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5 claves para una ley justa: 1.-Excepciones para Bibliotecas

Esta guerra del copyright chilensis en la que estamos es bien particular. Se huele a la distancia la violencia verbal, los comunicados llenos de verborrea vacía y la manipulación del discurso. Hablando desde los artistas para defender modelos de negocio y sistemas legales fundados en la defensa de intereses corporativos de las multinacionales del espectáculo.

Para enfrentar esta campaña de desinformación que lleva a la natural alarma de los artistas bajo el alero de su entidad de cobro de derechos, montamos Trato Justo Para Todos*, que pretende precisamente relevar el interés público en temas de derecho de autor sobre todo en una discusión donde pareciera ser que todo este problema se reduce en cómo cobrar y no en cómo hacemos para fomentar la creatividad y el acceso a la cultura.

A estas alturas del partido, cuando el choclo ya se está desgranando y estamos entrando en la parte más importante de la discusión parlamentaria, me parece importante poner énfasis en los cinco elementos que considero claves para tener una ley moderna, equilibrada y justa para todos. Hoy, me detendré en la importancia de las excepciones para bibliotecas y archivos.

1) Excepciones para Bibliotecas

Chile comparte con Burundi, Camerún, Burkina Faso, Irak y Costa de Marfil, entre otros, una vergonzosa ley de propiedad intelectual que carece de excepciones para Bibliotecas y archivos. Resulta derechamente impresentable que un país que pretende mirar hacia el futuro no cuente con un sistema robusto de excepciones que permita a las bibliotecas, pese a que la gran mayoría de los tratados internacionales sobre propiedad intelectual garantizan este tratamiento de excepción.

Hoy, cientos de libros que son parte de nuestro acervo cultural se están deteriorando y perdiendo para siempre en las bodegas de Bibliotecas que no tienen herramientas legales para su conservación para las generaciones futuras.

Es por eso que dentro de estas excepciones resulta clave considerar cuatro puntos fundamentales:

1.- Las excepciones deben referirse a todas las bibliotecas y no sólo a aquellas “abiertas al público” y “de titularidad pública”.

Limitar las excepciones a estos supuestos supondría dejar arbitrariamente a una buena parte de los centros documentales del país fuera de ser sujeto de la excepción, como muchas bibliotecas universitarias y, sin ir más lejos, todas las bibliotecas escolares del país. Limitarla sólo a “abiertas al público” supondría dejar fuera a la Biblioteca Nacional o a la Biblioteca del Congreso, dado que si bien son “abiertas”, establecen requisitos como la edad para disfrutar de sus colecciones. No parece razonable que la Biblioteca Nacional no pueda hacer uso de las excepciones que contempla esta ley.

2.- La copia de fragmentos debe ser sin remuneración de por medio.

La regla general es que para hacer una copia, se requiere la autorización del autor, la que en la gran mayoría de los casos, significará pagar una cantidad de dinero. Establecer una autorización para las bibliotecas, pero previo pago de una remuneración supondría volver a la regla general haciendo inútil la excepción. Por lo demás, es una práctica internacionalmente reconocida el permitir a las bibliotecas hacer copias de fragmentos -naturalmente sin fines comerciales- de obras para investigación y enseñanza, como un capítulo de un libro o un artículo de una revista. No existe razón para que en Chile nuestros profesores no puedan enseñar a leer a sus alumnos con poemas de Pablo Neruda o de Gabriela Mistral debido a eventuales cobros de sus titulares de derechos.

3.- Debe permitirse la práctica de digitalización de obras.

Estamos legislando para adaptarnos a las nuevas tecnologías, no para que la legislación sea una barrera para el desarrollo cultural. No permitir que las bibliotecas puedan digitalizar ejemplares y por tanto entregar acceso remoto fuera de la sala de lectura es lisa y llanamente poner obstáculos insalvables para la ruta hacia el acceso que nos muestran las nuevas tecnologías. Los últimos años han mostrado que el concepto de Biblioteca que conocimos está cambiando radicalmente (basta ir a darse una vuelta a la Biblioteca de Santiago) que trasciende el recinto cerrado y permite salvar las distancias físicas que muchas veces separan la biblioteca de sus usuarios, particularmente en regiones de difícil acceso.

4.- Debe permitirse la traducción de obras por bibliotecas y usuarios.

