En general, me esfuerzo por ser un tipo afable. Por sonreír cuando corresponde, por ceder el asiento, demostrar mi cariño a mis amigos, por ofrecer la mano a la novia cuando nos bajamos glamorosamente de una micro. Pero así también hay cosas que fácilmente me hacen reaccionar. La que les voy a contar a continuación es una de ellas. Guardando toda proporción, claro está.
Desde 1811 ,y con algunas interrupciones no poco relevantes, en Chile existe Congreso Nacional. Como usted se podrá imaginar, es un órgano complejo que desde 1883 cuenta con una “Biblioteca“, concebida para satisfacer las necesidades, exigencias y preocupaciones del Congreso Nacional, especialmente con las vinculadas al ejercicio de las múltiples funciones de los parlamentarios.
Desde la vuelta a la democracia, y principalmente desde la llegada a la dirección de doña Soledad Ferreiro, la BCN ha cambiado levemente el rumbo y ha enfilado hacia tener un servicio hacia la comunidad, relacionar la labor parlamentaria con los intereses de información por parte de la ciudadanía. Tanto así que desde el proyecto BCN Innova han relanzado su sitio web, licencian con Creative Commons, etcétera. En definitiva, han hecho un trabajo notable desde el punto de vista del acceso a la información a través de la tecnología.
Esta es la parte donde usted se pregunta para dónde voy. O si estoy de novio con la hija de la señora Ferreiro. Y no.
Fotografía por Vastlk, CC:BY-NC-SD
Saco todo esto a colación porque, y esta es una de las cosas que me encanta de BCN, estoy suscrito al feed RSS de una serie de contenidos provistos por ella. Uno de ellos es Actualidad Legislativa que, aunque parezca ñoño, me mantiene al día de noticias relativas a proyectos de ley interesantes que se están discutiendo. Y el último mes han bombardeado con notas sobre el famoso proyecto de ley que reforma la ley de propiedad intelectual del cual -sí, lo sé- les debo dos posts :P
Así uno puede enterarse que podrán reproducirse obras con fines educacionales, que ampliarán derecho a citar, que el delito de piratería se castigará aunque no exista ánimo de lucro, que se modificarán las penas, y que sancionarán a quienes se atribuyan obras de dominio público, entre otras.
Lo que usted ve arriba es el párrafo final de todos esos artículos, donde se supone uno puede seguir la tramitación del proyecto de ley que comentan. Lo gracioso, es que dicho link nos lleva, gracias a la magia de la internets, al famoso Sistema de Información Legislativa la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, que se supone entrega toda la información relativa a la tramitación de los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso.
Llama la atención, de entrada, lo interesante de la idea. Es decir, una página web que permita bucear entre cientos de proyectos de ley en tramitación y revisar los documentos donde están las discusiones que se dieron en las comisiones parlamentarias no tiene desperdicio. Está muy bien. Pero la forma de acceder a esta valiosa información nos recuerda más la época cuando la web la gobernaba Geocities y todos creían que se harían ricos con empresas puntocom que a la red de hoy, la de la web semántica y el boom de las aplicaciones sociales.
Que los documentos estén disponibles al público en formatos propietarios como .doc de Microsoft Word es sólo un detalle cuando usted quiere hacer un seguimiento de un proyecto de ley en tramitación. Porque, a pesar que lo permite la tecnología, no hay forma alguna de acceder a las actas que documentan las discusiones internas de las comisiones en forma actualizada. Y el ejemplo del proyecto que reforma la LPI se torna revelador: no obstante encontrarse en tramitación desde hace casi cinco meses, el único documento que puede leerse es el mensaje presidencial, no obstante que todos sabemos que, entre otras, organizaciones como la SCD, ARCHI y ONG Derechos Digitales hicieron presentaciones formales en Valparaíso expresando sus puntos de vista.
Pero todo esto está oculto a los ojos de los mortales de a pie como usted o como yo. Pareciera ser que los únicos que pueden tener acceso a estas discusiones son quienes se encuentran presentes en cada una de las salas de las comisiones de la Cámara, diputados, asesores ministeriales y asesores de diputados.
Fotografía por teverdeconlimon
En un mundo gobernado por el RSS, ¿Hasta cuando vamos a esperar a que nuestros representantes se dignen a publicar lo que se discute? Tengo la impresión que es más bien la institucionalización de la cultura del secretismo a la que estamos tan acostumbrados y es la óptica del oscurantismo y de los prejuicios con la que analizamos nuestras instituciones.
Cuando en una aburrida clase de derecho procesal, mi profesor intentaba explicar los beneficios de la reforma procesal penal y en particular de los principios de la oralidad, en lugar de explicarnos la belleza de dejar atrás un sistema contrario a los derechos fundamentales y profundamente anti democrático, nos decía que lo mejor de todo era que el juez ahora iba a poder mirar face to face al delincuente y de esa forma darse cuenta si es que era o no un pato malo sin papeles de por medio.
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Imagen por Suribe
Harta agua ha pasado bajo el puente para ser una noticia que tiene menos de 48 horas. Y algo de orgullo siento porque los dos quienes han motivado la avalancha de protestas y de discusión cibernética han sido mis dos amigos y socios en Circobit, Carlos Moffat y Christian Leal, a.k.a. El Francotirador.
