GISWatch 2016: addressing economic, social and cultural rights on the internet

The current dominant public policy discourse on the internet and human rights addresses the importance of the these new technologies to empower civil liberties. There is no better example of this than freedom of speech, traditionally mediated by power structures that do not allow it to flourish. Another important stream of this discourse hinges on the security and surveillance debate – massive surveillance through technology due to security needs is one of the most serious challenges we are facing today in the field.

In spite, or perhaps because of this, there is less attention paid to the way those technologies affect or enhance economic, social and cultural rights (ESCR). Being seen as second class rights (or even third class, in some cases), there is a need to start talking about the importance of them to dramatically improve the live conditions of the least advantaged groups within our societies, both in terms of access to infrastructure, educational resources, access to health care, to work conditions, between others.

Such is the frame of the GISWatch report (Global Information Society Watch) of 2016. The aim of the report is cover to state of the information society from a civil society perspective worldwide. It was been published since 2006 as a collective effort of activists, scholars and academics leaded by the Association for Progressive Communications, and the 2016 report is just about internet and economic, social and cultural rights.

The 2016 report includes the work of several people within the Creative Commons global community trying to address issues related with trade agreements and ESCR, the right to educational resources and the internet, and the digital protection of traditional knowledge. This report is a key document to better understand the connections between technological advances and social empowering of human rights, particularly where access to knowledge and cultural resources is a key element.

The report is CC BY licensed as well!

Publicado en la web de Creative Commons

¿Cómo se hace un derecho de autor equilibrado?

¿Desde dónde partimos para construir un modelo de derecho de autor balanceado, que otorgue incentivos para crear y garantías de acceso para el público? Hay a lo menos cuatro principios que se desprenden de declaraciones conjuntas de relatores de libertad de expresión a nivel mundial que nos ayudan a concebir un modelo respetuoso con los derechos humanos.

El artículo que publiqué en Derechos Digitales intenta ponerle algo de contenido a un concepto que está hoy presente en cualquier discusión regulatoria de derechos de autor: necesitamos un derecho de autor equilibrado, que balancee todos los intereses involucrados. Claro, partiendo de la base que todos esos intereses se encuentran igual de representados en la discusión política y en los medios, lo que es completamente falso.

Por otro lado, hay una sospechosa comunión entre la industria, titulares de derechos de autor y abogados de interés público respecto del punto. Todos quieren lo mismo, todos quieren equilibrio, transformándose el concepto en una saciedad semántica, perdiendo todo sentido de tanto repetirlo. En el artículo trato de esbozar un punto de partida: la construcción internacional de los derechos humanos.

Ladrón roba a ladrón

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Eso no quiere decir que EE.UU. deba hacer vista gorda a la piratería china. Después de todo, el Departamento de Justicia se supone que debe velar por los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Pero, al igual que en una fábrica de telas, el patrón se repite: hacer actividades de espionaje económico es algo que hacen los países en desarrollo. Cuando no estás todavía generando una gran cantidad de la propiedad intelectual por ti mismo, imitas. Hoy en día China va a tratar de robar, y Occidente va a tratar de detenerlos. ¿Pero la táctica de utilizar la piratería para dar un salto al desarrollo? Esa parece una idea que robaron de nosotros. 

James Surowiecki. Spy vs. Spy. Publicado en el NewYorker el 9 de junio de 2014.

Sobre el cierre de Feria Mix y su conexión con la cultura de la piratería

En una carta publicada en El Mercurio, el abogado Rodrigo León (representante de HBO en el caso Cuevana) lamentó el cierre de Feria Mix, lo que, según él, se explicaría por un cambio en el mercado y, fundamentalmente, por un “mal endémico” que sufriríamos los chilenos, al fomentar la piratería y el irrespeto a la propiedad intelectual. De no cambiar esta cultura, concluye León, seguirán desapareciendo empresas que dan trabajo en Chile.

