Hackear JSTOR, un homenaje a Aaron Swartz

⎯⎯⎯ Thursday, April 3, 2014

El delito de Aaron Swartz fue descargar legalmente demasiados artículos académicos, casi todos desde JSTOR. Se habla de cerca de 70 gigabytes de artículos de revistas científicas, lo que llevó a Swartz a ser acusado de una serie de delitos incluyendo fraude informático con la complicidad de la fiscalía, que actuó con ferocidad ante un caso con dudosos perjuicios comerciales para los afectados.

El artista Kenneth Goldsmith lleva un tiempo investigando las conexiones entre los volúmenes, la cantidad y lo virtual, cuando se trata de internet. Fue él quien estuvo tras el Printing out the Internet, proyecto que pretendía imprimir colaborativamente la internet (?). En estos días, un grupo de activistas en Alemania han descargado un misterioso torrent desde The Pirate Bay que, en un largo statement, dice contener más de 18 mil artículos del Philosophical Transactions of the Royal Society, en algo así como 33 gigabytes. Luego de descargado, lo están imprimiendo, para imaginarse cómo es y de alguna manera vislumbrar lo que estaba en la cabeza de Aaron Swartz. 


El mundo de los artículos académicos que nadie lee

⎯⎯⎯ Tuesday, March 25, 2014

Un estudio de la Indiana University descubrió que «hasta el 50% de los artículos académicos no son leídos por nadie más que sus autores, árbitros y editores de revistas.» Ese mismo estudio concluyó que «aproximadamente el 90% de los artículos que han sido publicados en revistas académicas jamás han sido citados». O sea, nueve de cada diez trabajos -que a menudo toman años de investigación, compilación, presentación y finalmente ser publicados, y son la principal evaluación de un investigador- contribuyen muy poco a la conversación académica.

(Via @apalet)


Acerca de los refritos de los ochenta

⎯⎯⎯ Sunday, March 16, 2014

De hecho, ha sido tan explotado que ya nos hemos quitado todas las manías y hemos y podemos canibalizar a A-Ha, Hall & Oates, el Tango in the night de Fleetwood Mac o incluso alguna aventura en solitario de Sting. Lo que entonces era asquerosamente maduro, hoy es melancólico. Lo que antes era música para yuppies, hoy es pop para listillos. Primero era irónico y no hacía gracia. Ahora se presenta sin máscara, ni coartada intelectual, ni nada que se le parezca. De aquí a poco, si seguimos a este ritmo, celebraremos el legado de Shania Twain y no se nos escapará ni media sonrisa.

Xavi Sancho de El País, reflexionando de estos refritos ochentenos a los que nos hemos tenido que acostumbrar en estos últimos años, a propósito del estupendo disco nuevo de Broken Bells. 


Sobre el cierre de Feria Mix y su conexión con la cultura de la piratería

⎯⎯⎯ Monday, February 3, 2014

En una carta publicada en El Mercurio, el abogado Rodrigo León (representante de HBO en el caso Cuevana) lamentó el cierre de Feria Mix, lo que, según él, se explicaría por un cambio en el mercado y, fundamentalmente, por un “mal endémico” que sufriríamos los chilenos, al fomentar la piratería y el irrespeto a la propiedad intelectual. De no cambiar esta cultura, concluye León, seguirán desapareciendo empresas que dan trabajo en Chile.

Afortunadamente, la realidad indica algo distinto a los radicales augurios del señor León. Para efectos del argumento, uno podría compartir el supuesto de que la piratería ha aumentado radicalmente en el último tiempo. Pero vamos a los datos empíricos: en los últimos cinco años, y de acuerdo a las cifras de la Cámara de Distribuidores Cinematográficos, el público asistente a salas de cine en Chile pasó de 11,5 millones de personas al año en 2007 a 20,1 millones de personas, el año 2012. Desde el punto de vista de la recaudación de derechos de ejecución, la Sociedad Chilena de Derechos de Autor ha pasado de recolectar 7.2 mil millones de pesos a 12.4 mil millones de pesos en 2012.

Tampoco parece tener mayor sustento indicar que existe en Chile una cultura de fomento a la piratería. Al analizar las estadísticas de condenas por delitos de propiedad intelectual, nos encontramos con que nuestros tribunales abren cerca de seis mil causas al año, con más de dos mil condenados cada 365 días. En países como México, o incluso Estados Unidos, el número de condenados no supera los cincuenta al año.