No voy a descubrir la pólvora, y los invito a leer el artículo de Christian Leal, que como siempre explica con peras y manzanas algo que es ligeramente más complicado que eso. Desmenuza el texto del acuerdo punto por punto infinitamente mejor de lo que pudiera haberlo hecho yo.
Lo que tengo que decir respecto del conflicto, y que creo no se le ha dado suficiente atención, son dos.
1.- Desde el punto de vista legal, tengo la impresión que no hay mucho que hacer. Ni desde la perspectiva de las compras públicas ni tampoco desde la eventual vulneración de la privacidad o datos personales de todos nosotros, como muchos han intentado equivocadamente poner el énfasis. Les explico por qué.
a) Compras públicas: Desde el punto de vista de las compras públicas o la forma en que el Gobierno debe adquirir productos de privados, no hay discusión. Es un Acuerdo de Cooperación como el que pudiera tener el gobierno con cualquiera que le ofrezca algo conveniente a escaso costo. Bueno, sí, Microsoft está lejos de ser cualquiera. Cierto, pero esa es harina de otro costal.
b) Privacidad o datos personales: El punto quizás más comentado del Acuerdo es el famoso “Domicilio Digital” donde el Gobierno se compromete a contar un infraestructura para conectar la base de datos del Registro Civil. O algo así. Pero sepa usted que, como pasa en otros temas en Chile, el sistema de protección de nuestros datos personales es absolutamente deficiente, comparando lo que pasa con países desarrollados.
Tan deficiente es, que con el sólo carné de identidad es posible saber el nombre completo de alguien, quienes son sus padres, su fecha de nacimiento y su sexo. Estando, ninguno de estos datos, debidamente protegidos por alguna agencia gubernamental ni nada. El descampado, como le dicen.
Porque revisemos lo que Microsoft ofrece a los 15 millones de chilenos:
* Domains@live: el gobierno podré manejar su propio dominio para las cuentas de correo y mensajerías en un formato del tipo ciudadano@xxxxx.cl
* La aplicación incluyen ente otros: correo, tareas, to do, blogs, alertas, calendario
* Hosting gratuito de las aplicaciones.
* 2 gigabytes de almacenamiento por Ciudadanos soporte premier 7×24 on line para los administradores de las cuentas de correo.
* interfaces automáticas para la carga y creación de cuentas de ciudadanos.
* Acceso vía celular en modalidad WAP y Windows Mobile neutralidad tecnológica
http://www.elfrancotirador.cl/2007/07/23/el-dia-que-chile-se-vendio-a-microsoft/
Hasta donde sé, todas pueden ser conseguidas en Internet a precio cero. Cero. Y con prestaciones infinitamente mejores. Sí, yo también me reí con los 2 gigas de almacenamiento para ciudadanos.
2.- Lo que me parece más grave, en cualquier caso, es la falta de transparencia y la corrupción que ha mostrado el gobierno para presentar este “acuerdo marco de cooperación”. Si no es por el incontenible Senador Navarro, no se hubiera sabido absolutamente nada. Quizás nos hubiéramos enterado cuando se publicite que cada uno de nosotros tiene derecho a tener su email (dónde he escuchado esto… :P).
Segundo, el gobierno muestra una vez más una falta de rumbo impresionante. Es decir, mientras por un lado sostiene mesas de conversación con los actores más relevantes del mundo del Software Libre en Chile para analizar formas de implementar FLOSS en la administración, en la sala de al lado firma este acuerdo con Microsoft.
¿Dije corrupción? Alguien que nos explique entonces que el viajecito del ministro Ferreiro con el Director de Chilecompras a Cartagena de Indias al encuentro mundial de líderes Microsoft no tiene ninguna relación con esto. Quiero creer.
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Sepa usted que en estos momentos uno de los temas más candentes en el Congreso Nacional es la tramitación de un proyecto de ley que pretende modificar nuestra vetusta ley de propiedad intelectual que data de 1970.
Dos son los fundamentos de gobierno para hacer esta modificación. La primera, la necesidad de aumentar las penas para la piratería (cosa que no sorprende a nadie, dado que es lo que vienen haciendo desde la vuelta a la democracia: aumentar las penas por delitos) y también equilibrar de una vez por todas los intereses de los titulares de derecho de autor con los intereses de todos nosotros.
Pero como se podrán imaginar, son todos comunistas hasta que les tocan el bolsillo. En una actitud desesperada e histérica, la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD) hizo circular internamente entre sus asociados un comunicado donde intentan explicar porqué esta modificación sería perjudicial para los músicos de Chile. Lo resumen en tres puntos que en otro lado explico con detalle: se oponen a la modificación del sistema de tarifas, se oponen a la existencia de una “super excepción” (sic) y, acá viene lo bueno, apoyan la existencia de un canon por copia privada, igualito de lo que existe en España.
Para los que no saben, en España existe algo que se llama copia privada con compensación remuneratoria (conocido como canon). Esto significa que por cada pieza computacional o técnica que pueda reproducir archivos, debe cargarse a su precio una cantidad de dinero que debe ir a los titulares de derecho de autor, administrados por las entidades de gestión, en España para el caso de la música, la SGAE.