Hoy, si un libro de una biblioteca no se encuentra en el mercado y está escrito en lengua extranjera, se rige por las reglas generales del derecho de autor. Un derecho de autor coherente debiera permitir tanto a bibliotecas como a investigadores, profesores y usuarios poder hacer traducción de dichas obras para fines de investigación y difusión cultural. No parece razonable que nuestras bibliotecas acumulen ejemplares de libros y revistas en idioma extranjero que no puede ser comprendidos por sus usuarios.

Obviamente lo anterior es sólo un barniz de excepciones que son de alta complejidad. Pero lo importante es poner sobre la mesa los puntos importantes y los puntos que vamos a defender hasta el final. Esta es sólo la primera entrega. Pronto las cuatro siguientes.

(fotografía Biblioteca José Vasconcelos por Clinker. CC:BY-SA)

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Comment

  1. Claudio:

    Creo que, en general, estoy de acuerdo con tus planteamientos (salvo en lo que respecta a las bibliotecas universitarias, ahí creo que hay un tema, porque siempre existirá un ánimo comercial más o menos patente). Hasta ahí vamos bien, pero lo que no entiendo es qué puede tener que ver la SCD con la gestión de los derechos relacionados con los libros. El gran problema del planteamiento de la SCD es que las obras musicales son prácticamente las únicas (junto con las audiovisuales, que también son en parte obras musicales compuestas) que se pueden “comunicar al público”, y de ahí el problema de la regulación de internet y todo eso. Bueno, supongo que cuando continúes con el planteamiento completo habrá más de qué debatir.

    Con la mejor de las ondas, y sin afán de entrar en descalificaciones de ningún tipo. Bueno te dejo que estoy algo enfermo. Feliz Navidad.

  2. Enrique:

    No veo dónde me referí acá a la SCD. Ahora, dado que lo mencionas, aunque te parezca extraño la SCD también tiene una posición respecto de las excepciones para bibliotecas, la que naturalmente apunta a restringir cada vez que se pueda estas normas de excepción, haciendo así muchas de ellas impracticables (ver acuerdo con el Gobierno).

    Saludos

  3. Agregaría:

    – Debe permitirse que los libros sean grabados en archivos de audio, para personas ciegas o con problemas a la vista.

  4. @Enrique: las bibliotecas universitarias son, si las consideras en conjunto, las dueñas de los fondos más importantes del país. Creo que excluirlas de un régimen de uso justo -sin entrar a discutir lo de los fines de lucro en educación, que es más largo- supone una restricción excesiva si lo que queremos es que más personas puedan leer, citar, comentar.

  5. Feña, ¿no te parece algo descarado que con lo que cobran la mayoría de las universidades privadas por sus aranceles aleguen que por el cobro del derecho de autor se está “restringiendo” el acceso a la cultura? Parece un mal chiste.

  6. @ENrique León: la universidad compra 3 copias de un libro, fijan una prueba de 2 capítulos de ese libro, 90 personas lo necesitan.
    ¿A quién se perjudica? a la U y el profesor les da lo mismo…los únicos perjudicados son los alumnos, capital human para el futuro. Está bastante claro que es un problema relevante

  7. Un poquito miserable la Universidad aquella si sólo compra tres copias del libro. Y bueno, ése es el punto, no los alumnos que en verdad no tienen dinero para ello.

  8. No voy a ser yo quien defienda a las universidades privadas, pero hasta donde sé, son las Universidades en general, junto con el Estado, los principales compradores de libros en Chile.

    Y ojo, por favor no olvidar que estamos hablando de normas de excepción, no de normas que faculten a las Bibliotecas a repartir fotocopias y no a comprar libros como regla general.

    En otras palabras, no veo por que como sociedad queremos impedir que la biblioteca o algún profesor de la facultad de derecho de la Universidad Católica pueda hacer traducción de algún apunte de Carl Schmitt que algún profesor de Derecho Constitucional quiera ocupar en sus clases. Esto no tiene que ver con la titularidad de la biblioteca, sino de -como correctamente intuye Feña- si queremos poner o no cortapisas a la labor de las bibliotecas en Chile.

  9. @Enrique León: y debería comprar 90 libros para que haya uno para cada alumno que debe leerlo?

  10. @Enrique León: Supongamos que hay universidades que pueden darse el lujo de comprar 30 o 40 copias por libro. Señor León, ¿dónde van a guardar tantos libros? ¿cómo los van a conservar? ¿cuánta gente sería necesaria para administrar tal biblioteca?

    Concuerdo con Claudio en el tema de las excepciones, salvo en el tema de las traducciones y digitalizaciones de obras completas (a menos que sean de dominio público) porque pueden afectar los derechos patrimoniales de los autores.