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Sobre el dominio público en Chile

Desde hace unas semanas el gobierno norteamericano ha realizado sucesivas advertencias al gobierno de Chile respecto de la necesidad de reforzar su régimen de propiedad intelectual, habida cuenta del cumplimiento de tratados de libre comercio donde los temas de derechos de autor y patentes farmacéuticas resultan ser los de mayor interés.

Distintos actores han reaccionado a la resolución de la Oficina de la Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) en torno a la calificación de Chile en la lista de observación prioritaria relativos a propiedad intelectual. Uno de los principales argumentos es que esta calificación no es sino el resultado de la falta de compromiso por parte de los organismos estatales para salvaguardar a la industria de la denominada piratería, en el supuesto que ésta ha visto un aumento considerable, especialmente con la masificación de nuevas tecnologías.

A nivel público, dicha situación ha generado diversas reacciones, siendo quizás la más relevante el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de enviar al Congreso un proyecto de ley que reforma la vetusta ley de propiedad intelectual. De dicho proyecto es posible destacar, entre otros, el aumento sustantivo de las penas, el establecimiento de mecanismos de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet y, lo más relevante desde el punto de vista ciudadano, el nuevo régimen de excepciones y limitaciones al derecho de autor.

A nivel latinoamericano es posible constatar la falta de un régimen robusto de excepciones y limitaciones, entendidas éstas como usos autorizados por la ley para ser realizados sin aprobación del titular. Se trata de una forma tradicional de equilibrar los derechos de autor para garantizar acceso. La ausencia de un sistema de excepciones es una manifestación del marcado cariz comercial que ha teñido esta regulación en el último tiempo. El proyecto presentado por el gobierno chileno plantea un cambio sustantivo a esta débil normativa para equilibrar normativamente esta situación.

El derecho de autor supone la confluencia de dos intereses distintos. El primero es el que reconoce al autor por la sola creación de la obra para que, entre otras cosas, la explote comercialmente. El segundo, los derechos que se derivan del interés público que supone esta protección, donde las excepciones o limitaciones cumplen con la función de equilibrio.

Pero existen determinadas obras que por su sola naturaleza tienen una protección diferente desde el punto de vista patrimonial, puesto que son obras que han pasado al acervo común y de alguna forma nos pertenecen a todos. Obras que es posible copiar y reproducir libremente sin necesidad de pagar derechos ni conseguir permisos. Es lo que se denomina Dominio Público, en general conformado por obras cuyos plazos de protección han vencido; además, en una gran cantidad de países incluye los documentos emanados de organismos públicos y las sentencias judiciales.

En legislación actual de Chile, los supuestos de dominio público son muy específicos y limitados, alcanzando sólo hipótesis como obras cuyo autor ha renunciado a la protección legal, obras de autor desconocido, obras expropiadas por el Estado, y fundamentalmente las obras cuyo plazo de protección se encuentra vencido. La existencia de un dominio público explica por qué, por ejemplo, es posible realizar copias y descargar de Internet El Quijote de la Mancha sin necesidad de recurrir a la Fundación Cervantes para requerir autorización. O por qué, si usted quiere realizar una adaptación cinematográfica de Macbeth o Romeo y Julieta, puede hacerlo sin requerir autorización alguna.

Pero la preocupante tendencia a la mercantilización del derecho de autor ha llevado a aumentar los supuestos y plazos de protección y las penas ante su infracción. No se explica de otra forma que en el caso chileno los plazos de protección hayan aumentado de 30 años como contemplaba la ley inicialmente, a 50 años en 1992 y a 70 años luego de la muerte del autor por requerimiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a partir de 2003. Lo anterior ha implicado, entre otras cosas, que la obra completa de la premio Nobel Gabriela Mistral aún no pase al dominio público no obstante haber pasado cincuenta años luego de su muerte, ocurrida en 1957.

El establecimiento de mayores protecciones al derecho de autor, más que proteger a los artistas y creadores, que ya han fallecido y por tanto no podrán crear nuevas obras, supone un detrimento irreversible al acervo cultural común, que pertenece a todos nosotros.