Esto significa que en España se pagan, adicionalmente a su precio, €16.67 de canon (ch$12.000 aprox.) por cada grabador de DVD que se compra, 10 euros a cada impresora multifunción, 14 euros por cada reproductor de MP3, y 140 euros por una torre de 100 dvds vírgenes.
Es una especie de impuesto que tiene destinación especial. Es como si los dueños de supermercados quisieran imponer un impuesto especial para sobreponerse ante las pérdidas de los robos hormiga. A ver cuantos de nosotros apoyaríamos la moción.
Mientras muchos rasgan vestiduras por la disminución sostenida de las ventas de los CD de música, culpando a esos piratas malolientes y sin escrúpulos, las descargas P2P se multiplican y cuando los artistas visitan países remotos como Chile, somos capaces de llenar el Victor Jara cuando toca White Stripes o The Strokes. Según datos del INE, el año 2005 más de cuatro millones de chilenos asistieron a espectáculos musicales, tanto gratuitos como pagados. Siendo que somos un país de un poco más de 16 millones, la cifra no suena del todo mal.
Pero el canon no solamente tiene esos efectos. En España, según datos de la revista Expansión
Las entidades de gestión de derechos de autor elevan un 511,7% sus ingresos totales procedentes del sistema de remuneración compensatoria por copia privada en apenas seis años. En 2007 podrían, incluso, cuadruplicarse.
De más está decir que la SGAE española, luego del canon tuvo ingresos de 300 millones de euros, de los que dice repartir el 80% a sus socios, pero compra diez sedes en tres años.
Más aún, desde el punto de vista de los precios, la AETIC informa de que el precio medio de un sintonizador de TDT (Televisión Digital Terrestre) con disco duro integrado se incrementaría un 78%; el de un grabador de disco duro un 80%; un dispositivo MP4 un 68%, un disco duro externo/multimedia un 55%; un reproductor MP3 más de un 70%; un ordenador portátil un 25%, y una memoria USB de 1GB casi un 10%. (fuente 20minutos)
Me imagino que a casi todos los que visitan este sitio son amantes de la música. Pero una industria que huele a naftalina, como la industria musical actual, no puede sobrevivir a costa de nuestros bolsillos. Una iniciativa como la que pretende imponer en el Congreso la SCD, más que beneficiar a los músicos de Chile, pretende gravarnos con una carga que no tenemos porqué soportar. Desde acá rechazamos completamente la medida, que injustamente pretende que seamos los amantes de la música los que tengamos que pagar los platos rotos de una industria que no sabe cómo adaptarse al siglo XXI.
Pasó cuando se inventaron los refrigeradores y quedaron sin trabajo los repartidores de cubetas de hielo. No es nuestra culpa que el modelo de negocios de la industria musical haya quedado obsoleto con la masificación de Internet.
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Artículo publicado también en Super45
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Esto, amigos, es como del viejo Oeste. Se busca vivo o muerto. Se ofrece recompensa. O si ha visto a ese fugitivo, de cuenta a los siguientes correos y teléfonos.
Pero no. Y aunque parezca un miserable spam, no es a ningún Lee van Cleef a quien se anda buscando. Esta vez, según algunos, en el Congreso se estaría cocinando un proyecto de ley que atentaría contra los músicos y significaría el desastre de las entidades de gestión. A continuación, le explicaremos didácticamente quien dice semejante patraña, dónde está el truco, quien quiere ganar, y por qué mienten. No se lo pierda.
El intento es desesperado. Son como los últimos manotazos de George Foreman para evitar caer a la lona en Zaire. Como si todo se fuera a acabar. Como si nuestros músicos estuvieran siendo horrorosamente aplastados por una serie de políticos irracionales que no los escuchan.
Son básicamente tres los puntos a los que apunta la SCD en su intento desesperado, emocional y demagógico de obtener apoyos… cuando se acaban los argumentos. Como dijo Hans Pozo, vamos por parte:
1.- “Por nuestro derecho a establecer el valor de nuestras obras”: No a la modificación del sistema de tarifas. (leer argumento 1)
El artículo 100 que se propone, pretende simplemente que, en ciertos casos, el cobro de derechos guarde relación con la utilización de las obras. Y que si en ese supuesto existen problemas, se someta la controversia a arbitraje. ¿Le parece razonable, no? A la SCD no.
Sostiene la SCD que la acreditación del “uso efectivo” es innecesaria y perjudicial. Mire, se lo traduzco. Si yo lo acuso a usted de haberme robado mucha plata de mi caja fuerte (que no tengo, pero bueno), es razonable que sea yo el que tenga que probar que tenía plata y cuanto era. Pues bien, la SCD pretende que sea exactamente al revés: que cuando se trata de determinados usuarios deban ser los acusados los llamados a probar la supuesta infracción que se comete.
Todo esto sin siquiera tomar en consideración que la norma que se propone no sería aplicable ni a usted ni a restaurants ni a fuentes de soda ni a establecimientos educacionales, quienes según el criterio que la SCD ha intentado hacer efectivo en tribunales, sin éxito, es que cuando son acusados de infracción, son los acusados quienes deben probar lo que se dice que están infringiendo. Insólito, injusto y abusivo.