Más que una cultura de piratería, lo que parece existir en Chile es una agresiva cultura de persecución criminal en materia de propiedad intelectual y una proliferación de argumentos basados en presunciones erradas. La construcción de políticas públicas, entonces, debiera partir de consideraciones culturales amplias antes que de prejuicios.

Claudio Ruiz, director ejecutivo ONG Derechos Digitales.

José Huerta, director ejecutivo ONG Cívico.


¿Perspectivas públicas sobre la propiedad intelectual? Reflexiones sobre la escuela de verano INAPI – OMPI

⎯⎯⎯ Monday, January 20, 2014

En octubre de 2013, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) anunció que durante el mes de enero se realizaría la versión chilena del “Summer School on Intellectual Property”, un curso de verano impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en conjunto con aliados locales en distintas partes del mundo. Se trata de un curso pagado de diez días, que busca entregar herramientas a jóvenes profesionales, para profundizar sus conocimientos sobre propiedad intelectual. Una parte de las clases se dictará en INAPI y las restantes en la sede de una universidad privada en Viña del Mar.

Pero recién hoy, a tres días de comenzar, se ha hecho público el programa del curso. Y es, a todas luces, sorprendente.

El de la OMPI es un curso modular, que comparte currículum con otros programas similares que se han dictado alrededor del mundo. En él se incluyen aspectos generales y algo más específicos sobre propiedad intelectual, divididos en seis secciones, que van desde derechos de autor y conexos, hasta reflexiones sobre los desafíos del futuro, con un marcado acento en aspectos comerciales, en protección y en observancia.

Las referencias a aspectos vinculados con acceso son escasas y más bien oblicuas. De los 36 módulos en que consiste el curso, solo en dos ‘estudios de casos’ aparecen referencias más o menos directas, a aspectos clave, como son dominio público y salud pública. INAPI aparentemente ha decidido que es innecesario discutir respecto a los derechos de los usuarios y los desafíos del derecho de autor en el contexto digital, o realizar un análisis consistente de excepciones y limitaciones en favor de bibliotecas, discapacitados y público en general.

Pero lo que resulta más llamativo es la composición de los conferencistas invitados a dictar los módulos del curso: a pesar de estar coorganizado por ellos, solo hay un funcionario de la OMPI y un solo académico (de la UC Davis). En su mayoría se trata de abogados pertenecientes a connotados estudios jurídicos privados.

Curso inapi

Como se aprecia en el gráfico, la mayoría de los expositores son abogados privados, vinculados a connotados estudios jurídicos Como se aprecia en el gráfico, la mayoría de los expositores son abogados privados, vinculados a connotados estudios jurídicos. Haz clic en la imagen para agrandarla.[/caption]

Mientras INAPI cuenta con casi el 26% de los relatores, los estudios privados representan un ilustrativo 48%. Es decir, en un curso organizado por un servicio público, casi la mitad de sus contenidos son dictados por abogados privados, clientes del sistema registral que administra INAPI, y por cierto, especialmente interesados en la promoción de un modelo de propiedad intelectual acorde a los intereses comerciales de los clientes que representan en sus horas laborales, como las grandes empresas de software y la industria cinematográfica.

INAPI es de los pocos servicios públicos en Chile que tienen competencias exclusivas en materia de propiedad intelectual; y en su calidad de registro, los estudios de abogados son sus mejores clientes. Es probable que sea INAPI quien asesora e informa al Gobierno en la toma de decisiones en materia de PI en TPP, y han sido explícitos en sostener la necesidad de una nueva institucionalidad de propiedad intelectual, que incorpore la gestión de derechos de autor. En este contexto, no solo es preocupante, sino también ilustrativa, la grave e inexplicable cooptación de iniciativas como este “Summer School” por parte de sus clientes privados, sin que exista equilibrio en los contenidos, ni prudencia respecto de los expositores invitados.

Las críticas son muchas. Primero, una actividad que se realiza (al menos parcialmente) con fondos del Estado, debiera considerar mayores cuotas de apertura y participación a los distintos actores, públicos y privados, involucrados en la toma de decisiones en materia de derechos de autor en el país, y no solamente a los vinculados a un puñado de industrias. Segundo, el énfasis comercial del programa y sus relatores parece desconocer no solamente el interés público comprometido, sino también el rol del Estado en la construcción de un sistema de propiedad intelectual útil a toda la sociedad. Por último, no resulta aceptable que INAPI, a través de esta colaboración con OMPI, tome partido por una visión parcial, sesgada y poco equilibrada de la propiedad intelectual.