Afortunadamente, la realidad indica algo distinto a los radicales augurios del señor León. Para efectos del argumento, uno podría compartir el supuesto de que la piratería ha aumentado radicalmente en el último tiempo. Pero vamos a los datos empíricos: en los últimos cinco años, y de acuerdo a las cifras de la Cámara de Distribuidores Cinematográficos, el público asistente a salas de cine en Chile pasó de 11,5 millones de personas al año en 2007 a 20,1 millones de personas, el año 2012. Desde el punto de vista de la recaudación de derechos de ejecución, la Sociedad Chilena de Derechos de Autor ha pasado de recolectar 7.2 mil millones de pesos a 12.4 mil millones de pesos en 2012.

Tampoco parece tener mayor sustento indicar que existe en Chile una cultura de fomento a la piratería. Al analizar las estadísticas de condenas por delitos de propiedad intelectual, nos encontramos con que nuestros tribunales abren cerca de seis mil causas al año, con más de dos mil condenados cada 365 días. En países como México, o incluso Estados Unidos, el número de condenados no supera los cincuenta al año.

Más que una cultura de piratería, lo que parece existir en Chile es una agresiva cultura de persecución criminal en materia de propiedad intelectual y una proliferación de argumentos basados en presunciones erradas. La construcción de políticas públicas, entonces, debiera partir de consideraciones culturales amplias antes que de prejuicios.

Claudio Ruiz, director ejecutivo ONG Derechos Digitales.

José Huerta, director ejecutivo ONG Cívico.

¿Perspectivas públicas sobre la propiedad intelectual? Reflexiones sobre la escuela de verano INAPI – OMPI

En octubre de 2013, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) anunció que durante el mes de enero se realizaría la versión chilena del “Summer School on Intellectual Property”, un curso de verano impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en conjunto con aliados locales en distintas partes del mundo. Se trata de un curso pagado de diez días, que busca entregar herramientas a jóvenes profesionales, para profundizar sus conocimientos sobre propiedad intelectual. Una parte de las clases se dictará en INAPI y las restantes en la sede de una universidad privada en Viña del Mar.

Pero recién hoy, a tres días de comenzar, se ha hecho público el programa del curso. Y es, a todas luces, sorprendente.

El de la OMPI es un curso modular, que comparte currículum con otros programas similares que se han dictado alrededor del mundo. En él se incluyen aspectos generales y algo más específicos sobre propiedad intelectual, divididos en seis secciones, que van desde derechos de autor y conexos, hasta reflexiones sobre los desafíos del futuro, con un marcado acento en aspectos comerciales, en protección y en observancia.

Las referencias a aspectos vinculados con acceso son escasas y más bien oblicuas. De los 36 módulos en que consiste el curso, solo en dos ‘estudios de casos’ aparecen referencias más o menos directas, a aspectos clave, como son dominio público y salud pública. INAPI aparentemente ha decidido que es innecesario discutir respecto a los derechos de los usuarios y los desafíos del derecho de autor en el contexto digital, o realizar un análisis consistente de excepciones y limitaciones en favor de bibliotecas, discapacitados y público en general.

Pero lo que resulta más llamativo es la composición de los conferencistas invitados a dictar los módulos del curso: a pesar de estar coorganizado por ellos, solo hay un funcionario de la OMPI y un solo académico (de la UC Davis). En su mayoría se trata de abogados pertenecientes a connotados estudios jurídicos privados.

Curso inapi

Como se aprecia en el gráfico, la mayoría de los expositores son abogados privados, vinculados a connotados estudios jurídicos Como se aprecia en el gráfico, la mayoría de los expositores son abogados privados, vinculados a connotados estudios jurídicos. Haz clic en la imagen para agrandarla.[/caption]

Mientras INAPI cuenta con casi el 26% de los relatores, los estudios privados representan un ilustrativo 48%. Es decir, en un curso organizado por un servicio público, casi la mitad de sus contenidos son dictados por abogados privados, clientes del sistema registral que administra INAPI, y por cierto, especialmente interesados en la promoción de un modelo de propiedad intelectual acorde a los intereses comerciales de los clientes que representan en sus horas laborales, como las grandes empresas de software y la industria cinematográfica.