2.- “Por el respeto a la propiedad de los autores”: No a la “super excepción” (sic) a los derechos de autor. (leer argumento 2)
Dejando de lado la discusión sobre la “propiedad” y el derecho de autor, que hemos explicado antes en este mismo blog, son los argumentos de este segundo punto los más llamativos por inaceptables y groseramente errados.
Señala la SCD que el artículo 71R que se propone sería una suerte de “fair use” norteamericano a la chilena, lo que es absolutamente falso.
O sea, ojalá se estableciera una excepción general de “fair use” en Chile y nos permitiera pasar a MP3 nuestros CDs antes que se sigan rayando. Lo que hace la norma que se propone es simplemente traer a nuestra legislación criterios que están establecidos en tratados internacionales como el Convenio de Berna, que por lo demás no creo que pueda ser leído como un tratado anti-autores.
Además, y dado que las sentencias en Chile tienen sólo efecto para el caso del que se trate y no necesariamente para otros, el alcance real que pudiera tener esta norma en Chile es absolutamente menor, dado que sólo le aplicaría a quien lo alegase, implicando un costo altísimo para poder acogerse a esta “excepción”
Esto es una leguleyada, pero sostienen que atentaría contra el principio de “reserva legal” porque se establecen limitaciones a la propiedad intelectual “que no se encuentran determinados en la ley”, como si de lo que se discutiera no es de una modificación a LA LEY de propiedad intelectual 17.336 de 1970. Que no le pasen cuchufletas.
3.- “Por el justo equilibrio entre autores y consumidores”: Sí a la copia privada libre pero con compensación para los autores. (leer argumento 3)
Este debe ser el punto más impresentable de todos los que hacen alusión. Primero, porque en ninguna parte del proyecto de ley que se envió al Congreso se contempla la copia privada con canon. Segundo, porque este tema lo quiere traer a colación a como de lugar la SCD y quiere imponerlo en esta reforma legal. Sí, escuchó bien, como en España: copia privada con canon compensatorio es lo que quiere la SCD.
Dice el comunicado de la SCD que “el proyecto introduce por primera vez en nuestra legislación una excepción de copia privada. Esto es, permitir realizar copias sin pedir autorización al autor“.
Yo no sé dónde aprendieron a leer, pero como ya les comenté, en ninguna parte del proyecto se contempla la copia privada, por lo que esa frase es falsa. Segundo, la explicación de copia privada es totalmente tergiversada, porque esa definición a la que hacen alusión es la definición de lo que es una excepción, no una copia privada.
Les presento la copia privada española que tanto le gusta a la SCD, regulada en el Artículo 31 Ley 22/1987 España:
Las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor en los siguientes casos:
(…)
2. Para uso privado del copista y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.
Repita conmigo: Copia privada es la copia para el uso privado del copista y siempre que no sea un uso colectivo ni de lucro. ¿Dónde sale esto en el proyecto de ley?
Además, si comenzamos con tecnicismos es una suerte de impuesto revolucionario que debiéramos pagar por cada máquina o soporte que eventualmente podría servir para la reproducción de obras protegidas. ¿Leyeron, dirigentes de la UDI? Un impuesto y más encima con un objetivo específico. Vamos diputados de la UDI, que confiamos en ustedes ;)
No voy a seguir con los millones de argumentos que se pueden esbozar en contra de esto que está proponiendo la SCD porque es darles la razón e insertar el tema en la discusión antes que los ciudadanos tengan tiempo para organizarse y oponerse. El mensaje es: si lo que quieren es guerra, guerra tendrán.
En definitiva, da entre risa y rabia el mensaje de la SCD. Risa, porque un panfleto como este, con argumentos de escaso rigor técnico y apareciendo como los pobres y oprimidos me causa una mezcla de risa y repulsión, principalmente, cuando son ellos quienes han monopolizado el discurso sobre derecho de autor en los últimos quince años, un discurso anquilosado, viejo y desequilibrado, jamás cuestionándose la posibilidad de equilibrarlo con los intereses de todos nosotros.
Pretenden hablar a nombre de los autores y creadores, cuando todavía no entienden que en el siglo XXI , bienvenidos a Internet, todos somos creadores. Usted, yo y ellos. Y los intereses de Shakira, ciertamente no son nuestros intereses. Acá estaremos: armados y esperando.
Más información en ONG Derechos Digitales
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Artículo actualizado, ver al final.
La iniciativa del nuevo sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional es bien notable. De partida, es bonita. Segundo, todo el contenido está licenciado con una licencia Creative Commons. Y además tiene RSS, lo que permite enterarse casi en forma instantánea de lo que se publica diariamente.
Y gracias a la magia del RSS, nos enteramos de un horroroso artículo sobre derecho de autor, justo cuando se encuentra en plena discusión en la cámara de diputados el proyecto de ley que pretende reformar nuestra desequilibrada ley de propiedad intelectual. Nunca un peor momento.
El artículo se titula “Piratas en el nuevo milenio”, y tiene como objeto, según sus propias palabras, “La piratería crece cada año, dejando pérdidas por 200 millones de dólares para la industria, los autores y el Fisco. El Gobierno pretende combatirla con más fuerza y para ello presentó un proyecto de ley que endurece las sanciones.”