Una discusión seria sobre estas materias al menos espera una postura imparcial por parte de un servicio público como INAPI. Y, lamentablemente, no parece ser el caso.


El problema de los ciclistas

⎯⎯⎯ Tuesday, January 14, 2014

Desde hace más de cinco años tengo la suerte de vivir a una distancia razonable de mi lugar de trabajo y puedo ir y venir en bicicleta. Luego de muchos años pasando dos horas diarias en micros llenas de gente camino a La Florida, vivir cerca de mi trabajo era una prioridad. La misma bicicleta me acompañó todos estos años y recién hace un par de meses la renové por otra single speed (bicicleta sin cambios, solo una velocidad), que me permite circular con tranquilidad por los cinco kilómetros y medio que me separan de la oficina.

Pese a lo que algunos puedan decir, transitar en bicicleta por Santiago es una actividad peligrosa. A diferencia de modélicas ciudades del norte de Europa, en Santiago no sólo no hay una cultura asociada a un respeto mínimo a quien circula por la calle impulsado a través del esfuerzo de su cuerpo, sino que nuestras calles tienen hoyos, hay rejas de desagüe imprudentes y las micros y su trayectoria bipolar son un estímulo a circular con todos los sentidos puestos en la vía. Los taxis que doblan a la derecha sin señalizar, las puertas de los autos que se abren intempestivamente y las micros que adelantan para luego detenerse en el paradero que está a 10 metros más adelante son también obstáculos que desincentivan el uso de la bicicleta. Si me preguntan a mi, el mayor problema es la ridícula velocidad a la que circulan los automóviles en Santiago, siendo la excepción que lo hagan a 60 km/h, haciendo arriesgado circular por la calle y han hecho aparecer, así, a los criticados ciclistas de vereda

Pero el problema en la calle son también los ciclistas.

Los ciclistas no usan casco. En Chile, más allá de las discusiones filosóficas que tanto le gusta a los amigos ciclistas, usar el casco es obligatorio para quienes circulan en zonas urbanas. Es incómodo, es caluroso, es una lata, es cierto. Pero también es cierto que, al menos a mi, en el único accidente que he tenido -que fue en una espantosa ciclovía- básicamente me salvó la vida. No estoy tratando de hacer de mi experiencia personal una regla a seguir, pero circular sin casco por las calles de Santiago -que lamentablemente parece ser la regla, particularmente en los recién llegados- es una irresponsabilidad juvenil, una pataleta adolescente demasiado arriesgada. 

Los ciclistas no usan luces. Usar luces es atadoso también. Hay que sacarlas cada vez que uno se estaciona, son feas y casi todas usan pilas. Y hay que conseguir pilas. Es alarmante el número de ciclistas que no usan luces. Lo he visto circulando yo mismo en bici o manejando el auto. Honestamente, ¿Habrá alguna buena razón para circular en bicicleta por la noche sin luces que te hagan visible para automovilistas que suelen circular a exceso de velocidad? No. 

Los ciclistas no respetan a los automóviles. Circular por la calle, ser tráfico, supone también comportarse como un vehículo. Respetar la señalización, respetar los semáforos, respetar a los peatones y respetar a los compañeros ciclistas. Lamentablemente, esto no suele pasar. Usualmente, y cuando digo esto pienso en todos-los-días, veo ciclistas bajando por Avenida Bilbao a toda velocidad haciendo slalom a través de las pistas de los autos ni respetando los semáforos. Adelantando a bicicletas que te han adelantado algunos metros atrás, usando la pista de la derecha y luego la de la izquierda sin motivo aparente y subiéndose a la vereda cuando los requerimientos del tráfico así lo indican. 

Sí, la culpa no es sólo de los ciclistas y es fácil echarle la culpa al resto -que vaya que en este caso tienen harto de culpa- pero hasta que no construyamos una cultura de respeto por las reglas del tránsito, y por el respeto al que va al lado tuyo, circular por Santiago va a seguir siendo no sólo peligroso sino patrimonio exclusivo de quienes circulan en vehículos a motor. El problema también somos nosotros. 