INAPI es de los pocos servicios públicos en Chile que tienen competencias exclusivas en materia de propiedad intelectual; y en su calidad de registro, los estudios de abogados son sus mejores clientes. Es probable que sea INAPI quien asesora e informa al Gobierno en la toma de decisiones en materia de PI en TPP, y han sido explícitos en sostener la necesidad de una nueva institucionalidad de propiedad intelectual, que incorpore la gestión de derechos de autor. En este contexto, no solo es preocupante, sino también ilustrativa, la grave e inexplicable cooptación de iniciativas como este “Summer School” por parte de sus clientes privados, sin que exista equilibrio en los contenidos, ni prudencia respecto de los expositores invitados.

Las críticas son muchas. Primero, una actividad que se realiza (al menos parcialmente) con fondos del Estado, debiera considerar mayores cuotas de apertura y participación a los distintos actores, públicos y privados, involucrados en la toma de decisiones en materia de derechos de autor en el país, y no solamente a los vinculados a un puñado de industrias. Segundo, el énfasis comercial del programa y sus relatores parece desconocer no solamente el interés público comprometido, sino también el rol del Estado en la construcción de un sistema de propiedad intelectual útil a toda la sociedad. Por último, no resulta aceptable que INAPI, a través de esta colaboración con OMPI, tome partido por una visión parcial, sesgada y poco equilibrada de la propiedad intelectual.

Una discusión seria sobre estas materias al menos espera una postura imparcial por parte de un servicio público como INAPI. Y, lamentablemente, no parece ser el caso.

Una foto con Obama excesivamente cara

Estos días son críticos para el futuro del TPP, al menos a nivel internacional. Como es sabido, los ministros de comercio de los países que negocian el Acuerdo Transpacífico se encuentran reunidos en Singapur, con el fin de cerrar políticamente todo aquello que los negociadores técnicos no han podido, en más de tres años de negociaciones.

Las dudas respecto de la transparencia del proceso y los graves perjuicios que el TPP traerá a las economías en vías de desarrollo -como la chilena- siguen presentes y no parecen resolverse, pese a la gran presión que existe en la comunidad internacional.

Durante los últimos días, una nueva filtración ha levantado las alarmas de la prensa mundial. Un par de documentos de trabajo, que parecen ser posteriores a la última ronda técnica en Salt Lake City, se han hecho públicos. A diferencia de los “leaks” anteriores, se trata de apuntes y no de documentos oficiales, pero en ellos puede verse la gran cantidad de desacuerdos que aún persisten en los capítulos más problemáticos del TPP, incluyendo propiedad intelectual.

Algún observador ocasional podría llamar a la calma, al notar lo lejos que parecen estar las negociaciones de llegar a puerto. La verdad parece ser que, con cada día que pasa, los países tienen menos margen de maniobra.

La presión de Estados Unidos es manifiesta en los documentos filtrados y, junto a la información anteriormente revelada, dan cuenta de un cambio dramático en la estrategia norteamericana, que través de la presión externa a los equipos negociadores, pretende llegar a acuerdos imposibles de alcanzar de otro modo. Básicamente, los documentos ilustran cómo el TPP no es tanto un acuerdo comercial, como una gran imposición de las economías desarrolladas a los países más pobres.

Adicionalmente, los documentos entregan pequeñas luces sobre el polémico y (quizás por lo mismo) poco estudiado capítulo denominado ISDS (Investor-State Dispute Settlement, o solución de controversias inversionistas-Estado). En dicho capítulo- que regula el sistema de disputas donde inversionistas extranjeros pueden demandar a los países del tratado en un tribunal internacional- se pretende ampliar las definiciones de “inversiones” y de “acuerdos de inversión” socavando la soberanía regulatoria de los países.

No son los Estados parte los que promueven estas demandas por incumplimientos supuestos de los términos de un tratado, sino que los privados. Actualmente, dichos ISDS existen en algunos acuerdos comerciales, con consecuencias muy favorables para los intereses de determinadas industrias. Sin ir más lejos, la tabacalera Phillip Morris demandó a Australia en 2011 por establecer por ley una norma de etiquetado de cigarrillos, para prevenir enfermedades en los consumidores.

La ampliación de los criterios para este tipo de resoluciones no será sino un obstáculo adicional para que nuestros países tomen mejores soluciones regulatorias en el futuro, en temas tales como minería o concesiones de obras públicas, entre otros.