Lo más sorprendente no es que BCN diga lo que diga. Lo que llama la atención es que todo esto aparezca cuando está en plena discusión el proyecto de ley que reforma la ley de propiedad intelectual. No deja de llamar la atención que pareciera que los únicos que tienen algo que decir respecto de la “piratería” sea la industria, representada por Eduardo Castillo, el autodenominado “Zar” antipiratería, de quien ya hemos hablado anteriormente en este mismo blog y Nivia Palma, ex gerente de la Cámara Chilena del Libro y -ups, ¡sorpresa, sorpresa!- hoy directora de la DIBAM.
Todo esto sin contar que todas las cifras que se muestran son cifras que vienen de la industria.
Y ah, entérese que
Otro factor que ha impactado de manera negativa en los derechos de propiedad intelectual es la posibilidad de descargar música, películas, softwares o libros de forma gratuita desde Internet, a través de programas que permiten compartir archivos entre usuarios (también llamados redes P2P). Ello, porque las leyes para enfrentar este tipo de piratería son todavía débiles, y los gobiernos no cuentan con los recursos suficientes para combatirlo.
Y no, esto no significa que sean los usuarios los que utilizan estas redes para intercambiar, por ejemplo, distribuciones de Linux ni menos sus archivos personales. Tampoco en que pudieran intercambiar el DVDRIP del Acorazado Potemkin, felizmente en el dominio público. Menos significa que las empresas no se estén adaptando a nuevas formas de distribución de contenido en Internet. No, porque resulta que la industria del entretenimiento siempre ha estado a favor de las innovaciones tecnológicas en el sector.
Mire, con todo respeto, esto es igual de absurdo que si se hiciera un reportaje sobre la delincuencia en Chile sólo utilizando como fuente a los capos del crimen organizado.
Lo que más molesta, mis queridos amigos lectores, es que acá lo que existe es una profunda falta de respeto hacia todos nosotros, hacia todos los consumidores y ciudadanos.
Porque lo que parece querer decir el sitio de BCN (que a todo esto financiamos todos nosotros con nuestros impuestos) es que el problema de lo que ellos llaman “piratería” es un problema que sólo tiene un interlocutor válido: la industria del entretenimiento.
Señalan ellos mismos, con toda soltura:
La piratería, en todo caso, es un problema global que preocupa a los gobiernos, a los gremios de artistas, creadores y autores, y también a las empresas que distribuyen y comercializan los productos, obligándolas a reinventarse y a ofrecer nuevos servicios para mantenerse vigentes. En 2002, las ventas globales por concepto de piratería alcanzaban los 30 mil 900 millones de dólares.
Ah, claro. Es un problema global que afecta a todos, MENOS A LOS CIUDADANOS que con leyes hechas a la medida de la industria, sin excepciones y limitaciones para los usuarios y con gobiernos y legisladores que responden sin cuestionarse a las presiones de la industria, y de los titulares de derecho de autor. De los que ponen las lucas, de más está decir.
Y claro, pobre industria que además tiene la mala suerte de tener que reinventarse y ofrecer nuevos servicios para mantenerse vigentes.
Lo mismo deben haber pensado los vendedores de hielo a granel cuando a principios del siglo XX se inventó ese terrible invento llamado refrigerador o frigorífico.
Mientras todos estos sujetos lloran y rasgan vestiduras en contra de la tecnología y lo que ellos llaman piratería, hay un grupo que en lugar de patalear se dedican a descubrir y explotar las oportunidades que la misma tecnología entrega. Sí, mientras la industria llora y patalea en contra de las descargas de Internet, nosotros, los que no usamos ni pata de palo ni parche en el ojo, llenamos los estadios cuando vienen nuestros artistas favoritos.
La música, el gusto por el compartir lo que nos gusta, señores, no se va a morir por culpa de sus leyes anquilosadas. Y van a tener que aprender que, lo que necesitan, lo que les hace falta, es tener respeto por quienes hacen que vuestro negocio funcione: sí, nosotros, los piratas del siglo XXI.
Actualización:
Si usted quiere acceder al artículo de BCN que se ha criticado en este post, ya no podrá hacerlo sino a través del caché de Google.
Sí, porque BCN ha bajado el artículo en forma completa.
Desde acá esperamos que BCN recapacite y replantee el tema desde un punto de vista equilibrado y poniendo en la palestra todas las posiciones, rescatando fundamentalmente el interés público y no el interés privado de la industria del entretenimiento. Clap, clap para todos.
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Desde hace unas semanas el gobierno norteamericano ha realizado sucesivas advertencias al gobierno de Chile respecto de la necesidad de reforzar su régimen de propiedad intelectual, habida cuenta del cumplimiento de tratados de libre comercio donde los temas de derechos de autor y patentes farmacéuticas resultan ser los de mayor interés.
Distintos actores han reaccionado a la resolución de la Oficina de la Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) en torno a la calificación de Chile en la lista de observación prioritaria relativos a propiedad intelectual. Uno de los principales argumentos es que esta calificación no es sino el resultado de la falta de compromiso por parte de los organismos estatales para salvaguardar a la industria de la denominada piratería, en el supuesto que ésta ha visto un aumento considerable, especialmente con la masificación de nuevas tecnologías.