Los mejores discos del 2013

⎯⎯⎯ Monday, December 23, 2013

Suuns - images du futur

En parte por estar dos veces a la semana en la radio Zero presentando música nueva —y buena, al menos según los eclécticos estándares de Boris Orellana y el suscrito-, y en parte por esa necesidad inexplicable y absurda de escuchar casi todo lo que pasa por delante, este año nuevamente ha sido un año de excesos, al menos en lo que se refiere a mi consumo personal de discos. 

Un año que nos intentó llevar a la fuerza a principios de los ochenta, como si la película de Michael Mann no hubiera ya cerrado la puerta por dentro a la estética flúor y a la velocidad hedonista. Discos como el de Blood Orange (alter ego de Dev Hynes aka Lightspeed Champion), Rhye o The Weeknd muestran que esa nostalgia moralista de la que hablaba Simon Reynolds estaba allí, agazapada esperando  engatusar al crítico musical de turno, ávido de novedad (vaya paradoja) y de re-descubrir lo ya descubierto. Una cosa es hacer el nuevo Funeral, otra muy distinta husmear entre líneas la fórmula del éxito. 

Estos son mis veinte favoritos del año.

      1. Suuns – Images du futur
      2. Bill Callahan – Dream river
      3. My Bloody Valentine – m b v
      4. Nick Cave and the bad seeds – Push The Sky Away
      5. Of Montreal – Lousy with Sylvianbriar
      6. Suede – Bloodsports
      7. John Grant – Pale Green Ghost
      8. Run the Jewels – Run the Jewels
      9. Kurt Vile – Wakin On A Pretty Daze
      10. Phosphorescent – Muchacho
      11. Low – The invisible way
      12. Mutual Benefit – Love’s crushing diamond
      13. William Onyeabor – Who is William Onyeabor?
      14. Atom TM – Atom TM
      15. Eleanor Friedberger – Personal Record
      16. Fármacos – Los días más largos
      17. Cate le bon – Mug museum
      18. Yo La Tengo – Fade
      19. Arcade Fire – Reflektor
      20. Franz Ferdinand – Right thoughts, right words, right action

Otros que me gustaron y quedaron fuera:

Matías Aguayo – The Visitor
Chvrches – The Bones Of What You Belive
Edwyn Collins – Understated
Foxygen – We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic
Emiliana Torrini – Tookah
RJD2 – More is than isn’t
Baths – Obsidian
Volcano Choir – Repave
Alex & Daniel – Alex & Daniel
Amor de días – The house at sea
M.I.A., “Matangi”
Jagwar Ma – Howlin
Tus amigos nuevos – no sí son

(ver ediciones 2005200620072008200920102011 y 2012).


Una foto con Obama excesivamente cara

⎯⎯⎯ Friday, December 13, 2013

Estos días son críticos para el futuro del TPP, al menos a nivel internacional. Como es sabido, los ministros de comercio de los países que negocian el Acuerdo Transpacífico se encuentran reunidos en Singapur, con el fin de cerrar políticamente todo aquello que los negociadores técnicos no han podido, en más de tres años de negociaciones.

Las dudas respecto de la transparencia del proceso y los graves perjuicios que el TPP traerá a las economías en vías de desarrollo -como la chilena- siguen presentes y no parecen resolverse, pese a la gran presión que existe en la comunidad internacional.

Durante los últimos días, una nueva filtración ha levantado las alarmas de la prensa mundial. Un par de documentos de trabajo, que parecen ser posteriores a la última ronda técnica en Salt Lake City, se han hecho públicos. A diferencia de los “leaks” anteriores, se trata de apuntes y no de documentos oficiales, pero en ellos puede verse la gran cantidad de desacuerdos que aún persisten en los capítulos más problemáticos del TPP, incluyendo propiedad intelectual.

Algún observador ocasional podría llamar a la calma, al notar lo lejos que parecen estar las negociaciones de llegar a puerto. La verdad parece ser que, con cada día que pasa, los países tienen menos margen de maniobra.

La presión de Estados Unidos es manifiesta en los documentos filtrados y, junto a la información anteriormente revelada, dan cuenta de un cambio dramático en la estrategia norteamericana, que través de la presión externa a los equipos negociadores, pretende llegar a acuerdos imposibles de alcanzar de otro modo. Básicamente, los documentos ilustran cómo el TPP no es tanto un acuerdo comercial, como una gran imposición de las economías desarrolladas a los países más pobres.