Los documentos filtrados confirman además un secreto a voces entre quienes han seguido las negociaciones durante los últimos años: se habría acordado entregar minutas a los ministros, donde cada uno de los temas más polémicos y sensibles quedaría reducido a un par de opciones. Las largas negociaciones técnicas se convierten así en un juego infantil, al ritmo de los intereses corporativos.

Es tragicómico pensar en cómo un tratado tan ambicioso como el TPP, termina siendo negociado en una sala cerrada, donde representantes políticos resuelven asuntos sensibles a espaldas del Congreso, a espaldas de la gente e incluso, en el caso de Chile, a espaldas de la realidad política, que indica que el Presidente Sebastián Piñera dejará La Moneda en cosa de meses.

Michelle Bachelet ha señalado públicamente su preocupación por la velocidad de las negociaciones, mientras que el Congreso ha planteado la necesidad de detenerlas y abrir un proceso de participación. ¿Y el Gobierno? En silencio. Más que estar preocupados del futuro regulatorio, parecen estar preocupados de la fotografía con Obama. Una fotografía excesivamente cara.

 

Columna publicada en Derechos Digitales.

¿Está muerta la privacidad?

A fines de 2012 desde la Fundación Comunica y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC) me invitaron a coordinar una mesa de trabajo relativa a privacidad en el marco de la Cuarta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. 

Esta mesa de trabajo era parte de un esfuerzo un poco más grande de análisis desde la sociedad civil de aspectos a tomar en cuenta por nuestras autoridades en el marco de la larguísima discusión en torno a la sociedad de la información. 

A la mesa invitamos a Carlos Gregorio, a Beatriz Busaniche de Vía Libre, a Katitza Rodríguez de EFF y a Ramiro Álvarez de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Todos aportaron tanto en su presencia como por escrito sus reflexiones sobre la regulación y los desafíos regulatorios de la privacidad en la era de internet (previo a las revelaciones de Snowden). El documento es rico y trata una serie de temas de interés. La fundación Comunica ha decidido editarlo en libro y puede descargarse gratuitamente desde su web o bien comprarse en Amazon en formato Kindle

A continuación es la reflexión que preparé para el encuentro.

Propuestas para una reflexión crítica sobre la protección de la privacidad en la era de internet

Internet ha cambiado la forma en que nos comunicamos, interactuamos, accedemos a la cultura y a la información. Ha cambiado, de buena forma, la manera en la que nos enfrentamos al mundo. Estos cambios, que en muchos casos supone buenas noticias (acceso, conectividad, inmediatez), en otros casos supone conflictos y problemas desde la óptica de los derechos. Particularmente, serán las formas tradicionales de entender y tratar los derechos de propiedad intelectual y los derechos vinculados con la privacidad las más afectadas con estas nuevas dinámicas y prácticas derivadas de las nuevas tecnologías.

En el caso de los derechos vinculados a la vida privada, la masificación de las nuevas tecnologías ha supuesto la renovación de antiguas preguntas y la aparición de otras nuevas, vinculadas básicamente a las nuevas posibilidades relativas al tratamiento de información personal de los ciudadanos a través de estas plataformas. Mientras en un principio los derechos relacionados con la privacidad parecían verse agotados con el asegurar el derecho a estar solo o a la no intrusión del Estado, la emergencia de las tecnologías de la información parecen enfrentarnos a antiguas preguntas sobre al alcance de lo privado, pero también a otras nuevas, relativas al consentimiento para el procesamiento de información personal por terceros o a los grises contornos del derecho constitucional a la vida privada. Tanto así que algunos son reacios a utilizar incluso el concepto de ‘privacidad’ por considerarlo un anglicismo inaceptable, prefiriendo usar ‘vida privada’ o intimidad (que suelen utilizar los textos constitucionales de la región) para hacer referencia a aquellas áreas distintas de lo público.

Así por ejemplo, la masificación de las denominadas redes sociales debe ser uno de los desafíos más importantes que ha enfrentado la privacidad en los últimos años. En la era pre-digital existían una serie de prácticas que se encontraban confinadas al núcleo familiar o bien a un círculo delimitado de confianza, como compartir recuerdos o hablar de sus relaciones sociales. Las plataformas sociales han cambiado la forma en que dichas prácticas se reproducen, donde ya no parecen ser solamente dentro aquellos espacios de confianza donde se expresan, sino que esta vez también se alrededor de grupos con intereses colectivos, donde a través de las prácticas -y no necesariamente lo que establece la ley- dichos contornos se hacen cada vez más difusos.

