de la ley 19.628. Pero esta facultad es parte de un cuerpo normativo deficiente que data de fines de los años noventa y que, pese a los innumerables proyectos de reforma de los que ha sido objeto, sigue estando lejos de los estándares internacionales en la materia, dejando en práctica indefensión a los ciudadanos respecto del tratamiento que terceros hacen de nuestra información personal. Es importante mejorar el tratamiento del derecho al olvido, pero antes que eso es necesario re-pensar críticamente nuestro sistema de datos personales.

Por otro lado, el sucinto proyecto de ley parece ignorar el tratamiento comparado respecto del punto, en cuanto este derecho al olvido jamás se ha entendido en forma radical y siempre debe dar cuenta y responder a excepciones que hagan proporcional el ejercicio de la autodeterminación informativa. Así, por ejemplo, la utilización de información judicial o la información proveniente de medios de prensa suelen ser importantes excepciones al derecho al olvido que hacen compatible dicho derecho con garantías tan importantes como la libertad de expresión. Sin excepciones tenemos más problemas que soluciones.

Por último, dado que la solicitud debe ser solicitada a las compañías que administren los datos y planteada a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, genera una obligación que sólo es aplicable a las empresas establecidas en Chile y no se ve mecanismo alguno para coaccionar a empresas que hagan tratamiento transfronterizo de datos o bien empresas que si bien hagan tratamiento de datos en Chile, no tengan domicilio en el país. Así, en la práctica no solo la obligación queda en foja cero producto de la dificultad de emplazamiento a empresas extranjeras, sino que además hace un tratamiento diferenciado que dificulta el tratamiento de datos a empresas nacionales a contrapelo de lo que sucede con aquellos que hagan tratamiento en el extranjero. Quizás un esfuerzo en la adopción de estándares similares a los que se discuten a nivel internacional pueda ayudar a resolver este problema.

La exposición de estos tres problemas que contiene el proyecto muestra los problemas de legislar apresuradamente un asunto complejo, lleno de aristas y matices. Pero, fundamentalmente, demuestra las deficiencias de nuestro sistema de protección de información personal enIinternet y la necesidad urgente de contar con uno más robusto y garantista más allá de las buenas intenciones.

[texto publicado en ONG Derechos Digitales]

SOPA y PIPA, respuestas para Revista Qué Pasa

Hace algunos días me escribió José Simián, quien estaba documentando un artículo sobre SOPA y PIPA para la revista chilena Qué Pasa que resultó publicado el número pasado. Me envió una serie de preguntas para documentar su artículo, las que transcribo a continuación. Al no ser una entrevista, obviamente no salió completa en la versión impresa, pero amablemente José me ha autorizado a publicar la versión extendida de sus preguntas y mis respuestas.

1) De todos los aspectos que generaron críticas de SOPA y PIPA (derechos de los usuarios, libertad de expresión, restricciones a los usos justos y la creatividad, daño a la actividad económica de Internet, etc), ¿cuál te parecía el más relevante?

Destacaría dos, de distintos niveles. El primero tiene que ver con la mecánica de este tipo de tratados. Desde un tiempo a esta parte la estrategia de las empresas titulares de derechos pareciera ser influir a nivel internacional en tratados o convenios comerciales que se negocian secretamente. SOPA y PIPA, a nivel local en Estados Unidos, y TPP y ACTA a nivel internacional son convenios comerciales cuyos términos de negociación están ocultos para el público en general, incluyendo al resto de los poderes del Estado.

El segundo tiene que ver con que todas estas iniciativas tratan de entender las nuevas tecnologías e internet fundamentalmente como un lugar opaco que cuyas prácticas hay que regular con severidad para resguardar mecánicas de negocio de la era previa a internet. Así, otros derechos que ven en internet una zona segura y de fácil desarrollo, como la libertad de expresión, termina cediendo a favor de intereses comerciales vinculados a la explotación de los derechos de autor. Todas estas iniciativas pretenden, por la vía legal, resolver un problema que es básicamente de mercado, económico, como es el intercambio de archivos en internet o lo es lo que la industria denomina piratería.