Adicionalmente, los documentos entregan pequeñas luces sobre el polémico y (quizás por lo mismo) poco estudiado capítulo denominado ISDS (Investor-State Dispute Settlement, o solución de controversias inversionistas-Estado). En dicho capítulo- que regula el sistema de disputas donde inversionistas extranjeros pueden demandar a los países del tratado en un tribunal internacional- se pretende ampliar las definiciones de “inversiones” y de “acuerdos de inversión” socavando la soberanía regulatoria de los países.

No son los Estados parte los que promueven estas demandas por incumplimientos supuestos de los términos de un tratado, sino que los privados. Actualmente, dichos ISDS existen en algunos acuerdos comerciales, con consecuencias muy favorables para los intereses de determinadas industrias. Sin ir más lejos, la tabacalera Phillip Morris demandó a Australia en 2011 por establecer por ley una norma de etiquetado de cigarrillos, para prevenir enfermedades en los consumidores.

La ampliación de los criterios para este tipo de resoluciones no será sino un obstáculo adicional para que nuestros países tomen mejores soluciones regulatorias en el futuro, en temas tales como minería o concesiones de obras públicas, entre otros.

Los documentos filtrados confirman además un secreto a voces entre quienes han seguido las negociaciones durante los últimos años: se habría acordado entregar minutas a los ministros, donde cada uno de los temas más polémicos y sensibles quedaría reducido a un par de opciones. Las largas negociaciones técnicas se convierten así en un juego infantil, al ritmo de los intereses corporativos.

Es tragicómico pensar en cómo un tratado tan ambicioso como el TPP, termina siendo negociado en una sala cerrada, donde representantes políticos resuelven asuntos sensibles a espaldas del Congreso, a espaldas de la gente e incluso, en el caso de Chile, a espaldas de la realidad política, que indica que el Presidente Sebastián Piñera dejará La Moneda en cosa de meses.

Michelle Bachelet ha señalado públicamente su preocupación por la velocidad de las negociaciones, mientras que el Congreso ha planteado la necesidad de detenerlas y abrir un proceso de participación. ¿Y el Gobierno? En silencio. Más que estar preocupados del futuro regulatorio, parecen estar preocupados de la fotografía con Obama. Una fotografía excesivamente cara.

 

Columna publicada en Derechos Digitales.


¿Está muerta la privacidad?

⎯⎯⎯ Monday, November 25, 2013

A fines de 2012 desde la Fundación Comunica y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC) me invitaron a coordinar una mesa de trabajo relativa a privacidad en el marco de la Cuarta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. 

Esta mesa de trabajo era parte de un esfuerzo un poco más grande de análisis desde la sociedad civil de aspectos a tomar en cuenta por nuestras autoridades en el marco de la larguísima discusión en torno a la sociedad de la información. 

A la mesa invitamos a Carlos Gregorio, a Beatriz Busaniche de Vía Libre, a Katitza Rodríguez de EFF y a Ramiro Álvarez de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Todos aportaron tanto en su presencia como por escrito sus reflexiones sobre la regulación y los desafíos regulatorios de la privacidad en la era de internet (previo a las revelaciones de Snowden). El documento es rico y trata una serie de temas de interés. La fundación Comunica ha decidido editarlo en libro y puede descargarse gratuitamente desde su web o bien comprarse en Amazon en formato Kindle

A continuación es la reflexión que preparé para el encuentro.

Propuestas para una reflexión crítica sobre la protección de la privacidad en la era de internet

Internet ha cambiado la forma en que nos comunicamos, interactuamos, accedemos a la cultura y a la información. Ha cambiado, de buena forma, la manera en la que nos enfrentamos al mundo. Estos cambios, que en muchos casos supone buenas noticias (acceso, conectividad, inmediatez), en otros casos supone conflictos y problemas desde la óptica de los derechos. Particularmente, serán las formas tradicionales de entender y tratar los derechos de propiedad intelectual y los derechos vinculados con la privacidad las más afectadas con estas nuevas dinámicas y prácticas derivadas de las nuevas tecnologías.

En el caso de los derechos vinculados a la vida privada, la masificación de las nuevas tecnologías ha supuesto la renovación de antiguas preguntas y la aparición de otras nuevas, vinculadas básicamente a las nuevas posibilidades relativas al tratamiento de información personal de los ciudadanos a través de estas plataformas. Mientras en un principio los derechos relacionados con la privacidad parecían verse agotados con el asegurar el derecho a estar solo o a la no intrusión del Estado, la emergencia de las tecnologías de la información parecen enfrentarnos a antiguas preguntas sobre al alcance de lo privado, pero también a otras nuevas, relativas al consentimiento para el procesamiento de información personal por terceros o a los grises contornos del derecho constitucional a la vida privada. Tanto así que algunos son reacios a utilizar incluso el concepto de ‘privacidad’ por considerarlo un anglicismo inaceptable, prefiriendo usar ‘vida privada’ o intimidad (que suelen utilizar los textos constitucionales de la región) para hacer referencia a aquellas áreas distintas de lo público.