Adicionalmente, acuerdos regionales o bilaterales de comercio han supuesto otro cambio en la forma en que enfrentamos la privacidad desde el punto de vista normativo, especialmente en el manejo de los datos personales. Latinoamérica, desde esta perspectiva de análisis, ha sido campo fértil para la experimentación y para la adaptación de esquemas normativos foráneos, sea a través de la adopción como propios de los criterios europeos, sea a través de la aceptación de estándares más difusos, como los de Estados Unidos. La privacidad en la región es más bien un concepto lleno de espacios, grietas y rendijas que ha permeado toda clase de abusos y de pereza legislativa. El resultado final es un estándar insuficiente de protección y, lo que es aún más grave, la carencia de una reflexión respecto de los aspectos más problemáticos de la privacidad en el siglo veintiuno desde la región.

Dada esta masificación de estas prácticas, ¿será que la privacidad como la conocemos se encuentra en fase terminal? ¿Será que debemos abandonar la idea de un derecho a la vida privada, reformular el concepto, o bien dedicarnos a abordar los nuevos riesgos que enfrenta? ¿Será que los derechos vinculados al tratamiento de información personal por parte de terceros debieran ser reconceptualizados a la luz de los cambios paradigmáticos de las nuevas tecnologías? ¿Será que es hora de hablar de nuevos conceptos e inventar nuevas asociaciones para saber qué es necesario proteger? ¿O será que los instrumentos internacionales de derechos humanos nos pueden dar pistas y orientaciones para hacer este análisis crítico sobre la privacidad en la era de internet?

Por cierto estas no son las únicas preguntas que vale la pena hacerse cuando se trata del tratamiento de información personal. No solo a través de prácticas de privados, sino fundamentalmente también a partir de políticas elaboradas por organismos del estado es que los derechos vinculados a la privacidad se ven en constante amenaza. Las nuevas tecnologías y su masificación han supuesto cambios importantes en la manera en la que nuestros derechos fundamentales son entendidos. Estos cambios han supuesto también cambios en los modelos de vigilancia, que en principio estaban pensados para reducir la comisión de delitos y, en general, derivados de requerimientos de seguridad, últimamente se ha convertido en un fantastma omnipresente, haciendo de la vigilancia estatal y privada algo así como un costo de la vida moderna. Así, respecto de la privacidad cabe una gran paradoja. Por un lado es de aquellos derechos fundamentales con orígenes claros en su reacción ante los abusos de las prácticas monárquicas, como una construcción primigenia de derechos de tipo civil de no intromisión en aquellas cosas privadas. Como un escudo frente a los abusos de la autoridad. Pero por otro, en nuestra vida moderna los requerimientos derivados de la protección de la privacidad parecen difíciles de asir para buena parte de la población. Además de ser un costo de la vida moderna, y a diferencia de otros derechos, los peligros de la falta de protección de nuestra vida privada son difusos, grises y de difícil definición, básicamente por su propia naturaleza. ¿Por qué ocultar cosas si es que no tengo nada que ocultar?

Adicionalmente, dos elementos son de especial preocupación cuando hablamos de la privacidad en el siglo veintiuno. En primer lugar, y como se señalase con anterioridad, los esfuerzos normativos de los países de la región han sido más bien erráticos y, en general, no son más que remedos de soluciones normativas parciales llevadas a cabo en otras partes del mundo. La adopción de dichos estándares normativos responden por un lado a ciertos requerimientos a los países del sur por parte de economías más desarrolladas en torno a lógicas del libre comercio, pero también suelen responder a factores relativos a la generación de economías de escala y a la creación de empleos y necesidad de configurar un modelo amistoso para la inversión extranjera. Así las cosas, países como Argentina, pero fundamentalmente Chile, son pradigmas de unos intentos normativos que pretendido establecer mejores condiciones de inversión y generación de empleos de industrias basadas en el tratamiento interfronterizo de datos, particularmente, de inversionistas europeos, que requieren de una estructura normativa acorde cuando se trata de tratamineto de datos de ciudadanos europeos antes de tomar la decisión de invertir. Así, los requerimientos, prácticas e intereses de los ciudadanos locales de ver merjorada su protección de datos personales en un ambiente hostil para la privacidad como son las nuevas tecnologías, son sólo requerimientos de segundo nivel.

