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Los documentalistas debieran apoyar los usos justos

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Foto por LovelyKatz, CC:BY-NC-SA

Quería compartir con ustedes que el Centro de Investigación e Investigación Periodística (CIPER), cuyo trabajo admiro profundamente, me ha pedido colaborar periódicamente con columnas de opinión sobre los temas en los que trabajo. Así que esa es la primera noticia, que desde hoy comienzo a colaborar con CIPER Chile y han publicado la primera de mis intervenciones.

Además de mi columna, que pueden leer en el enlace de más arriba, fue invitada a participar en el debate la destacada documentalista Carmen Luz Parot, quien escribió un largo e interesante artículo sobre lo nefasto de ciertas excepciones al derecho de autor que pueden afectar a los documentalistas en Chile. El artículo creo que es de interés, dado que creo que uno de los principales beneficiados con una excepción de usos justos son, precisamente, los documentalistas. Me siento en la necesidad de replicar.

Estimada Carmen Luz,

He leído con mucho interés tu columna en CIPER y valoro mucho la oportunidad de conocer de primera fuente las dudas y propuestas de los documentalistas chilenos respecto de la ley en discusión. Pero al mismo tiempo creo que es necesario hacer ciertas precisiones y aclarar algunos puntos sobre lo que has señalado como contenido del -como defines, alarmante- proyecto y los efectos que podría tener para nuestros creadores audiovisuales.

En primer lugar, una aclaración respecto del alcance del derecho de cita. Como debes saber, esta excepción ya existe en Chile, claro que injustamente -en mi opinión- sólo aplicable a obras literarias. A pesar de ello, y de que dicha norma existe desde hace muchos años, nuestros poetas, novelistas y escritores no se han visto afectados en lo absoluto por esta excepción ni ha existido editorial alguna que haya utilizado la cita para editar libros sin pagar los derechos de autor que corresponden. Incluso más, para muchos de nosotros la cita constituye una excepción fundamental, pues sería inaplicable -además de sin sentido- conseguir el permiso de cada uno de los autores que referencias para hacer citarlos en una obra nueva. De esta manera, me cuesta pensar por que tendríamos que tratar de forma diferente otro tipo de obras -por ejemplo las audiovisuales- y por que una excepción como esta daría paso a situaciones injustas y contrarias a los derechos de los autores como las que planteas, siendo que la experiencia que te comento indica sin lugar a dudas que no ha sido así.

Por lo demás, yo también estoy de acuerdo con que no es lo mismo citar un poema en un colegio que un documental en un noticiario. Pero lo que dice la ley actual no es sólo que ambas situaciones son ilícitas, sino que, además, desde el punto de vista de la infracción es igual de delincuente quien vende el DVD pirateado de “Estadio Nacional” de quien en la soledad de su hogar le saca una copia de respaldo a la versión legítimamente adquirida. Y supongo que estamos de acuerdo que tanto desde el sentido común como desde el interés de explotación de los creadores, no es ni debiera ser una situación similar.

Por otro lado, y yendo más allá de la cita, es necesario precisar que en caso alguno el proyecto contempla algo como el “libre uso de fragmentos“. Es más, la indicación parlamentaria a la que haces referencia (entiendo la 123 y 124), para su aplicación incluye criterios copulativos a ser respetados, a saber:

1- Que se trate de un caso especial
2- Que no atente contra la explotación normal de la obra.
3- Que no cause un perjuicio injustificado a los intereses del autor.

Estos criterios son criterios internacionalmente aceptados precisamente porque permiten distinguir ciertos usos de obras que revisten carácter comercial, y por tanto suponen un perjuicio a los intereses legítimos de los autores, de aquellos que no. Es la aplicación de estos criterios lo que impediría que fuesen legalizados todos los ejemplos que presentas en tu columna como abusivos para los derechos de los creadores.