2) ¿Cómo se gestó la participación de Derechos Digitales en la carta enviada por organizaciones de derechos humanos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos? ¿Están planeando nuevas actividades o iniciativas?

Nosotros entendemos que los problemas derivados de la sobreprotección de los derechos de autor en el entorno en línea no son sólo locales. Son problemas y desafíos globales. Así, hemos entendido que la única manera de hacer frente a esta tendencia es tender redes y establecer alianzas con otras organizaciones sociales que, desde el interés público, pretenden establecer un sistema de derechos de autor equilibrado, que al mismo tiempo que proteja a los autores no lo haga a costa de los derechos del resto de los ciudadanos. Hoy somos parte de varias redes de activistas internacionales con presencia en Estados Unidos y en OMPI con el fin de poner los temas que en estos días han tenido tanta exposición a propósito de SOPA, en la agenda legislativa.

3) En conexión con lo último, ¿cómo ves el panorama futuro de la legislación para regular Internet en Estados Unidos y el resto del mundo? ¿Crees que va a haber un consenso en el corto o mediano plazo para que se logren legislaciones de compromiso?

Es difícil responder aquello. Se me ocurren dos ideas. La primera es que la tendencia normativa internacional a nivel comparado ha sido que cada vez que hacemos cambios a nuestras leyes de derechos de autor son reformas que apuntan a aumentar los estándares de protección y no los de acceso. A aumentar las penas, los delitos, las infracciones y los derechos y no aumentar con la misma energía la protección y difusión del dominio público y de las excepciones y limitaciones que, por ejemplo, favorezcan a bibliotecas y discapacitados. Visto así, y tomando en cuenta las recientes medidas en España y Francia, el panorama no parece ser muy alentador.

La segunda idea es que esto en algún momento tiene que parar. La denominada guerra contra la piratería ha tenido costes importantes en los últimos veinte años y no ha bajado ni en un punto los intercambios de archivos en internet. Es más, en muchos casos los gastos judiciales y derivados del lobby superan con creces las pérdidas que la propia industria dice tener a propósito de la piratería. Hace algunos meses se publicó un estudio que encargó el gobierno británico (el Review of Intellectual Property and Growth) respecto de las políticas de derecho de autor del futuro. El informe Hargreaves, denominado así por el nombre del profesor encargado de hacerlo, concluyó, entre otras cosas, que las normas de derecho de autor han respondido más al lobby de la industria que a la respuesta frente a la evidencia empírica.

Tengo la esperanza que en algún momento tengamos un debate en serio respecto de los derechos -en general- en internet y en particular de los derechos de autor. Hoy tenemos leyes que nos dicen a todos que somos piratas. Esto no sucede porque un día por la mañana despertamos todos con un parche en el ojo y una pata de palo, sino que sucede porque de un momento a otro -con la emergencia de internet- nuestras leyes se hicieron absurdas. Y por eso tenemos que cambiarlas.

4) ¿Qué te parece el proyecto de ley OPEN, actualmente en el senado de Estados Unidos? ¿Te parece que, efectivamente, no afecta la estructura y seguridad de Internet como hacía SOPA, y que establece medidas efectivas o al menos aceptables para proteger la propiedad intelectual e industrial en Internet?

OPEN, a diferencia de SOPA, es una propuesta que ha sido de debate abierto y además pretende, entre otras cosas, apuntar a medidas que efectivamente ataquen el intercambio comercial a gran escala de productos protegidos por derecho de autor, junto con entregarle más atribuciones a organismos públicos. Hoy ha sido apoyada por una serie de importantes empresas de internet, aunque tengo mis dudas respecto de si tendrá piso político para terminar el trámite legislativo. De todas maneras creo que es un buen primer paso para comenzar a debatir con algo más de seriedad y calma asuntos extremadamente complejos y sensibles desde el punto de vista de nuestros derechos en internet.

5) ¿Cómo sería para ti una legislación adecuada para regular estas materias?