Las nuevas tecnologías han supuesto, además, la creación de nuevas prácticas en nuestra interacción con estos implementos, particularmente cuando se trata de medios digitales. La reacción del Estado, como hemos visto, es particularmente errática y se balancea entre la inacción y la sobre reacción normativa, por cierto no obteniendo resultados esperanzadores desde la óptica de los derechos, al final. En este contexto, dichas prácticas que, como indicábamos, ha hecho bajar ostensiblemente los costos de transacción en el intercambio de información, también suponen desafíos esta vez no solo normativos sino también de educación y de comprensión de los efectos que tienen esas prácticas en el ejercicio de derechos que, en el mundo pre-digital, parecían un poco más concretos, un poco más presentes. Así, ambas preocupaciones en definitiva tienen mucho que ver con el rol que debiera jugar el Estado. Al menos en un triple sentido. Primeramente, asegurando un marco normativo adecuado que esté pensando en los ciudadanos y el resguardo de sus derechos en un entorno hostil para la privacidad, recopilando y orientando políticas de prevención de riesgos cuando se trata de intercambio de información personal. Segundo, educando respecto no solo de los beneficios que, como veremos, se tornan cada vez más concretos y palpables, sino fundamentalmente de los riesgos que supone este intercambio de información facilitado por las herramientas derivadas de estas nuevas tecnologías. En tercer lugar, masificar buenas prácticas derivadas del uso de herramientas sociales y relativas a la entrega de información personal a compañías que, por lo demás, están interesadas en dicha información como base de un modelo de negocios que descansa en la personalización de la publicidad. Lamentablemente, a la luz de las prácticas existentes en la actualidad, la respuesta en general de las instituciones públicas distan de dicho estándar.

Y no sólo eso. En latinoamérica, como se verá, esta tensión entre la protección de los derechos y el errático rol del Estado ha tomado una dimensión un poco más compleja, si se quiere. Prácticas vinculadas con la videovigilancia promovida bajo la cortina de la lucha contra el delito o bien derivadas de la necesidad de controlar ciertos flujos como información biométrica o información derivada del transporte de los ciudadanos, han aparecido en los últimos años como nuevas amenazas para la privacidad de en la región. Si a esto se le suma lo dicho con anterioridad respecto de la escasa efectividad de la aún precaria protección normativa, nos hace ver un paisaje algo desalentador para el futuro de la privacidad en la región.

En relación a lo anterior, y como se verá, algunos parecen esgrimir como solución el establecimiento de protocolos especiales y privados para la gestión de la información personal cuando se trata de medios digitales. Sin duda alguna dichas medidas reducen de manera sustantiva los riesgos de filtración y vigilancia respecto de información que de otra manera circula con cierta libertad a través de las redes, pero no parecen ser una respuesta adecuada a un problema de carácter público. Dichas soluciones suelen ser la salida para el ciudadano avezado y con conocimientos técnicos y, por lo mismo, tiene alcances demasiado restringidos. Problemas de carácter público debieran ser más bien enfrentados a través de una batería de medidas que partan de la base del establecimiento de una plataforma normativa adecuada y progresista, pero que vaya de la mano con políticas públicas eficaces, como se ha indicado más arriba.

Adicionalmente, en la región queda abierta la discusión respecto de *cómo* debiera ser una apuesta normativa progresista y liberal que haga frente a estos problemas. Obviamente no existen fórmulas y, las que existen, carecen del carácter contextual que debiera gozar una respuesta fuerte desde la óptica de los derechos, no respondiendo necesariamente a las prácticas que hemos indicado y que, en muchos, casos tienen un fuerte carácter socio cultural. Probablemente una orientación para esta normativa podría estar dada por la vinculación de la protección de la privacidad con otros derechos fundamentales. No es casual que, sea de la mano de la jurisprudencia en ciertos casos o en otros derechamente de una apuesta regulatoria de nivel constitucional, en muchas ocasiones se destaque la relación existente entre la protección de la privacidad y la libertad de expresión, en el sentido de ser la primera en ciertas circunstancias una expresión de la segunda. Así, por ejemplo, la dimensión de la protección de los datos personales entendidos como un presupuesto de la autodeterminación informativa, configura un derecho fundamental complejo que comparte muchos de los fundamentos de la libertad de expresión, siendo de alguna manera también presupuesto de una sociedad basada en principios democráticos robustos.