Así por ejemplo, la masificación de las denominadas redes sociales debe ser uno de los desafíos más importantes que ha enfrentado la privacidad en los últimos años. En la era pre-digital existían una serie de prácticas que se encontraban confinadas al núcleo familiar o bien a un círculo delimitado de confianza, como compartir recuerdos o hablar de sus relaciones sociales. Las plataformas sociales han cambiado la forma en que dichas prácticas se reproducen, donde ya no parecen ser solamente dentro aquellos espacios de confianza donde se expresan, sino que esta vez también se alrededor de grupos con intereses colectivos, donde a través de las prácticas -y no necesariamente lo que establece la ley- dichos contornos se hacen cada vez más difusos.

Adicionalmente, acuerdos regionales o bilaterales de comercio han supuesto otro cambio en la forma en que enfrentamos la privacidad desde el punto de vista normativo, especialmente en el manejo de los datos personales. Latinoamérica, desde esta perspectiva de análisis, ha sido campo fértil para la experimentación y para la adaptación de esquemas normativos foráneos, sea a través de la adopción como propios de los criterios europeos, sea a través de la aceptación de estándares más difusos, como los de Estados Unidos. La privacidad en la región es más bien un concepto lleno de espacios, grietas y rendijas que ha permeado toda clase de abusos y de pereza legislativa. El resultado final es un estándar insuficiente de protección y, lo que es aún más grave, la carencia de una reflexión respecto de los aspectos más problemáticos de la privacidad en el siglo veintiuno desde la región.

Dada esta masificación de estas prácticas, ¿será que la privacidad como la conocemos se encuentra en fase terminal? ¿Será que debemos abandonar la idea de un derecho a la vida privada, reformular el concepto, o bien dedicarnos a abordar los nuevos riesgos que enfrenta? ¿Será que los derechos vinculados al tratamiento de información personal por parte de terceros debieran ser reconceptualizados a la luz de los cambios paradigmáticos de las nuevas tecnologías? ¿Será que es hora de hablar de nuevos conceptos e inventar nuevas asociaciones para saber qué es necesario proteger? ¿O será que los instrumentos internacionales de derechos humanos nos pueden dar pistas y orientaciones para hacer este análisis crítico sobre la privacidad en la era de internet?

Por cierto estas no son las únicas preguntas que vale la pena hacerse cuando se trata del tratamiento de información personal. No solo a través de prácticas de privados, sino fundamentalmente también a partir de políticas elaboradas por organismos del estado es que los derechos vinculados a la privacidad se ven en constante amenaza. Las nuevas tecnologías y su masificación han supuesto cambios importantes en la manera en la que nuestros derechos fundamentales son entendidos. Estos cambios han supuesto también cambios en los modelos de vigilancia, que en principio estaban pensados para reducir la comisión de delitos y, en general, derivados de requerimientos de seguridad, últimamente se ha convertido en un fantastma omnipresente, haciendo de la vigilancia estatal y privada algo así como un costo de la vida moderna. Así, respecto de la privacidad cabe una gran paradoja. Por un lado es de aquellos derechos fundamentales con orígenes claros en su reacción ante los abusos de las prácticas monárquicas, como una construcción primigenia de derechos de tipo civil de no intromisión en aquellas cosas privadas. Como un escudo frente a los abusos de la autoridad. Pero por otro, en nuestra vida moderna los requerimientos derivados de la protección de la privacidad parecen difíciles de asir para buena parte de la población. Además de ser un costo de la vida moderna, y a diferencia de otros derechos, los peligros de la falta de protección de nuestra vida privada son difusos, grises y de difícil definición, básicamente por su propia naturaleza. ¿Por qué ocultar cosas si es que no tengo nada que ocultar?