La actual ley contempla una pena absolutamente menor, marginal y por lo demás inaplicable para quien a sabiendas publique o exhiba una obra del dominio público bajo un nombre que no sea el del verdadero autor. La pena es sólo pecuniaria y sin ningún tipo de relación con las que se contemplan para la misma infracción pero para obras que están en el dominio privado, lo que se explica por la verdadera obsesión legislativa por una sobre protección de derechos patrimoniales particulares.

La propuesta de reforma propone un nuevo trato en este sentido. Clarifica en qué puede consistir la infracción, pudiendo darse tanto cuando se haga un uso de una obra que se encuentre en el dominio público bajo un nombre que no sea el del verdadero autor, como contra quien reclame derechos patrimoniales sobre ellos. La pena que contempla la ley esta vez es una pena que va entre los 3.300 a los 33.000 dólares aproximadamente.

A pesar de ser un esfuerzo consciente en torno a equilibrar los intereses comprometidos, y principalmente porque no todo se soluciona en base a penas, la propuesta de reforma en cuanto a la protección del dominio público sigue estando en deuda. Se echa de menos, por ejemplo, una norma que señale en forma expresa que las sentencias judiciales emanadas por los tribunales de justicia, o incluso las propias leyes que son publicadas en el Diario Oficial se encuentran sujetas al dominio público, como es recogido en una serie de países entre ellos Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, entre otros.

El proyecto no hace referencia alguna al régimen jurídico de las obras intelectuales que son financiadas por organismos e instituciones públicas. Dado que quien financia dichas obras (estudios, informes, programas computacionales, etc.) es el fisco, pues entonces parece en principio razonable que éstas estén en condiciones de acceso y uso libres para la población. Lo anteriormente dicho implica una discusión de largo aliento que el proyecto de ley evita promover, pero que desde el punto de vista de los derechos de acceso es fundamental.

En un contexto de mercantilización progresiva de bienes sociales, una iniciativa como la del gobierno chileno permite abrigar esperanzas en el establecimiento de un derecho de autor que responda a las necesidades de todos y en particular refleja el anhelo que la masificación de tecnología sea vista no como un eventual elemento criminal sino que como una herramienta de comunicación eficiente y vital para mantener viva la cultura y el conocimiento.


Columna publicada por Terra Magazine edición Chile 😉
Sí, la idea fundamental salió del post que inició la saga de tres que explicarán el proyecto de ley de propiedad intelectual. Sí, Ruiz se copia a sí mismo.

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14 Comments

  1. Intentaré ser preciso y conciso en mi comentario, sin darme vuelta en rodeos insulsos que sólo contaminan el mensaje con ruido innecesario, que no aportan nada a éste y que sólo dificultan su comprensión…

    1er acto:
    Los gobiernos se llenan la boca con la importancia del dominio público.

    2do acto:
    A la industria de la cultura le gusta sacar provecho del dominio público, pero no le gusta que el público acceda a él.

    3er acto:
    Los gobiernos deciden que ya no les gusta tanto el dominio púlico, y “mejoran” la LPI a la medida de la industria.

    4to acto:
    Los gobiernos nos vuelven a meter el dedo en la boca con la importancia del dominio público.

  2. Aprovechando la oportunidad, ¿sabes si existe un registro público oficial de obras chilenas de dominio público, o en su defecto, de las obras chilenas inscritas en el conservador?.

  3. Una comentario: todas las obras de Gabriela Mistral _están_ en el dominio público, pues el plazo de protección que gozaban expiró antes de la amplición de 1992.

    Lo mismo respecto a las obras de Vicente Huidobro.

  4. Yakoo, no olvides que existen algunas obras que fueron publicadas de manera póstuma como: “Motivo de San Francisco” (1965), “Poema de Chile” (1967), “Lagar II” (1991) entre otras. Por lo que, si no me equivoco, en estos casos la duración de los derechos empieza a correr a partir de su primera publicación. No olvides además que existe otro buen resto de obras que nunca han sido publicadas (patrimonio heredado por Doris Dana en calidad de albacea) y que el Gobierno logró recuperar hace poco.

  5. Tienes razón sobre aquellas publicadas en forma postuma o que aún no han sido publicadas. Pero las demás, que lo habían sido antes de su muerte, que son las obras más conocidas y que le otorgaron su reconocimiento y fama, están en el dominio público.