A nivel público, dicha situación ha generado diversas reacciones, siendo quizás la más relevante el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de enviar al Congreso un proyecto de ley que reforma la vetusta ley de propiedad intelectual. De dicho proyecto es posible destacar, entre otros, el aumento sustantivo de las penas, el establecimiento de mecanismos de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet y, lo más relevante desde el punto de vista ciudadano, el nuevo régimen de excepciones y limitaciones al derecho de autor.
A nivel latinoamericano es posible constatar la falta de un régimen robusto de excepciones y limitaciones, entendidas éstas como usos autorizados por la ley para ser realizados sin aprobación del titular. Se trata de una forma tradicional de equilibrar los derechos de autor para garantizar acceso. La ausencia de un sistema de excepciones es una manifestación del marcado cariz comercial que ha teñido esta regulación en el último tiempo. El proyecto presentado por el gobierno chileno plantea un cambio sustantivo a esta débil normativa para equilibrar normativamente esta situación.
El derecho de autor supone la confluencia de dos intereses distintos. El primero es el que reconoce al autor por la sola creación de la obra para que, entre otras cosas, la explote comercialmente. El segundo, los derechos que se derivan del interés público que supone esta protección, donde las excepciones o limitaciones cumplen con la función de equilibrio.
Pero existen determinadas obras que por su sola naturaleza tienen una protección diferente desde el punto de vista patrimonial, puesto que son obras que han pasado al acervo común y de alguna forma nos pertenecen a todos. Obras que es posible copiar y reproducir libremente sin necesidad de pagar derechos ni conseguir permisos. Es lo que se denomina Dominio Público, en general conformado por obras cuyos plazos de protección han vencido; además, en una gran cantidad de países incluye los documentos emanados de organismos públicos y las sentencias judiciales.
En legislación actual de Chile, los supuestos de dominio público son muy específicos y limitados, alcanzando sólo hipótesis como obras cuyo autor ha renunciado a la protección legal, obras de autor desconocido, obras expropiadas por el Estado, y fundamentalmente las obras cuyo plazo de protección se encuentra vencido. La existencia de un dominio público explica por qué, por ejemplo, es posible realizar copias y descargar de Internet El Quijote de la Mancha sin necesidad de recurrir a la Fundación Cervantes para requerir autorización. O por qué, si usted quiere realizar una adaptación cinematográfica de Macbeth o Romeo y Julieta, puede hacerlo sin requerir autorización alguna.
Pero la preocupante tendencia a la mercantilización del derecho de autor ha llevado a aumentar los supuestos y plazos de protección y las penas ante su infracción. No se explica de otra forma que en el caso chileno los plazos de protección hayan aumentado de 30 años como contemplaba la ley inicialmente, a 50 años en 1992 y a 70 años luego de la muerte del autor por requerimiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a partir de 2003. Lo anterior ha implicado, entre otras cosas, que la obra completa de la premio Nobel Gabriela Mistral aún no pase al dominio público no obstante haber pasado cincuenta años luego de su muerte, ocurrida en 1957.
El establecimiento de mayores protecciones al derecho de autor, más que proteger a los artistas y creadores, que ya han fallecido y por tanto no podrán crear nuevas obras, supone un detrimento irreversible al acervo cultural común, que pertenece a todos nosotros.
La actual ley contempla una pena absolutamente menor, marginal y por lo demás inaplicable para quien a sabiendas publique o exhiba una obra del dominio público bajo un nombre que no sea el del verdadero autor. La pena es sólo pecuniaria y sin ningún tipo de relación con las que se contemplan para la misma infracción pero para obras que están en el dominio privado, lo que se explica por la verdadera obsesión legislativa por una sobre protección de derechos patrimoniales particulares.
La propuesta de reforma propone un nuevo trato en este sentido. Clarifica en qué puede consistir la infracción, pudiendo darse tanto cuando se haga un uso de una obra que se encuentre en el dominio público bajo un nombre que no sea el del verdadero autor, como contra quien reclame derechos patrimoniales sobre ellos. La pena que contempla la ley esta vez es una pena que va entre los 3.300 a los 33.000 dólares aproximadamente.
A pesar de ser un esfuerzo consciente en torno a equilibrar los intereses comprometidos, y principalmente porque no todo se soluciona en base a penas, la propuesta de reforma en cuanto a la protección del dominio público sigue estando en deuda. Se echa de menos, por ejemplo, una norma que señale en forma expresa que las sentencias judiciales emanadas por los tribunales de justicia, o incluso las propias leyes que son publicadas en el Diario Oficial se encuentran sujetas al dominio público, como es recogido en una serie de países entre ellos Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, entre otros.
El proyecto no hace referencia alguna al régimen jurídico de las obras intelectuales que son financiadas por organismos e instituciones públicas. Dado que quien financia dichas obras (estudios, informes, programas computacionales, etc.) es el fisco, pues entonces parece en principio razonable que éstas estén en condiciones de acceso y uso libres para la población. Lo anteriormente dicho implica una discusión de largo aliento que el proyecto de ley evita promover, pero que desde el punto de vista de los derechos de acceso es fundamental.
En un contexto de mercantilización progresiva de bienes sociales, una iniciativa como la del gobierno chileno permite abrigar esperanzas en el establecimiento de un derecho de autor que responda a las necesidades de todos y en particular refleja el anhelo que la masificación de tecnología sea vista no como un eventual elemento criminal sino que como una herramienta de comunicación eficiente y vital para mantener viva la cultura y el conocimiento.