Adicionalmente, dos elementos son de especial preocupación cuando hablamos de la privacidad en el siglo veintiuno. En primer lugar, y como se señalase con anterioridad, los esfuerzos normativos de los países de la región han sido más bien erráticos y, en general, no son más que remedos de soluciones normativas parciales llevadas a cabo en otras partes del mundo. La adopción de dichos estándares normativos responden por un lado a ciertos requerimientos a los países del sur por parte de economías más desarrolladas en torno a lógicas del libre comercio, pero también suelen responder a factores relativos a la generación de economías de escala y a la creación de empleos y necesidad de configurar un modelo amistoso para la inversión extranjera. Así las cosas, países como Argentina, pero fundamentalmente Chile, son pradigmas de unos intentos normativos que pretendido establecer mejores condiciones de inversión y generación de empleos de industrias basadas en el tratamiento interfronterizo de datos, particularmente, de inversionistas europeos, que requieren de una estructura normativa acorde cuando se trata de tratamineto de datos de ciudadanos europeos antes de tomar la decisión de invertir. Así, los requerimientos, prácticas e intereses de los ciudadanos locales de ver merjorada su protección de datos personales en un ambiente hostil para la privacidad como son las nuevas tecnologías, son sólo requerimientos de segundo nivel.

Las nuevas tecnologías han supuesto, además, la creación de nuevas prácticas en nuestra interacción con estos implementos, particularmente cuando se trata de medios digitales. La reacción del Estado, como hemos visto, es particularmente errática y se balancea entre la inacción y la sobre reacción normativa, por cierto no obteniendo resultados esperanzadores desde la óptica de los derechos, al final. En este contexto, dichas prácticas que, como indicábamos, ha hecho bajar ostensiblemente los costos de transacción en el intercambio de información, también suponen desafíos esta vez no solo normativos sino también de educación y de comprensión de los efectos que tienen esas prácticas en el ejercicio de derechos que, en el mundo pre-digital, parecían un poco más concretos, un poco más presentes. Así, ambas preocupaciones en definitiva tienen mucho que ver con el rol que debiera jugar el Estado. Al menos en un triple sentido. Primeramente, asegurando un marco normativo adecuado que esté pensando en los ciudadanos y el resguardo de sus derechos en un entorno hostil para la privacidad, recopilando y orientando políticas de prevención de riesgos cuando se trata de intercambio de información personal. Segundo, educando respecto no solo de los beneficios que, como veremos, se tornan cada vez más concretos y palpables, sino fundamentalmente de los riesgos que supone este intercambio de información facilitado por las herramientas derivadas de estas nuevas tecnologías. En tercer lugar, masificar buenas prácticas derivadas del uso de herramientas sociales y relativas a la entrega de información personal a compañías que, por lo demás, están interesadas en dicha información como base de un modelo de negocios que descansa en la personalización de la publicidad. Lamentablemente, a la luz de las prácticas existentes en la actualidad, la respuesta en general de las instituciones públicas distan de dicho estándar.

Y no sólo eso. En latinoamérica, como se verá, esta tensión entre la protección de los derechos y el errático rol del Estado ha tomado una dimensión un poco más compleja, si se quiere. Prácticas vinculadas con la videovigilancia promovida bajo la cortina de la lucha contra el delito o bien derivadas de la necesidad de controlar ciertos flujos como información biométrica o información derivada del transporte de los ciudadanos, han aparecido en los últimos años como nuevas amenazas para la privacidad de en la región. Si a esto se le suma lo dicho con anterioridad respecto de la escasa efectividad de la aún precaria protección normativa, nos hace ver un paisaje algo desalentador para el futuro de la privacidad en la región.

En relación a lo anterior, y como se verá, algunos parecen esgrimir como solución el establecimiento de protocolos especiales y privados para la gestión de la información personal cuando se trata de medios digitales. Sin duda alguna dichas medidas reducen de manera sustantiva los riesgos de filtración y vigilancia respecto de información que de otra manera circula con cierta libertad a través de las redes, pero no parecen ser una respuesta adecuada a un problema de carácter público. Dichas soluciones suelen ser la salida para el ciudadano avezado y con conocimientos técnicos y, por lo mismo, tiene alcances demasiado restringidos. Problemas de carácter público debieran ser más bien enfrentados a través de una batería de medidas que partan de la base del establecimiento de una plataforma normativa adecuada y progresista, pero que vaya de la mano con políticas públicas eficaces, como se ha indicado más arriba.