Otro de los desafíos de la protección de la vida privada vis a vis los datos personales tiene que ver con un aspecto ya tratado anteriormente relativo a las prácticas. En reiteradas ocasiones se argumentan estas novedades a partir de los beneficios concretos y palpables que podemos -y *es deseable*- recibir, siendo por tanto las vulneraciones a nuestra vida privada nada más que costos de ser aprte de una sociedad moderna. Quizás una forma de comenzar a responder a las preguntas presentadas con anterioridad sea configurando también cuales son los desafíos que *concretamente* suponen estas vulneraciones a la vida privada. Evaluar, entonces, los peligros eventuales con los beneficios concretos parece ser un buen punto de partida.

Talvez las pistas para responder a las preguntas presentadas estén dadas por las apuestas normativas a las que Latinoamérica se ha visto expuesta. Talvez podemos encontrar otras pistas en las dinámicas y en las prácticas locales y en las reflexiones a partir de esas prácticas. Si el concepto de privacidad, al menos como la entendíamos antaño, está muerto o debe ser reconceptualizado, el punto de partida hacia una respuesta quizás se encuentre en tales prácticas como también en la forma en que lo hemos entendido en cada país y en la región a la luz del desarrollo de los derechos fundamentales.

Tratado de Marrakech: Una victoria del acceso frente al lobby corporativo

Con una presentación especial de Stevie Wonder en Marrakech, a fines de junio finalizaba una larga serie de conferencias de alto nivel, que desde hace más de cinco años pretendían  generar un instrumento internacional que ayudara a los discapacitados a tener acceso a obras intelectuales a través de formatos accesibles.

El fin de esta historia -o el comienzo de un proceso, dependiendo del punto de vista que se utilice- fue sellado a través del Tratado de Marrakech, el que ha sido visto por la Unión Mundial de Ciegos (UMC) como un hecho histórico, dado que es la primera vez en la historia que un tratado sobre derechos de autor es pensado para proteger a usuarios y no para sobreproteger a sus titulares.

El objetivo del tratado es más que razonable. Es tener un instrumento internacional que establezca un estándar mínimo de excepciones que los países deban cumplir, además de la eliminación de barreras para el intercambio transfronterizo de obras en formatos accesibles. Este objetivo, primario y de una elocuencia suficiente como para lograr consensos, estuvo lejos de ser compartido por todos los países que participaron en la discusión en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin ir más lejos, Estados Unidos -que cuenta con buena parte de las normas propuestas en su normativa interna- hasta hace poco se negaba a la idea de hablar siquiera de un tratado. El sector privado, liderado vergonzosamente por la Motion Pictures Association of America (MPAA), intentó infructuosamente hacer ver que el objetivo de este tratado no era sino parte de una estrategia para desestabilizar la protección de los derechos autorales.

En particular, uno de los argumentos más interesantes de la MPAA en contra del tratado era que intentaban que existiera un texto que reflejada una idea de “equilibrio normativo”. Es interesante como, al igual que sucedió en Chile a partir de la última reforma a la ley de propiedad intelectual, es la industria -y en algunos casos otros sectores conservadores aun dentro de instituciones públicas- quienes utilizan la retórica del “equilibrio” para abogar por un modelo de derechos de autor construído a favor de intereses corporativos y en contra del acceso. Un derecho de autor equilibrado no es aquel que le entrega más control a los titulares e intermediarios. Un derecho de autor equilibrado es uno que contextualice sus implicancias sociales y culturales y que no relativice la importancia del acceso.