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Columna publicada por Terra Magazine edición Chile ;)
Sí, la idea fundamental salió del post que inició la saga de tres que explicarán el proyecto de ley de propiedad intelectual. Sí, Ruiz se copia a sí mismo.
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Tenía guardado el tema de la neutralidad tecnológica y de los proyectos que se han presentado en la cámara de diputados hace unas semanas atrás, tal como conversamos hace un par de episodios de Circobit.
Pero el tema ha tomado aristas particulares con la participación en la discusión del omnímodo senador Fernando Flores. Se las resumo.
Primer Acto:
Una serie de diputados presentan un par de iniciativas para ser discutidas en el Congreso, una que pretende modificar la ley del consumidor con el fin de definir qué es “banda ancha” para efectos de publicidad de acceso a Internet. La otra iniciativa, directamente conectada con la anterior, pretende consagrar el principio de Neutralidad de la Red para consumidores y usuarios de Internet. Si usted es lector habitual de esta bitácora, a estas alturas estará informado de qué se trata este concepto, y hasta habrá visto hilarantes videos al respecto.
La propuesta si bien puede ser discutida en algunos puntos particulares, es una excelente iniciativa, toda vez que pretende regular un tema tabú, como es el del traffic shapping, el bloqueo de puertos para descargas por Internet. En definitiva, el que exista una discusión como esta en Chile, desde el punto de vista de los ciudadanos y consumidores, es una gran noticia.
Segundo Acto:
Luego de la presentación de los proyectos de ley, parte de quienes estaban detrás de ambos proyectos montaron una web que denominaron Neutralidad Sí. A través de ella pretenden informar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de estas propuestas legislativas a través de información constante sobre temas relativos a la neutralidad de la red. Otra buena iniciativa.
La cosa es que el 9 de Mayo, Pepe Huerta, uno de los promotores de la iniciativa, publicó un artículo donde describe en detalle lo que pasó en un almuerzo con la Fundacion País Digital, estando presentes importantes ejecutivos de empresas de telecomunicaciones en Chile, además de parlamentarios y Senadores (entre ellos Flores), en la que se presentaron ambos proyectos de ley.
Sacó ronchas al parecer en el ambiente la cita que sacó Huerta de esta reunión, donde sostiene que Flores habría cerrado la discusión diciendo:
Creo que la discusión sobre neutralidad en la red debemos dejársela a los Estados Unidos y Europa, Chile no es potencia en desarrollo tecnológico, por lo que no tenemos pa’ que discutirlo
Rápidamente la noticia circuló por todos lados. Y, como suele suceder cuando está involucrado el senador Flores, la gran mayoría mostró malestar por su reacción, y parte de quienes pertecenen a su secta círculo y a comunidades que dependen de Flores aplaudieron (?) los balbuceos del senador por Tarapacá.
Simplemente no voy a destacar que el “equipo editor” de AtinaChile (también dependiente de Flores) haya publicado un artículo meses atrás (antes de la polémica) donde sostienen que “Por cierto este es un problema que no afecta sólo a los Estados Unidos y por ello los invitamos a estar muy atentos a lo que suceda con esto!” (sic) Welcome to the jungle, baby.
Tercer Acto:
El gurú responde. Y lo hace en su estilo: tratando de mono con navaja a su interlocutor, en este caso Huerta, que básicamente es la misma reacción que tiene contra quienes piensan distinto y lo enfrentan. Huerta responde en un largo post, y en eso estamos.
Destacable, por lo pronto, es que Flores nos presente su respuesta, como se encarga de decir, “en un podcast“. Dejando de lado que para el Senador 2.0 podcast parece ser igual a MP3-subido-a-internet, sorprende que se atreva a decir frases tan ofensivas a través de balbuceos muchas veces francamente inentendibles.
En lugar de explicar por qué cree que los proyectos de ley son malos proyectos de ley, realiza una diatriba llena de gruñidos incomprensibles donde parecen salir dos ideas:
1.- No es que le moleste el populismo de la propuesta, como señala. Que no tiene nada de populista, por lo demás. Lo que le molesta, parecer ser que es que una iniciativa como esta salga de un diputado de un partido de derecha, como Arenas, quien al parecer estructuralmente no puede hacer una propuesta positiva para el país.
2.- Chile no estaría maduro para esta discusión. El problema con este argumento es que los proyectos de ley no pretenden resolver algo que se está discutiendo a nivel macro en Washington. Lo que se pretende resolver es un problema real, de Chile, que tenemos los clientes de compañías de telecomunicaciones que nos dan un mal servicio y cobran altos precios. Un problema real, tan real como el caso Redvoiss versus Telefónica, donde la compañía de telecomunicaciones más grande de Chile pretendió echar abajo a una empresa que pretendía entregar servicios de telefonía IP. No se necesita estar maduro para enfrentar monopolios nefastos para toda la comunidad como el que presenciamos en las telecomunicaciones.
Y la buena noticia es que no necesitamos gurúes, santeros ni budas venidos de Silicon Valley para darnos cuenta y comenzar a hacer cosas en serio por nuestros derechos en Internet.