  6. Ojo que no necesariamente, porque es un tema que no es pacífico, no están todos de acuerdo. (acá recuerdo un post que tengo hace meses en el dashboard sobre este tema… ups)

    Mistral murió en 1957. En esa época el plazo de protección era de 30 años postmortem. Pero a fines de los 80 (antes de cumplirse los 30 años) un decreto de la junta militar cambió el régimen de explotación de los derechos de la Mistral.

    En 1992 Chile aumenta el plazo a 50 años. En 2003 a 70 años luego de la muerte del autor.

    Insisto, se puede argumentar para un lado y para otro (de hecho entiendo que anda dando vueltas un estudio que hizo Santiago Schuster, de la SCD, en este sentido y que argumenta que la obra de la Mistral recién pasará al DP pasado el año 2010…), pero ciertamente no es tan fácil decir que sus obras están en el dominio público.

    Yo sí lo creo, pero es sólo una opinión, no es algo oleado y sacramentado como las obras de Vicente Huidobro, por ejemplo.

    Saludos

  7. A propósito del decreto de la junta militar que comenta , un poco de información al respecto para quien no sepa de qué se trata.

    Al morir Gabriela Mistral, en su testamente había designado a su amiga Doris Dana como única heredera y custodia de su obra. De esta manera Doris Dana podría hacer cumplir el deseo de la Mistral de que los beneficios generados por la explotación de su obra, centavo a centavo, fueran en directo beneficio de los niños de Montegrande y de nadie más.

    El 79 el gobierno militar decretó una norma que desconocía los derechos heredados por Doris Dana, concediéndole al gobierno el control exclusivo sobre la obra de Gabriela Mistral.

    Este decreto provocó que Dana mantuviera en su poder mucho material de su amiga sin que pudiera ser publicado en Chile, ya que la vigencia del decreto no le permitiría a ella hacer cumplir el deseo de la Mistral, puesto que en Chile es el gobierno quien administra la explotación de esa obra.

    Es por eso que hace poco nada más se derogó este decreto, permitiendo así la llegada a Chile de este material inédito (manuscritos, cartas, etc.) cuyos originales se encontraban accesibles sólo en algunas instituciones gringas (iliotecas fundamentalmnte).

  8. el punto es que para algunos, existe un plazo que va desde la promulgación del decreto hasta su derogación, que sería un “tiempo vacante”, por tanto -hasta donde entiendo el argumento- los derechos de la Mistral se habrían encontrado suspendidos y por tanto su obra pasaría al dominio público el 2027 aplicando la regla de los 70 años.

  9. En mi opinión, tal decreto no afectó en modo alguno el régimen de protección aplicable a su obra (incluso creo haber escuchado que su naturaleza sería expropiatoria en beneficio del estado, por lo que igualmente sería dominio público por la ley 17.336).

    En fin, al no ser un tema pacífico, Gabriela Mistral no era un buen ejemplo para mencionar en artículo: Pablo Neruda hubiera sido mejor 😛

  10. Claudio:

    Tanto en los EEUU como en Europa se discute acerca de crear la figura de los trabajos “huérfanos”. Igualmente, se discute acerca del procedimiento para considerarlos como tales. ¿Hay alguna discusión al respecto en Chile?.
    Mi impresión es que no, pero probablemente sabes mucho más de la contingencia nacional que yo.
    Creo que sería razonable aprovechar la oportunidad de que se incorpore este debate en Chile.
    Muchas felicitaciones por tu blog. Es muy bueno.

  11. @fernando: en Chile no existe discusión alguna al respecto. De hecho, el concepto de “obra huérfana”, esto es, la obra de la cual no se tiene certeza si pertenece o no al dominio privado, y si lo fuere tampoco certeza de quienes son sus titulares, no es un concepto que esté ni en la regulación en forma explícita, ni menos en el debate parlamentario que se desarrolla en estos días.
    Es absolutamente razonable que se incorpore en el debate, como dices, a ver si me animo un día de estos a escribir sobre el tema en Chile, contando uno que otro caso atingente.

    gracias por pasarte por acá.

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  • El torcido concepto de dominio público de la DIBAM « Quemarlasnaves.net August 10, 2007

    […] como lector atento de QLN, a estas alturas ya sabe que las obras que están en el dominio público son obras que son parte del patrimonio cultural común, y por tanto, podemos hacer prácticamente […]