Hoy los actores chilenos se encuentran en movilización por el incumplimiento de la ley 20.243 por parte de los canales de TV. Me parece muy bien.
Ahora, yo me pregunto, ¿De parte de quién estaban estos mismos actores cuando se discutía respecto de los derechos del público en internet? ¿Se acuerdan?.
Señor Director,
Lo que ha sucedido con Wikileaks es probablemente uno de los problemas más importantes que ha enfrentado internet en muchos años. No sólo por la relevancia de la filtración de documentos que muestran labores diplomáticas rayanas en el espionaje ni el brutal ocultamiento de información sensible respecto de la guerra, sino a propósito de lo débil que se demuestra el ejercicio de los derechos fundamentales en el entorno en línea.
Hoy el enlace wikileaks.org no funciona producto de la repentina decisión de la empresa gestora de DNS de cancelarles el servicio. Hace un par de días Amazon dejó de prestarle servicios de hosting luego de la presión política de parlamentarios norteamericanos. En el papel, las razones de ambas empresas fue violación a los términos y condiciones de uso, contratos que pocos leemos cuando suscribimos servicios en internet. En la práctica, implicó un violento intento de acallar un discurso que se encuentra en disponible en internet.
Durante años hemos escuchado que internet es la panacea de la libertad de expresión. Pero la verdad es que hoy más que nunca existe la posibilidad de controlar y violentar los derechos humanos en internet y lo sucedido con Wikileaks es el ejemplo más radical de aquello. El desarrollo de los derechos que podemos hacer en la red, sea en nuestros blogs, en Twitter o en Facebook finalmente está condicionado a las decisiones arbitrarias de los administradores de los servicios basados en sus complejos contratos de adhesión. Esta esfera pública electrónica, en definitiva, se encuentra privatizada y a merced de decisiones de privados a veces particularmente sensibles ante las presiones políticas. Lo que nos enseña Wikileaks, entonces, es la urgente necesidad de establecer condiciones legales adecuadas para proteger no sólo la libertad de expresión sino los derechos fundamentales en internet para tener una mejor democracia.
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A pesar de las sospechas de muchos, a estas alturas nadie parece cuestionar la carencia de justificación para la guerra de Irak. Por otro lado, muchos intuían que la guerra era bastante más cruenta de lo que contaban los cables de prensa y los fríos comunicados del gobierno norteamericano, pero hoy muchos tenemos claridad respecto de muchos de los abusos que se produjeron.
La diferencia entre uno y otro caso es la forma en que llegamos a esas conclusiones. En el primero, fue a través de la falta de evidencia de armas de destrucción masiva pese a la larga ocupación militar. En el segundo, sin embargo, tuvimos certeza de la muerte de inocentes a través del filtrado de un video que mostraba un helicóptero Apache piloteado por oficiales norteamericanos masacrando civiles desarmados en Bagdad. Ese video fue filtrado, a través de fuentes secretas, por Wikileaks.
Algunos han argumentado que se trata de documentación confidencial y que los Estados tienen derecho a declarar cierta documentación secreta, pero la verdad es en principio no puede existir secretismo en los actos del Estado. Es perfectamente legítimo que el Estado declare ciertos documentos como reservados, pero la filtración de los últimos días nos ha enseñado que los criterios para tomar la decisión de ocultar información son bastante más confusos de lo que uno pudiera pensar en principio y no han tenido por objeto la seguridad del país sino ocultar serias evidencias de manipulación de la opinión pública o derechamente ocultar actividades delictivas. Actividades diplomáticas más cercanas al espionaje que a mejorar la convivencia internacional y presiones oficiales al gobierno español para cerrar investigaciones sobre torturas de Guantánamo no parecen ser razones suficientes para que dicha información no sea revelada. Como debiera ser una lección aprendida en Chile el secreto, la confidencialidad de cierta documentación, no puede jamás en una democracia ser una excusa para ocultar abusos de privilegiados agentes del Estado. En una democracia no existe la “vida privada” de los estados.
Por otro lado, existe una relación directa entre calidad de la democracia y la transparencia del actuar de los funcionarios públicos. Por cierto mucha de la documentación filtrada es información que no reviste más interés que develar ciertos fisgoneos innecesarios y la arrogancia de algunos funcionarios diplomáticos norteamericanos. Pero muchos de esos documentos también nos dan cuenta de prácticas que creíamos olvidadas, de presiones políticas a gobiernos y de abusos inaceptables. Una de las enseñanzas fundamentales es que tanto la prensa como los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que el gobierno y los organismos del Estado hacen a nombre de todos y a costa del erario público. Particularmente tenemos derecho a saber cuando los funcionarios del estado, además, han utilizado dichos recursos para mentirle a la población.
Por último, la repentina decisión de Amazon de dejar de prestar el servicio de hosting a Wikileaks debido a presiones del gobierno norteamericano devela además la fragilidad de la defensa de los derechos fundamentales en internet y demuestra el poder actual de los gobiernos por sobre el estado de derecho. Esto último, curiosamente, lo que Wikileaks parece informarle a gritos al mundo con su filtración. Wikileaks nos enseña el valor del escrutinio de los actos públicos y la importancia del control del poder. En una democracia robusta, la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información pública son herramientas fundamentales para el control del poder. El que hoy ambos conceptos sean puestos por algunos en tela de juicio para proteger ambiguos conceptos como seguridad nacional o la estabilidad internacional es el gran triunfo, y la gran enseñanza, de Wikileaks.
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