En los países desarrollados sólo el 7% de los libros que se editan están disponibles en formatos accesibles, cifra que baja a cerca del 1% en países en desarrollo. En un contexto donde el modelo legal de derechos de autor sigue acrecentando la brecha del acceso al no contar con salvaguardias a favor del público -sin resolver el problema de las obras huérfanas, aumentando indiscriminadamente los plazos de protección, sin tener excepciones para usos no comerciales- un tratado como el de Marrakech es una excelente noticia no sólo para las personas con discapacidad visual o auditiva, sino también para el interés público, abriendo la puerta para una discusión más profunda respecto de qué modelo de derecho de autor se ajusta a los requerimientos de acceso e inclusión para construir una sociedad más justa.

(Columna escrita para Derechos Digitales)

TPP

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A principios de los dos mil Chile estaba en una situación diferente. Luego de décadas de exclusión en el contexto internacional, la economía de Chile necesitaba un empujón que permitiera su desarrollo comercial, y para ello la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos fue un objetivo que al que Chile quiso llegar como quiera fuesen las circunstancias y sus costos. Los costos fueron varios, pero de entre los más sonados son el aumento radical de los criterios de protección en materia de derechos de autor, incluyendo aumento de plazos de protección más allá de los estándares internacionales.

Hoy Chile está en un momento diferente. Y el mundo está en un momento diferente. No solo China ha desplazado a nuestros principales socios comerciales de la época, sino también Chile tiene en su cartera una buena cantidad de acuerdos comerciales que fomentan el libre comercio a nivel global. Con todo esto, es llamativa la tenacidad del gobierno de Sebastián Piñera de cerrar un nuevo tratado de libre comercio llamado eufemísticamente Trans Pacific Partnership (TPP), que tiene como socios solo a países con los cuales Chile tiene ya firmados acuerdos de libre comercio lo que supondrá re-negociar estos acuerdos que no tienen ni siquiera diez años desde su suscripción. A lo anterior, debiera indicarse aspectos aún más problemáticos, como el excesivo celo en las negociaciones, declaradas secretas, que hace imposible saber -incluso para el Congreso Nacional- a qué nos estamos comprometiendo normativamente en el TPP.

Las voces críticas en contra de la conveniencia de este tratado vienen de todas partes. Sin ir más lejos, el que fuera jefe negociador de Chile en TPP hasta hace un par de meses, levantó alertas respecto de lo que los países están comprometiendo y los problemas que esto podría suponer. Adicionalmente, un informe del ex-jefe de DIRECON durante 2004-2010 añade aún más dudas, indicando que las ganancias para Chile en TPP serían, de existir, marginales; y los costos altísimos, destacando, entre otros, temas de derechos en internet. 

Este es un tratado que se negocia de manera secreta, sin que existan señales claras de los beneficios que podría tener para el país -pero muchas luces de sus problemas- y que, dado lo complejo de su alcance, sus negociaciones se han trabado en aspectos sensibles. Pese a todo lo anterior, el gobierno del presidente Piñera parece esmerado en cerrarlo antes de la cumbre de presidentes APEC en Octubre de este año. La pregunta entonces ya no es solo por qué el gobierno mantiene como secreto algo que se supone beneficioso, sino también qué razones -y a cual precio- el presidente Piñera está ofreciendo cerrar este acuerdo y a sólo algunos meses de dejar el poder. Quizás, este es el momento en que debiera intervenir la política. 

-Columna escrita para ONG Derechos Digitales.

Enviar a un hombre al espacio es más fácil que conseguir los derechos de una canción

Chris Hadfield es canadiense. Estaba en el espacio, a unos 400 kilómetros de la tierra. Se le ocurrió hacer una preciosa versión de Space Oddity de David Bowie.

Desde el punto de vista del derecho de autor Hadfield hizo una ejecución de una obra protegida. No contento con eso, la adaptó, fijó la interpretación en video y, por cierto, hizo copias digitales y la distribuyó y comunicó al público a través de Youtube. 

Si no aplica un esquema de licencias obligatorias, cada uno de estos actos requiere permiso de los titulares respectivos a cada uno de esos derechos. A Hadfield le tomó varios meses. 

Vivimos en una sociedad donde es más fácil enviar a un hombre al espacio que conseguir los derechos para cantar una canción. Kottke lo dijo perfecto