El nombre de la película, parafraseando un artículo de Hugo Mery, ya se la puso mi admirado Chabrol: “L’ ivresse du pouvoir”, o “La embriaguez del poder”.
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Tal como le prometí, querido lector, desde las calurosas tierras del norte, el equipo de esclavos que trabaja para este blog está terminando de redactar el primero de tres artículos (este es el cero, no cuenta) que desmenuzarán el famoso proyecto de ley de reforma a la ley de propiedad intelectual 17.336, y la propuesta de desmenuce, en un ataque de originalidad que todavía me sorprende, va como sigue:
En la primera parte, analizaremos el nuevo sistema de penas que le trae consigo este proyecto. Le contaremos cómo en el proyecto de reforma se aumentan las penas ante la violación de derecho de autor en más de un 4000% en algunos casos y cómo en lugar de multas, ahora el pirata amigo que vende en la cuneta podría eventualmente pasar una buena temporada encerrado.
En la segunda parte, le contaré de una de las novedades más importantes de la nueva ley: la limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet. Le contaremos por qué es una buena noticia desde el punto de vista de la neutralidad tecnológica que se intenta también regular (y que el “gurú tecnológico” número uno de Chile (?) el senador Fernando Flores acaba de basurear en una iluminación de sabiduría). Y también le diré por qué es importante desde el punto de vista de la protección de sus datos personales y de su historial de navegación.
En la tercera parte y final, nos meteremos quizás al tema más polémico de todos los que trae consigo este proyecto, las excepciones y limitaciones al derecho de autor. Le contaré cuales son las nuevas excepciones, como se protege el dominio público y le contaremos, a través de exquisitos ejemplos, por qué es importante que usted se informe respecto de lo que sus legisladores tendrán que decidir pronto y por qué le afecta a usted, en su calidad de estudiante, de profesor, de blogger, de músico o en su calidad de dueña de casa (?). En definitiva, le contaremos por qué es importante luchar por esto.
Todo esto será un esfuerzo importante, pero confiamos en que todo saldrá más claro de lo que parece. Muchas veces cuando uno balcucea la palabra “ley”, tres cuartos de la audiencia empiezan a mirar la hora y a pensar en lo que harán más rato. Esta vez a lo menos saldrá informado y le prometo que exclamará un par de “ahhh” por post.
Manténgase en sintonía ;)
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Foto por stroinski
No, todavía no tenemos acceso al texto definitivo de lo que será el proyecto de ley que se viene anunciando hace un par de semanas y que reformará la vetusta y desequilibrada ley 17.336 de propiedad intelectual.
Si usted, tanto como yo, tiene ganas de darle una mirada al dichoso proyecto, y revisa diariamente el estupendo sistema de información legislativa del Congreso Nacional (SIL), va a quedar igual que yo: Terminando de enterarse por la secreta editorial de El Mercurio que, claro, tiene sus cosas buenas como la urgencia de una búsqueda de equilibrio incluso en un tema tabú en estos tiempos como son los plazos de protección.
Pero parece insólito e impresentable que sea a través de la prensa, en este caso El Mercurio, quien nos informe de las novedades legislativas incluyendo el título del proyecto, y no sean los mecanismos formales de información ciudadana, como es el caso del SIL del Congreso.
Pero al parecer el proyecto viene bien. Al parecer trae hartas excepciones, hartas sanciones y nuevos procedimientos. Por lo que nos cuenta El Mercurio. Pero lo que le aseguro que no trae es más transparencia en el acceso a la información.
Pronto novedades. Esperamos que buenas.
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Jack Valenti fue presidente de la MPAA (Motion Picture Association of America) por más de treinta años. Como tal, se transformó en el tal vez más feroz y radical de los lobbystas a favor de una regulación de derecho de autor desequilibrada y extrema.
Bueno, ayer jueves Valenti murió.
Como buen radical y talibán, Jack Valenti defendió a muerte cosas indefendibles. Como un modesto homenaje a su aporte a la discusión sobre el derecho de autor (??), y principalmente porque el tono va a servir para analizar a los actores que discutan el nuevo proyecto de ley de reforma a nuestra ley de propiedad intelectual, les dejo con algunas citas suyas que lo hicieron famoso y su contexto. Los destacados, claro está, son de la casa.
Sobre el dominio público, 1995:
“Una obra del dominio público es una obra huérfana. Nadie es responsable por su vida. Pero cualquiera pueda explotar su uso, hasta cuando estén tan viejas y mal mantenidas que queden desprovistas de todas sus virtudes ¿Cómo podrían los consumidores beneficiarse de esta continua baja en la calidad de una película?
Y mi favorita y la más famosa, sobre los grabadores de VHS, 1983:
“Estamos enfrentando un nuevo y complicado asalto… y estamos enfrentándonos a una cosa llamada grabador de video cassette y su necesaria compañía llamada cinta virgen. Estamos sufriendo una sangrienta hemorragia, a menos que este Congreso a lo menos proteja una industria… cuyo futuro completamente depende de su protección del salvajismo y de la destrucción de esta máquina (el grabador de VHS)”
“(Algunos dicen) que el grabador de VHS es el más grande amigo que los productores de películas americanos pudieron tener. Yo digo que el grabador de VHS es para los productores de películas y para el público americano lo que el estrangulador de Boston es para las mujeres solas en casa.”
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