Una legislación adecuada debiera ser una legislación equilibrada. Que proteja los derechos de los autores -cuyos intereses no son necesariamente los de la industria que dice defenderlos- pero al mismo tiempo no lo haga a costa de los derechos del público. Esto, que parece muy general, es importante porque me parece que en todo este debate hemos escuchado más la voz de entidades de gestión colectiva e industria del entretenimiento que a los creadores en general. Una ley que proteja a los autores debiera escuchar también la opinión de académicos, investigadores, fotógrafos, bibliotecarios y usuarios de tecnología en general. Adicionalmente, una legislación adecuada debiera descansar en evidencia empírica. ¿Cuál es el verdadero costo de la piratería en internet? ¿Quiénes se ven perjudicados? ¿Cómo, en qué magnitud? ¿El hecho que nunca antes en la historia del país haya tanta gente que esté dispuesta a pagar por ir a ver shows en vivo, tendrá algo que ver con la democratización del acceso y las nuevas tecnologías? Además, una normativa decente de derechos de autor debiera hacerse cargo de los problemas vinculados de la sobreprotección del derecho de autor. Hacerse cargo, por ejemplo, de las obras huérfanas, ese conjunto enorme de obras cuyo plazo de protección no ha expirado pero que se hace muy difícil poder conocer su titularidad. Si hoy una editorial quiere  editar una antología de la mejor poesía chilena de la mitad del siglo XX, se va a encontrar con un problema importante para conseguir los derechos aún no expirados. La opción es o publicar exponiéndose a que aparezca un heredero con ganas de demandar o desistir de la publicación. El problema de esto no es que hoy no se edite el libro. El problema es que cuando en unos años más las nuevas generaciones quieran saber qué poesía se escribía en Chile en la mitad del siglo XX no van a tener fuentes donde consultar. Y de este problema nuestras leyes de derechos de autor no se hacen cargo.

6) Finalmente, ¿qué semejanzas o diferencias ves entre esta barrida contra las nuevas formas de compartir contenido que permite Internet y las de la década anterior, como Napster? ¿Crees, efectivamente, que quienes apoyaban SOPA y PIPA “no entienden la Internet”?

Creo que eso es un error. SOPA, PIPA, ACTA y TPP no existen por ignorancia. Nuestras leyes de derecho de autor no están sobredimensionadas producto de ceguera legislativa. Existen por la enorme influencia de la industria del software, de la música y del cine sobre nuestros legisladores. La experiencia del caso SONY, donde la industria del cine intentó ilegalizar la distribución de los grabadores de VHS caseros en Estados Unidos, Napster, Grokster, la DMCA y las propuestas legislativas actuales muestran como la industria reacciona frente a la emergencia de condiciones distintas a las que vieron crecer sus negocios. La ley de derechos de autor se ha convertido -paradójicamente, al igual que en sus inicios- en un instrumento de control de mercado y de control para la circulación de bines culturales a favor de una industria particular.

No es casual que Lawrence Lessig, uno de los más influyentes pensadores y escritores críticos al derecho de autor actual, esté hoy dirigiendo un centro encargado de estudiar la corrupción en el sistema político.

¿Por qué no me deja trabajar tranquilo? La historia de Bastián

Vendíamos harto: calcetas, lentes, de todo. [Bastián] Era súper buen comerciante, llamaba la atención de la gente. Se daba cuenta altiro cuando bajaban las ventas y había que cambiar de producto por la temporada. En Halloween, por ejemplo, se le ocurrió lo de las calabazas. El único problema que tenía era cuando había que arrancar: por lo guatón lo pillaban siempre los pacos. Cuando lo agarraban era bien respetuoso, les decía: oiga, ¿por qué no me deja trabajar tranquilo?

Hace un par de semanas atrás, la revista El Sábado de El Mercurio publicó un muy buen reportaje (enlace con paywall) hecho por el periodista Rodrigo Fluxá sobre la muerte de Bastián Arriagada, el muchacho muerto en el incendio de la cárcel de San Miguel que estaba detenido por venta de discos piratas.

Es una historia de pobreza, de precariedad y también, lamentablemente, de propiedad intelectual.

Dado que en este blog detestamos los paywalls, si les interesa leer el reportaje completo lo pueden hacer desde un regio PDF que alguien me hizo llegar.