Desde el punto de vista de los abusos de los canales de televisión, no te llames a engaño. Que yo sepa nadie, ningún grupo de quienes están participando de la discusión parlamentaria -y ninguna indicación en trámite, por lo demás- pretende proteger prácticas abusivas como las que describes. Es más, me atrevería a decir que los abusos a los que son sometidos nuestros audiovisualistas tienen que ver principalmente con deficiencias en sus distintas formas de organización y a la escasez de acciones legales destinados a proteger dichos derechos. Así como en el caso de “Don Otto” la culpa no es del sillón, en el caso de la defensa de los derechos de los titulares la culpa por la existencia de abusos no es de la ley, toda vez que entrega todas las herramientas legales que te imaginas para accionar.

Finalmente, en tu artículo expones la precaria situación de los audiovisualistas respecto de las estaciones de televisión para hacer uso de sus archivos. Y también concuerdo con que es abusivo el cobro que ellos realizan. Es más, esto no sólo sucede con con los canales de televisión sino que también con otro tipo de archivos y obras con los cuales se construyen los documentales. Y ejemplos sobran, como el de Jon Else, dos veces nominado al Oscar. Else estaba grabando “Sing Faster”, un documental sobre la Tetralogía del Anillo de Wagner, en el cual filmó a un grupo de tramoyistas de la Ópera de San Francisco jugando a las damas en la trastienda de la representación de los músicos líricos. Mientras jugaban damas, veían televisión, lo que para Else ayudaba a capturar mejor la escena. La toma incluyó en segundo plano cuatro segundos y medio de Los Simpsons, por lo que requería el permiso del titular. Matt Groening no tenía problema alguno, pero él no era el titular de los derechos, sino que la FOX. Desde las oficinas de la FOX, le comunicaron que la autorización ascendía al costo de la licencia, diez mil dólares. Y no había un mal entendido. Es el precio que la FOX establece para licenciar dichos dibujos animados. Aunque se trate de un documental sobre los tramoyistas en la ópera de Wagner. ¿El resultado final? Else tuvo que intervenir digitalmente la escena incluyendo un fragmento de un documental propio grabado con anterioridad. No pudo hacer uso de dicho fragmento, porque la ley no contemplaba su utilización.

Las excepciones, en definitiva, no son para evitar que los creadores puedan vivir de la explotación comercial de su obra. Tampoco pretenden limitar la posibilidad de legítimo cobro por el uso comercial de sus creaciones. Muy por el contrario, la existencia de excepciones garantiza, entre otras cosas, un justo equilibrio entre los legítimos intereses de los autores y los derechos del público, que es lo que nuestra ley ha ignorado sistemáticamente en los últimos 30 años, y es lo que tenemos que cambiar.

Saludos cordiales,

Claudio Ruiz

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  1. Muy buena la columna de Carmen Luz y tu respuesta. Yo agregaría dos temas que deberían estar en la palestra:

    1- La tragedia de los anti-comunes: la ausencia de excepciones impedirá la realización de documentales (entre otras obras) que dependan de obtener permiso de muchos titulares de derechos de autor.

    2- Libertad de expresión. La ausencia de excepciones podría impedir que se realicen documentales, cuando un titular de derechos no autorice la cita por estimar que atenta contra, por ejemplo, su honra, lo que podría convertirse en censura (es cosa de ver todo lo que trató de hacer Agustín Edwards para impedir la realización y comercialización de El Diario de Agustín).

    3- Las excepciones no aplican cuando existe un interés económico, lo que ayudaría a proteger a creadores como los documentalistas.

  2. Y efectivamente es a ése punto al cual, no comprendo aún, no han llegado. Los canales de televisión actuales, incluyendo a TVN, hacen su programación con fines de lucro, debido a su situación de autofinanciación. Por ende, TVN en este caso, debe pagar por los derechos de la emisión de fragmentos o un documental en su totalidad.

    Lo que veo que nadie ha tocado es la situación de los Canales y Radios Comunitarios. Son canales sin fines de lucro, y que debiesen de estar contemplados en las excepciones, y por ende en la ley. El no incluírlos implica necesariamente el cierre de cientos de canales y radios comunitarias, ya que se verían asediados por los pagos de derechos y multas, en pos de no transgredir la ley.

    ¿Qué es más justo: un país que avanza lleno del natural intercambio cultural o un país en silencio por culpa de gente que se obnubiló con su propio beneficio?