Adicionalmente, en la región queda abierta la discusión respecto de *cómo* debiera ser una apuesta normativa progresista y liberal que haga frente a estos problemas. Obviamente no existen fórmulas y, las que existen, carecen del carácter contextual que debiera gozar una respuesta fuerte desde la óptica de los derechos, no respondiendo necesariamente a las prácticas que hemos indicado y que, en muchos, casos tienen un fuerte carácter socio cultural. Probablemente una orientación para esta normativa podría estar dada por la vinculación de la protección de la privacidad con otros derechos fundamentales. No es casual que, sea de la mano de la jurisprudencia en ciertos casos o en otros derechamente de una apuesta regulatoria de nivel constitucional, en muchas ocasiones se destaque la relación existente entre la protección de la privacidad y la libertad de expresión, en el sentido de ser la primera en ciertas circunstancias una expresión de la segunda. Así, por ejemplo, la dimensión de la protección de los datos personales entendidos como un presupuesto de la autodeterminación informativa, configura un derecho fundamental complejo que comparte muchos de los fundamentos de la libertad de expresión, siendo de alguna manera también presupuesto de una sociedad basada en principios democráticos robustos.

Otro de los desafíos de la protección de la vida privada vis a vis los datos personales tiene que ver con un aspecto ya tratado anteriormente relativo a las prácticas. En reiteradas ocasiones se argumentan estas novedades a partir de los beneficios concretos y palpables que podemos -y *es deseable*- recibir, siendo por tanto las vulneraciones a nuestra vida privada nada más que costos de ser aprte de una sociedad moderna. Quizás una forma de comenzar a responder a las preguntas presentadas con anterioridad sea configurando también cuales son los desafíos que *concretamente* suponen estas vulneraciones a la vida privada. Evaluar, entonces, los peligros eventuales con los beneficios concretos parece ser un buen punto de partida.

Talvez las pistas para responder a las preguntas presentadas estén dadas por las apuestas normativas a las que Latinoamérica se ha visto expuesta. Talvez podemos encontrar otras pistas en las dinámicas y en las prácticas locales y en las reflexiones a partir de esas prácticas. Si el concepto de privacidad, al menos como la entendíamos antaño, está muerto o debe ser reconceptualizado, el punto de partida hacia una respuesta quizás se encuentre en tales prácticas como también en la forma en que lo hemos entendido en cada país y en la región a la luz del desarrollo de los derechos fundamentales.


Se filtró el texto de TPP. Esto dice.

⎯⎯⎯ Wednesday, November 13, 2013

tpp_secreto

Wikileaks hoy ha filtrado el capítulo de propiedad intelectual, probablemente el más polémico del Trans-Pacific Partnership (TPP). El TPP ha estado sujeto a estándares inéditos de secretismo que han hecho imposible el escrutinio público de lo que nuestros países se están comprometiendo. Bueno, hasta ahora. 

ONG Derechos Digitales en colaboración con Wikileaks tuvo acceso privilegiado al texto y de esta manera entregar contexto y análisis a un capítulo complejo, lleno de detalles, fisuras y problemas. No voy a repetir lo que ya hemos publicado (y seguiremos publicando) en detalle en la web de ONG Derechos Digitales. Pero quería aprovechar de compilar acá, sin ánimo de ser exhaustivo porque la noticia está en pleno desarrollo, los análisis que ya se han publicado en exclusiva alrededor del mundo. 

Análisis de Derechos Digitales:

- Todo lo que tienes que saber sobre el TPP. (Claudio Ruiz)

El TPP incrementará costos y aumentará la inefectividad del Sistema Penal. (Alberto Cerda)

El TPP es una renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. (Francisco Vera)

El capítulo sobre Propiedad Intelectual del TPP: las polémicas persisten(Juan Carlos Lara)

Análisis TPPPlazos de protección. Por Juan Carlos Lara, director de contenidos de ONG Derechos Digitales.

Análisis TPPMedidas tecnológicas de protección. (Juan Carlos Lara)

Análisis TPPNuevo derecho de importación(Juan Carlos Lara)

Análisis TPPMedidas civiles e indemnizaciones(Juan Carlos Lara)

El TPP empeorará protección de la vida privada en Internet. (Alberto Cerda)

Análisis de CIPER:

- Nueva filtración devela los alcances de la negociación del tratado secreto TPP.

Análisis de La Jornada (México):

El gobierno mexicano negocia un acuerdo que limitaría la libertad de acceso a Internet.

Análisis de KEI:

KEI analysis of Wikileaks leak of TPP IPR text (inglés).

Análisis de Public Citizen:

Factsheet: How the TPP Endangers Access to Medicines (inglés).